La iniciativa, defendida en el pleno por el diputado socialista Francisco Toajas, sitúa el foco en el reparto de responsabilidades entre administraciones ante la presión migratoria que soporta la ciudad autónoma. El PSOE reclama a las comunidades que se han resistido a los acuerdos de distribución de menores que asuman lo que la formación define como una «responsabilidad de Estado».
Toajas puso en valor durante su intervención el trabajo de los servicios públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades sociales y los voluntarios que operan sobre el terreno en Ceuta. El diputado defendió una respuesta institucional basada en unos principios que enunció así.
«El sentido de Estado, la legalidad y los derechos humanos», defendió Francisco Toajas, diputado del PSOE, como los ejes que deben guiar la respuesta a la situación en Ceuta.
El texto aprobado por la corporación provincial destaca además la movilización por parte del Gobierno de un paquete extraordinario de ayudas de 309 millones de euros, dirigido a reforzar los servicios públicos y la actividad económica de la ciudad autónoma. La Diputación emplea esa cifra como argumento para reclamar un esfuerzo equivalente a las comunidades que no participan en los mecanismos de reparto de menores.
El acuerdo incorpora también un pronunciamiento sobre el marco legal de la acogida, al sostener que «el interés superior del menor constituye una obligación para las administraciones y no una cuestión que pueda quedar sometida al debate ideológico». Ese principio remite a la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 y a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, que la Diputación invoca como obligación por encima de la posición política de cada autonomía. La corporación acordó igualmente condenar los discursos que, a su juicio, puedan alimentar el odio, el alarmismo o la discriminación.
Dos iniciativas rechazadas en el mismo pleno
El PP y Vox presentaron sendas propuestas alternativas sobre la situación en Ceuta, ninguna de las cuales prosperó. La iniciativa popular fue rechazada con los votos en contra de PSOE y Con Andalucía, mientras que la de Vox no salió adelante al sumar la oposición de los mismos grupos y la abstención del PP. El reparto de menores no acompañados entre territorios ha tensionado a las administraciones desde la crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta en pocos días, entre ellas centenares de menores cuya tutela se disputó entre la ciudad autónoma y el resto de comunidades.
El acuerdo adoptado por el pleno sevillano será remitido a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias, con el propósito de trasladar formalmente la posición de la Diputación sobre el reparto de menores y la respuesta institucional ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.
