"Esto no allana volver con el PSOE"
La cúpula de Junts descartó, según la reconstrucción de El Mundo, traducir la sentencia en un gesto de acercamiento a los socialistas. "Esto no allana volver con el PSOE. Que cumpla con los catalanes o se vaya", trasladó la dirección independentista en la formulación El mensaje busca despojar al Ejecutivo de cualquier rédito político derivado del fallo y mantener la presión sobre Sánchez para que satisfaga otras demandas que Junts considera incumplidas.
La formación defendió que la resolución no es un favor del Gobierno, sino el resultado de su propia presión: "Esta sentencia no llega gracias al PSOE, sino por nuestra persistencia", sostuvo la dirección, siempre Con esa lectura, los posconvergentes desligan el resultado judicial de la agenda parlamentaria de la legislatura y refuerzan su perfil de exigencia frente a Moncloa.
Una relación transaccional deteriorada
El posicionamiento se produce en un momento en que la relación entre los posconvergentes y el PSOE arrastra meses de deterioro, con rupturas puntuales de la disciplina de voto y el desgaste de una legislatura sostenida sobre mayorías exiguas. La ley de amnistía ha sido el eje central de esa relación desde el pacto de investidura firmado en Bruselas en noviembre de 2023, cuando Junts condicionó su apoyo a Sánchez a una batería de compromisos que incluían avances en financiación autonómica, el traspaso de competencias en inmigración y la propia amnistía.
Ese acuerdo, calificado entonces como histórico por su carácter transaccional, ha sido revisado periódicamente por ambas partes, con reproches cruzados sobre el grado de cumplimiento. La exigencia de que el Gobierno "cumpla con los catalanes o se vaya" eleva el tono de un pulso que se remonta a aquel pacto y que ha condicionado cada votación relevante en el Congreso.
De los indultos de 2021 a la amnistía
El precedente más directo se remonta a junio de 2021, cuando el Gobierno de coalición de Sánchez concedió los indultos parciales a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo tras el referéndum ilegal de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia. Aquella medida, criticada por PP y Vox como un pago al independentismo, sentó un antecedente político que se completó con la aprobación de la ley de amnistía en 2024, ya bajo un nuevo ciclo de negociación tras las elecciones generales de julio de 2023.
Desde entonces, la aplicación efectiva de la amnistía ha pasado por distintas fases judiciales, con recursos ante el Tribunal Constitucional y pronunciamientos del Tribunal Supremo que han ido delimitando su alcance, especialmente en los casos vinculados a la malversación de fondos públicos, uno de los puntos más controvertidos.
Qué establece la ley de amnistía
La ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado en 2024 tras una tramitación marcada por sucesivas negociaciones con Junts y ERC, contempla la extinción de la responsabilidad penal, civil y administrativa para actos relacionados con el proceso independentista catalán. Su aplicación corresponde a los tribunales ordinarios, caso por caso, lo que explica que su desarrollo se haya prolongado y que continúe generando resoluciones que van fijando jurisprudencia sobre su alcance real.
El Tribunal Constitucional, que examina los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la norma por el PP y por comunidades autónomas gobernadas por ese partido, no ha resuelto de manera definitiva sobre el fondo de la ley según la información pública disponible. Esa pendencia añade un elemento de incertidumbre a cualquier sentencia de aplicación concreta, en la medida en que un pronunciamiento del alto tribunal podría alterar el marco en el que se dictan estas resoluciones.
Las réplicas: PSOE, socios y oposición
El material de origen no recoge una respuesta explícita del PSOE a las declaraciones de Junts, por lo que no es posible atribuir aquí una réplica oficial de los socialistas. En ocasiones anteriores, la dirección socialista ha defendido la amnistía como instrumento de normalización institucional en Cataluña y ha reivindicado su papel en la tramitación frente a la interpretación de Junts, que atribuye el resultado exclusivamente a su presión.
El resto de socios de la investidura —ERC, Sumar, PNV, Bildu y BNG— no aparece mencionado en la, por lo que no cabe reflejar aquí sus posiciones sobre este episodio. La oposición de PP y Vox, que ha impugnado la ley ante el Tribunal Constitucional, mantiene su rechazo frontal a una norma que considera un canje de impunidad por votos.
Qué puede pasar a partir de ahora
La tensión se proyecta sobre una legislatura que depende de mayorías ajustadas y en la que cada votación relevante —desde los Presupuestos Generales del Estado hasta decretos leyes de calado— exige recomponer apoyos con los partidos independentistas. Si el distanciamiento de Junts se traduce en una retirada efectiva de apoyos en el Congreso, el Gobierno podría verse forzado a buscar mayorías alternativas o a afrontar un adelanto electoral, escenario ya barajado en anteriores momentos de fricción.
En el plano judicial cabe esperar nuevas resoluciones de aplicación de la amnistía en los próximos meses, así como un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos pendientes, que podría fijar de forma más definitiva los límites de la norma. El Hemiciclo actualizará esta pieza si una segunda fuente corrobora o matiza las declaraciones atribuidas a la dirección de Junts por El Mundo.
