La consulta no preguntaba directamente si Islandia debía integrarse en la UE, sino si el Ejecutivo de Reikiavik quedaba autorizado a sentarse de nuevo a negociar con Bruselas los términos de una posible adhesión. Esa distinción, recordada por el propio Gobierno islandés durante la campaña, explica por qué el resultado, de confirmarse, no cierra de forma definitiva el debate sobre el lugar del país en el proyecto europeo, aunque sí aplaza cualquier avance a corto plazo. El estrecho margen —apenas 3,6 puntos porcentuales según los datos provisionales de RÚV— deja constancia de una sociedad dividida casi a partes iguales sobre su futuro europeo.
La pesca ha vertebrado la campaña. El sector representa alrededor del 40% de las exportaciones islandesas y en torno al 7% del producto interior bruto, según las cifras que manejan las autoridades del país nórdico, y constituye además un elemento central de la identidad económica y nacional. El temor de los partidarios del 'no' era que una futura adhesión obligara a Islandia a ceder soberanía sobre sus caladeros y a someterse a la Política Pesquera Común de los Veintisiete, el mecanismo que reparte cuotas de captura entre los Estados miembros y que Islandia ha evitado sistemáticamente desde que congeló su proceso de negociación hace más de una década. Analistas del país han señalado que la gestión de los recursos marinos fue uno de los argumentos que más movilizó al electorado.
El precedente de 2013 pesa sobre la consulta actual. Islandia inició conversaciones formales de adhesión en 2010, tras la crisis financiera que golpeó con especial dureza al país, pero el proceso quedó suspendido tres años después con un cambio de Gobierno contrario a la integración. En aquel momento, las negociaciones no habían llegado a abordar los capítulos más sensibles —entre ellos pesca y agricultura—, precisamente los que generan mayor resistencia entre el electorado islandés.
Frostadóttir había condicionado su apoyo a la adhesión a la obtención de garantías firmes en materia pesquera, un extremo que, según los partidarios del 'no', Bruselas ya había descartado conceder durante las negociaciones iniciadas años atrás. Esa falta de flexibilidad de la Comisión Europea en un asunto considerado de soberanía nacional se convirtió en el argumento central esgrimido por quienes se oponían a reabrir el proceso.
Frente a ese argumento, los partidarios del 'sí' defendieron que la incertidumbre económica y geopolítica de los últimos años —con la inflación erosionando el poder adquisitivo y una posición estratégica en el Ártico cada vez más disputada— hacía necesario que Islandia contara con un asiento en las instituciones donde se deciden políticas que le afectan directamente, en lugar de limitarse a incorporar normativa europea sin capacidad de influir en ella.
Islandia forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) desde 1994 y del espacio Schengen desde 2001, lo que le permite participar del mercado único y de la libre circulación de personas sin ser miembro de la UE, un estatus similar al de Noruega. Según datos citados durante la campaña, el país ya ha incorporado en torno al 75% de la legislación comunitaria a través de su pertenencia al EEE, lo que alimentó el argumento del 'no' de que la adhesión plena aportaría pocas ventajas adicionales frente a los costes en soberanía pesquera. Los defensores del rechazo subrayaron además el tamaño del país: con apenas 400.000 habitantes, Islandia sería el Estado miembro menos poblado de la UE, y sostienen que tendría escaso peso real en el Consejo y en el Parlamento Europeo frente a socios de mayor dimensión demográfica y económica.
El trasfondo ártico y de seguridad
La consulta se produce en un contexto de creciente atención internacional sobre el Ártico, donde el deshielo progresivo abre nuevas rutas marítimas y plantea disputas sobre recursos energéticos y minerales entre potencias como Rusia, Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos. Islandia, en una posición estratégica en el Atlántico Norte, es miembro de la OTAN desde su fundación en 1949 pese a carecer de fuerzas armadas propias, y albergó una base militar estadounidense hasta 2006. Esa dimensión de seguridad se entrelazó en la campaña con el debate económico: algunos partidarios del 'sí' citaron la presencia naval rusa en el Atlántico Norte y las tensiones sobre las rutas árticas como razón para estrechar lazos institucionales con Bruselas, mientras otros sectores insistieron en que la pertenencia a la OTAN y el acuerdo bilateral con Washington bastan para garantizar la seguridad del país.
De confirmarse el resultado, el Gobierno de Reikiavik prevé reunirse en los próximos días con la Comisión de Asuntos Exteriores del Althing, el Parlamento islandés, para formalizar la retirada de la solicitud de adhesión, en un proceso similar al que siguió al parón de 2013. Aquella retirada formal tardó años en materializarse por completo, por lo que no está garantizado un calendario inmediato.
La primera ministra Frostadóttir no había efectuado declaraciones tras el cierre de las urnas, a la espera de completar el escrutinio en los dos distritos pendientes. Su Gobierno, que impulsó el referéndum como parte del acuerdo de coalición firmado en 2024, deberá decidir en las próximas semanas si asume el resultado como un archivo prolongado de la cuestión europea o si mantiene el debate abierto para una futura legislatura.
La fractura reflejada en las urnas —51,8% frente a 48,2%— seguirá previsiblemente presente en la política interna islandesa en los próximos ciclos electorales, incluso si el proceso de adhesión queda formalmente archivado por segunda vez en poco más de una década. El país mantendrá entre tanto su vínculo con la Unión a través del EEE y de Schengen, la misma vía por la que ha adoptado la mayor parte del acervo comunitario sin sentarse en sus órganos de decisión.
