Aena ha confirmado 1.073 movimientos el sábado, 1.082 el domingo y 1.123 este lunes en El Prat, un 2,2% más que en el mismo periodo de 2025, según los registros del gestor aeroportuario. Se trata de cifras propias de la operación retorno de finales de agosto, cuando confluyen el fin de las vacaciones de buena parte de los viajeros españoles y el tráfico turístico internacional que aún se mantiene alto en la costa catalana.
A esa presión estructural sobre las terminales se suma un conflicto laboral que dura ya casi un mes sin visos de resolución inmediata. La última reunión de negociación entre la dirección de Groundforce y la representación sindical se celebró el 24 de julio, diez días antes del inicio de la huelga, sin que desde entonces se haya cerrado ningún acuerdo que ponga fin al paro.
La convocatoria la firma CGT en nombre de unos 1.175 trabajadores de la plantilla de Groundforce en Barcelona, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra —carga y descarga de equipajes, atención en pista, apoyo a la facturación— a varias aerolíneas internacionales que operan en el aeropuerto catalán. Los delegados sindicales reclaman una mayor dotación de personal y mejoras en la organización de los turnos, y denuncian una carga de trabajo que, según su versión, ha disparado las bajas por estrés entre los empleados.
"No pedimos dinero, sino cuestiones que afectan a nuestra seguridad y salud", ha resumido un representante sindical, en referencia a las condiciones de trabajo del colectivo de handling. La empresa no ha trasladado públicamente una posición que contradiga esa versión, y la negociación permanece bloqueada desde finales de julio sin que se conozca una fecha para retomar el diálogo.
El impacto en vuelos y equipajes
Desde el inicio del paro el 4 de agosto, las aerolíneas clientes de Groundforce acumulan más de 150 vuelos cancelados, con jornadas puntuales en las que se han llegado a registrar hasta una veintena de cancelaciones adicionales en un solo día. Las maletas sin entregar se cuentan por miles, y los tiempos de espera para recuperar el equipaje han superado las cinco horas en los momentos de mayor tensión, de acuerdo con la información disponible sobre la evolución del conflicto.
Aena, como gestor aeroportuario, ha recomendado a los pasajeros presentarse en el aeropuerto con antelación suficiente y comprobar el estado de su vuelo antes de desplazarse a las terminales. Se trata de un aviso preventivo habitual en situaciones de tensión operativa, pero que en este caso adquiere una dimensión distinta: la huelga de handling puede trasladar los retrasos no solo a la facturación de equipajes, sino también a la operativa en pista que condiciona la puntualidad de los despegues.
El marco jurídico de este tipo de conflictos se rige por el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución española, que en servicios esenciales como el transporte aéreo obliga a fijar servicios mínimos. En huelgas de handling aeroportuario, la autoridad laboral competente —en este caso el Ministerio de Trabajo— es quien determina esos mínimos, aunque su cumplimiento no siempre evita cancelaciones y demoras, como ha ocurrido en Groundforce desde principios de agosto.
La situación evoca, aunque en una escala muy distinta, el precedente de la huelga de controladores aéreos de diciembre de 2010, cuando el cierre del espacio aéreo español obligó al Gobierno a decretar el estado de alarma y a militarizar temporalmente el control aéreo para garantizar la continuidad del servicio. Aquel episodio mostró cómo un colectivo profesional relativamente reducido, pero crítico para el funcionamiento del sistema aeroportuario, puede condicionar la operativa de todo un país.
El caso de Groundforce en El Prat no alcanza esa dimensión ni ha motivado hasta ahora medidas de excepción por parte del Gobierno, pero comparte un rasgo de fondo: el handling es un eslabón que no gestiona la infraestructura aeroportuaria en sí misma —competencia de Aena— pero cuya paralización parcial repercute directamente en la experiencia del pasajero, en forma de maletas retenidas y colas prolongadas.
La posición de Aena en este conflicto se limita a la gestión de la infraestructura y a la emisión de recomendaciones a los viajeros, sin intervenir en la negociación colectiva entre Groundforce y sus trabajadores, al tratarse de una relación laboral entre una empresa privada de servicios y su plantilla. Esa distinción de competencias explica por qué el gestor aeroportuario no ha anunciado medidas adicionales más allá de la advertencia sobre posibles retrasos.
Las aerolíneas afectadas —Air Europa, Air France, KLM, Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad y varias compañías del grupo Lufthansa— dependen contractualmente de Groundforce para la asistencia en tierra de sus vuelos en Barcelona, lo que las sitúa como parte damnificada de un conflicto laboral ajeno a su gestión directa. Ninguna de ellas ha detallado públicamente compensaciones específicas para los pasajeros más allá de los protocolos habituales de atención al cliente en caso de cancelación o retraso prolongado.
El reglamento europeo 261/2004 sobre derechos de los pasajeros aéreos establece compensaciones económicas en caso de cancelación o gran retraso, aunque las huelgas de personal ajeno a la propia aerolínea suelen encuadrarse en la categoría de circunstancias extraordinarias, lo que puede eximir a las compañías de indemnizar económicamente a los viajeros, sin perjuicio de la obligación de asistencia —comida, alojamiento, información— que sí se mantiene.
De cara a los próximos días, el desenlace del conflicto dependerá de si Groundforce y CGT logran reanudar la negociación tras semanas de bloqueo. Mientras no haya nueva convocatoria de mesa negociadora ni acuerdo público, la huelga indefinida se mantiene activa, y la coincidencia con el tramo final de la operación retorno seguirá siendo la principal fuente de incertidumbre para los pasajeros que utilicen El Prat en las próximas jornadas.
