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Hernández denuncia maniobras para apartar cargos en Sumar mientras Díaz guarda silencio

Urtasun respalda la candidatura de Barbero y Martínez al congreso interno; la desbandada de responsables orgánicos agrava la crisis de sucesión.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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Sumar afronta su congreso interno más tenso desde su fundación con una fractura que ya tiene nombres propios y verbos sin eufemismos. La dirigente Verónica Hernández ha alertado públicamente de lo que describe como operaciones deliberadas para desplazar a compañeros de sus posiciones dentro de la organización, utilizando los términos 'jugadas' y 'triturar' para calificar las maniobras.

Hernández rompe la disciplina de imagen con una denuncia explícita

Verónica Hernández, una de las caras visibles de la estructura territorial de Sumar, ha roto el silencio habitual en los conflictos de la izquierda española. En declaraciones recogidas públicamente, utilizó el verbo 'triturar' para describir el trato que, según su diagnóstico, están recibiendo determinados cuadros orgánicos en el proceso previo al congreso, y habló de 'jugadas' para referirse a movimientos tácticos orientados a dejar fuera del nuevo organigrama a perfiles que no se alinean con la dirección saliente. La elección de esos términos no es casual: en la cultura política de la izquierda española, una denuncia de esa crudeza entre compañeros de organización equivale a una declaración de guerra interna y quiebra la disciplina de imagen que formaciones de este espacio han cultivado desde al menos los tiempos de Izquierda Unida.

La denuncia de Hernández apunta a algo más que un desacuerdo programático. La llamada purga blanda —sin expulsiones formales pero con marginación efectiva de quienes no se alinean con la dirección saliente— tiene antecedentes documentados en la historia reciente de la izquierda española. Ocurrió en IU durante las disputas internas de finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando la fragmentación entre corrientes precedió a una caída electoral sostenida que la formación nunca llegó a revertir del todo. El paralelismo no pasa desapercibido a quienes observan el actual proceso congresual de Sumar.

Yolanda Díaz se mantiene al margen en un silencio con coste político

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y figura fundacional de Sumar, no ha intervenido públicamente para arbitrar ni para posicionarse ante el conflicto. Según ha trasladado su entorno, la exlíder entiende el proceso congresual como un asunto interno que las militantes y los cuadros deben resolver sin su mediación. Esta postura genera, entre quienes la critican, una lectura radicalmente distinta: la acusan de lavarse las manos ante un conflicto que arranca, en buena medida, de las tensiones generadas por su propia salida del liderazgo y la forma en que se produjo el relevo.

El silencio de Díaz tiene un coste reputacional en dos direcciones simultáneas. Hacia dentro, los sectores críticos interpretan que abandona a su suerte a quienes construyeron el proyecto con ella. Hacia fuera, la imagen de una formación incapaz de gestionar su transición interna sin que los conflictos salten a los medios refuerza la narrativa de fragilidad organizativa que sus adversarios llevan meses alimentando. Sumar obtuvo en las elecciones generales de julio de 2023 algo más de dos millones de votos y 31 escaños, según los datos del Ministerio del Interior, un resultado que ya supuso una reducción respecto a las expectativas iniciales de la coalición y que la crisis orgánica posterior no ha contribuido a estabilizar.

Urtasun en la candidatura alternativa: la fractura alcanza el Consejo de Ministros

La incorporación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la candidatura de Barbero y Martínez es el dato más relevante desde el punto de vista orgánico. Urtasun no es un militante de base: es miembro del Consejo de Ministros y figura con visibilidad propia dentro del espacio de la izquierda catalana. Su apuesta por la lista alternativa convierte lo que podría haber sido una disputa periférica en un enfrentamiento con proyección institucional directa. Un ministro en activo que respalda una candidatura contraria a la corriente dominante de su propio partido equivale, en términos de señal política, a una fractura visible entre el Sumar de Gobierno y el Sumar de partido.

El posicionamiento de Urtasun introduce además una variable territorial de peso. El ministro proviene de los Comuns, la corriente catalanista y ecosocialista que confluyó en Sumar pero que siempre ha mantenido una identidad propia y cierta autonomía táctica respecto a la dirección estatal. Su decisión puede leerse, por tanto, como expresión del malestar de las corrientes federadas con la gestión que la estructura central ha hecho del proceso de sucesión. Este patrón —corrientes territoriales que actúan de forma autónoma en los momentos de mayor tensión interna— ya se observó en Unidos Podemos cuando los movimientos municipalistas y las confluencias comenzaron a separarse del tronco principal, un proceso que precedió a la fragmentación definitiva de aquella coalición.

La desbandada de cargos y el marco estatutario que regula el congreso

Más allá de los nombres propios, la información disponible apunta a una salida o desafección de responsables orgánicos de primer y segundo nivel. Una organización política pierde con cada marcha de cuadros medios una parte de su capacidad operativa: gestión de redes territoriales, articulación con movimientos sociales, infraestructura de campaña. Sumar, que nació sin la maquinaria histórica de IU ni la base militante que Podemos construyó entre 2014 y 2016, no dispone de un colchón orgánico que absorba esas pérdidas con facilidad.

El marco normativo que regula el proceso es el propio estatuto de Sumar, aprobado en su congreso fundacional. Los congresos de los partidos políticos en España se rigen principalmente por sus propias normas internas: la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 —modificada parcialmente en 2015— establece garantías democráticas básicas para los afiliados, como el derecho a participar en la elección de órganos y a ser informados de la actividad del partido, pero deja un amplio margen a cada organización para configurar sus procedimientos electorales internos. Esto significa que la supervisión de las irregularidades denunciadas por Hernández, si no existe un órgano de garantías estatutarias activado, recae en la propia organización, lo que convierte el conflicto en un asunto de correlación de fuerzas antes que de derecho.

El precedente de IU: cuando la fragmentación interna precede al colapso electoral

El declive orgánico de Izquierda Unida entre 1999 y 2008 ofrece el referente más cercano para calibrar el riesgo estructural que afronta Sumar. IU llegó a obtener 21 escaños en las elecciones generales de 1996 bajo el liderazgo de Julio Anguita. Los conflictos internos posteriores —disputas entre corrientes, gestión de la confluencia con el PSOE, luchas por el control del aparato— provocaron una pérdida continua de representación hasta los dos escaños de 2011, según los datos históricos del Ministerio del Interior. No se trata de una analogía perfecta: los contextos electorales son distintos y Sumar opera en un sistema de coalición más fluido. Pero la dinámica de fragmentación por arriba y erosión de la base por abajo guarda similitudes estructurales que resultan difíciles de ignorar.

Posiciones enfrentadas y ausencia de árbitro reconocido

La candidatura de Barbero y Martínez, respaldada por Urtasun y con el apoyo explícito de Hernández, se presenta como una alternativa de renovación que denuncia prácticas de control excesivo en la gestión del proceso congresual. Sus impulsoras no han articulado hasta el momento una declaración programática diferenciada de calado, lo que sugiere que el conflicto es principalmente de poder orgánico y no de línea política. La corriente que respalda la continuidad del aparato saliente —cuya composición exacta no ha sido detallada públicamente con precisión— defiende, según fuentes próximas a esa corriente, la estabilidad organizativa y la cohesión del proyecto ante lo que considera una operación de desestabilización en un momento de fragilidad electoral.

Yolanda Díaz, según ha confirmado su entorno, descarta intervenir antes del congreso. Esta equidistancia formal tiene, no obstante, un efecto político real: en ausencia de árbitro reconocido, cada candidatura construirá su legitimidad apelando a una base militante que no tiene todavía una cultura interna consolidada de gestión del disenso. La pregunta de fondo es si Sumar dispone de la madurez institucional suficiente para digerir un congreso competitivo sin que el resultado fracture definitivamente la coalición.

Plazos y escenarios: qué determina el congreso y qué viene después

El congreso interno de Sumar, cuya fecha exacta de celebración no ha sido confirmada oficialmente en el momento de redactar esta información, es el hito que determinará la correlación de fuerzas dentro de la coalición para los próximos años. Si la candidatura de Barbero y Martínez se impone con el respaldo de Urtasun y Hernández, la nueva dirección afrontará de inmediato el reto de integrar a los sectores que han apoyado al aparato saliente, o asumir una organización fracturada. Si se impone la candidatura continuista, deberá gestionar el malestar de una parte significativa de sus cuadros y de al menos una corriente territorial con peso ministerial. En cualquiera de los dos escenarios, la cohesión de Sumar como grupo parlamentario —que opera bajo las reglas del Reglamento del Congreso de los Diputados y cuya disciplina de voto es determinante para el Gobierno de coalición— quedará sometida a una prueba de estrés de resultado incierto.

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