El estrecho de Ormuz, paso obligado entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, es la arteria energética más vigilada del planeta: por sus aguas, de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, transita, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), en torno a una quinta parte del petróleo que se consume a diario en el mundo. Cualquier restricción sostenida en ese punto eleva de inmediato el precio del crudo y tensiona las bolsas asiáticas y europeas, dependientes en distinta medida del suministro del Golfo.
La condición de una compensación económica a Washington, de confirmarse en los términos en que ha circulado, añadiría una variable inédita a las negociaciones. Hasta ahora, los contactos entre representantes iraníes y estadounidenses —mediados en buena parte por Omán y Qatar, papel que ambos países han desempeñado en anteriores episodios de tensión con Teherán— se habían centrado en garantías de seguridad y en el levantamiento de sanciones, no en indemnizaciones directas.
Décadas de hostilidad y de amenazas sobre el paso
El conflicto que ha llevado a este punto se remonta a los ataques cruzados entre Irán e Israel de las últimas semanas, que hunden sus raíces en una hostilidad de décadas marcada por el programa nuclear iraní, el respaldo de Teherán a milicias como Hezbolá o Hamás y los sucesivos episodios de sabotaje y represalia que ambos países se atribuyen desde principios de siglo. Estados Unidos, aliado estratégico de Israel desde su fundación en 1948, se ha visto arrastrado en distintos grados a cada escalada.
El bloqueo o la amenaza de bloqueo de Ormuz no es un recurso nuevo en el arsenal de presión iraní. Teherán ya amagó con cerrar el estrecho durante la guerra Irán-Irak de los años ochenta y ha repetido la amenaza en varias crisis con Washington, especialmente tras la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), decidida en 2018 bajo la primera Administración de Donald Trump. Nunca antes, sin embargo, se había vinculado explícitamente la reapertura del paso a una compensación económica formal.
En la zona, Irán cuenta con la Armada de los Guardianes de la Revolución Islámica, que opera en el Golfo con lanchas rápidas, minas navales y misiles antibuque de corto alcance, una capacidad asimétrica pensada para hostigar el tráfico mercante sin entrar en combate naval convencional con la Quinta Flota estadounidense, desplegada de forma permanente en Baréin desde 1995.
Washington no ha confirmado oficialmente ninguna negociación sobre una compensación económica. En las últimas semanas, portavoces del Departamento de Estado han insistido en que la prioridad es la desescalada y la protección de la libertad de navegación, principio que Estados Unidos invoca de forma sistemática en el Golfo desde la llamada guerra de los petroleros de los años ochenta.
Israel, actor central de la crisis, no ha realizado declaraciones específicas sobre la exigencia iraní. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha reiterado en foros internacionales su rechazo a cualquier acuerdo que no incluya garantías verificables sobre el desmantelamiento de las capacidades militares iraníes que considera amenazantes para su seguridad. La Unión Europea, a través de su Alto Representante para Asuntos Exteriores, ha reclamado una solución negociada que evite una escalada mayor, en línea con la posición que Bruselas mantuvo en la negociación original del pacto de 2015, del que la UE fue garante junto a Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.
Sacudida en los mercados y cálculo de los vecinos del Golfo
El impacto económico del cierre parcial del estrecho se deja sentir ya en los mercados energéticos: los futuros del petróleo Brent han registrado en las últimas jornadas una volatilidad notable, con episodios de subidas superiores al 5% en sesiones puntuales, según los mercados de materias primas de Londres, un patrón que recuerda a los repuntes observados durante la crisis del Golfo de 1990-91 tras la invasión iraquí de Kuwait.
Los países del golfo Pérsico más dependientes de esa ruta —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y el propio Irán— han evitado hasta ahora posicionarse públicamente a favor de una u otra parte, conscientes de que un cierre prolongado perjudicaría sus propias exportaciones. Arabia Saudí canaliza a través de Ormuz la práctica totalidad de su crudo destinado a Asia, su principal mercado según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El marco jurídico internacional aplicable al estrecho se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, que garantiza el derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional. Irán, que firmó pero no ratificó la Convención aunque reconoce parcialmente sus principios, ha argumentado en el pasado que su soberanía sobre parte de las aguas del estrecho le permite imponer restricciones en circunstancias de conflicto armado.
De su resultado dependerá no solo la evolución del conflicto entre Irán e Israel, sino la estabilidad de una de las rutas comerciales más sensibles del planeta.
