El entendimiento contempla la puesta en marcha de un proceso orientado a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la instancia judicial de mayor rango en Venezuela. Según el documento citado, ambas delegaciones se comprometieron a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales —el órgano encargado de preseleccionar candidatos a magistrados— y a abrir un nuevo proceso para designar a todos los integrantes del TSJ. También prevén crear un consejo específico para revisar credenciales y requisitos de los aspirantes, con el objetivo declarado de garantizar el cumplimiento de la Constitución venezolana de 1999, la legislación vigente y el baremo de evaluación.
El marco jurídico venezolano atribuye a la Asamblea Nacional la potestad de designar a los magistrados del TSJ a propuesta del comité de postulaciones. La composición y la independencia del alto tribunal han sido objeto de disputa desde que, en 2015, la Asamblea Nacional electa ese año —de mayoría opositora— fuera progresivamente despojada de competencias por el propio TSJ, en un pulso institucional que derivó en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente paralela en 2017 y, más adelante, en el reconocimiento por parte de decenas de países del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado del país.
El segundo eje del acuerdo se centra en los activos de reserva internacional de Venezuela retenidos en el Banco de Inglaterra, un litigio que se arrastra desde 2018 y que ha enfrentado en los tribunales británicos a representantes del Ejecutivo de Nicolás Maduro y de la oposición por el control de las reservas de oro venezolanas allí depositadas. La Corte Suprema del Reino Unido resolvió en diciembre de 2021 que los tribunales británicos debían atenerse al reconocimiento del Gobierno venezolano por parte del Ejecutivo de Londres a efectos de decidir quién controla esos activos, un proceso que sigue abierto en instancias inferiores.
Las dos delegaciones pactaron ahora redoblar los esfuerzos conjuntos para promover la recuperación de esas reservas, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría sobre su utilización, con el argumento de destinarlos a la atención de las víctimas de los terremotos del 24 de junio. El compromiso se suma al acuerdo previo para reforzar programas de vivienda, suministro eléctrico, salud y recolección de escombros en las zonas afectadas por el doble seísmo, que según el balance oficial provocó más de 6.300 fallecidos.
El diálogo político se estructura en dos mesas técnicas: una centrada en la gestión de la emergencia derivada de los terremotos y otra dedicada al fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral. En este primer tramo se celebraron cinco sesiones de trabajo en las mesas y cinco reuniones plenarias entre ambas delegaciones, al término de las cuales se produjo el anuncio.
La delegación gubernamental está encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista y una de las figuras negociadoras más constantes del chavismo en anteriores rondas de diálogo. Por el lado opositor, la Asamblea Nacional de 2015 —sin funciones legislativas efectivas dentro de Venezuela pero reconocida por varios gobiernos como referencia institucional— está representada por Dinorah Figuera, quien asumió la presidencia del Parlamento tras el relevo de Juan Guaidó al frente de la instancia opositora.
El proceso se inscribe en una larga serie de intentos de negociación entre el chavismo y la oposición que se remontan a los diálogos de 2002, tras el golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez, y que incluyen las conversaciones de República Dominicana en 2017-2018 y las de México en 2021-2022, estas últimas interrumpidas en distintas fases. Ninguno de esos procesos previos culminó en una reforma efectiva del sistema judicial ni en cambios sustanciales de la composición del TSJ, lo que marca el listón de credibilidad ante el que se examinará el acuerdo actual.
La posición opositora ha insistido de forma recurrente en que cualquier renovación del alto tribunal carece de valor si no garantiza la independencia real de los nuevos magistrados frente al Ejecutivo. Desde el oficialismo se ha defendido que el proceso debe respetar los mecanismos constitucionales vigentes, que atribuyen a la Asamblea Nacional la potestad final de designación. El documento conjunto suscrito por ambas delegaciones remite expresamente al cumplimiento de la Constitución y de la legislación aplicable como marco del nuevo proceso de postulación.
El calendario suscrito por Rodríguez y Figuera prevé que la aplicación de los compromisos arranque este mismo mes de agosto de 2026, con anuncios oficiales y acciones concretas, bajo lo que ambas delegaciones han denominado un mecanismo de trabajo continuo para asegurar el cumplimiento estricto de cada punto acordado.
El alcance real de lo pactado dependerá de si se traduce en pasos verificables durante las próximas semanas: la constitución efectiva del nuevo comité de postulaciones judiciales, el inicio formal del proceso de selección de magistrados del TSJ y los eventuales avances en los tribunales británicos respecto a los activos retenidos en el Banco de Inglaterra serán los indicadores que permitirán calibrar la solidez del entendimiento alcanzado en Caracas.
