La iniciativa, que ha caído como una segunda onda expansiva en la jornada del 14 de abril —95 aniversario de la proclamación de la Segunda República—, sale del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El expediente recoge, según ha podido saber este periódico de fuentes del propio departamento, un centenar largo de actividades organizadas por la fundación en los últimos cuatro años, desde homenajes al dictador hasta ediciones de textos de exaltación del régimen. Cada una de ellas, según el argumentario jurídico, encaja en el artículo 38 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe 'la exaltación del golpe militar, la guerra civil y la dictadura franquista'.
Lo relevante no es solo el fondo, sino la forma. Hasta ahora, el Ejecutivo se había limitado a abrir expedientes administrativos, imponer multas o intentar bloquear determinadas subvenciones. Era, en el fondo, una política de goteo: molestar, sancionar, desgastar. El paso que ha dado hoy Presidencia es cualitativamente distinto. Por primera vez, el Gobierno reclama a la Justicia que declare extinguida la fundación. Si la Abogacía del Estado acepta la petición —y todo indica que lo hará—, el asunto aterrizará en la Audiencia Nacional en cuestión de semanas.
La fundación, creada en 1976 bajo la presidencia de Luis María Ansón y reimpulsada en los años noventa, mantiene en la actualidad una sede en pleno centro de Madrid, una biblioteca especializada y una estructura que, según el propio expediente, no supera los siete empleados. Su patrimonio es modesto y sus cuentas, como ha reconocido en los últimos informes, se sostienen fundamentalmente con donaciones privadas. Pero su valor simbólico supera con mucho su dimensión real, y cualquier intento de cerrarla —de Zapatero a hoy— ha terminado topándose con un muro jurídico bien engrasado.
Por eso la novedad está tanto en la petición como en el momento elegido. El 14 de abril no es un día cualquiera en el calendario español, y el Gobierno lo sabe. Moncloa ha preferido que el paso quede asociado a la efeméride republicana y, de paso, arropado por el debate parlamentario de esta mañana sobre el bibliocausto y las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. 'No es coincidencia, es coherencia', resumen en Presidencia cuando se les pregunta por el timing.
La reacción política no se ha hecho esperar. El Partido Popular ha censurado la medida con un argumento técnico —'no se puede cerrar una fundación por vía administrativa'— y otro político —'el Gobierno utiliza la memoria para tapar otras noticias'—. Vox ha ido mucho más lejos y ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra toda la Ley de Memoria Democrática si el procedimiento avanza. Sumar, en cambio, ha aplaudido la decisión y ha pedido que se extienda a 'todas las fundaciones que blanquean el franquismo'. Junts y PNV han optado, por el momento, por un silencio prudente.
Hay un dato menos comentado en los titulares y que, sin embargo, explica buena parte del movimiento: la Audiencia Nacional ha acumulado en los últimos dos años al menos cinco sentencias que avalan la aplicación del artículo 38 de la Ley de Memoria Democrática a actos concretos organizados por la fundación. Los abogados que han asesorado al Gobierno consideran que, por acumulación, esa jurisprudencia permite ya dar el siguiente paso: pedir la extinción.
Los letrados de la fundación, por su parte, preparan ya su línea de defensa. Según fuentes consultadas por este periódico, alegarán dos cosas: primero, que la ley no contempla expresamente la extinción de entidades jurídicas preexistentes por razones de expresión histórica; y segundo, que cerrarla supondría una vulneración del derecho fundamental de asociación consagrado en el artículo 22 de la Constitución. El choque jurídico, por tanto, se jugará en ese terreno.
Mientras tanto, el debate que se abre fuera de los tribunales es más ancho. ¿Hasta dónde debe llegar un Estado democrático en la gestión de la memoria de su propia dictadura? ¿Dónde está la línea entre la pedagogía histórica y la acción punitiva? ¿Quién decide qué es exaltación y qué es estudio? Esas preguntas, a las que nadie responde hoy con una fórmula cerrada, son las que van a dominar las tertulias y los editoriales de los próximos días. El Hemiciclo las irá respondiendo, como siempre, con el único criterio que vale: el de los hechos.
El calendario más probable, a falta de que la Abogacía del Estado concrete plazos, apunta a una resolución inicial antes del verano. Si la Audiencia Nacional admite a trámite, podría haber una sentencia en el primer trimestre de 2027. En el peor escenario procesal para el Gobierno —y en el mejor para la fundación— el asunto podría terminar aterrizando en el Tribunal Constitucional. Para entonces, la polvareda política que ha levantado el expediente de hoy habrá tenido tiempo de convertirse en un debate de libro de texto. Y esa, quizá, sea la verdadera victoria del Ejecutivo.
