El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, que contempla 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE) en sentido estricto y supera las 37.000 cuando se suman los cuerpos de Seguridad del Estado y Defensa. La decisión fija el marco legal de incorporación de efectivos al sector público estatal para el próximo año y establece los ejes prioritarios sobre los que se articulará la selección de nuevo personal.
27.232 plazas AGE y más de 37.000 con seguridad y defensa
Las 27.232 plazas aprobadas corresponden en exclusiva a los ministerios, organismos autónomos y entidades del sector público administrativo dependientes del Gobierno central. La cifra global, que supera las 37.000, incorpora los cuerpos de Seguridad —Policía Nacional y Guardia Civil— y las Fuerzas Armadas, cuya planificación de efectivos obedece a criterios operativos y de reposición propios, distintos a los que rigen la provisión civil. La diferencia entre ambas magnitudes —en torno a 10.000 plazas— refleja el peso estructural que las fuerzas de seguridad y el personal militar mantienen dentro del empleo público estatal.
La OEP como instrumento legal habilitante
La Oferta de Empleo Público no es un acto meramente administrativo: es el instrumento legal que habilita a cada departamento y organismo a convocar oposiciones y concursos durante el ejercicio indicado. Sin su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ninguna plaza puede salir a concurso. Su aprobación en Consejo de Ministros abre, por tanto, el calendario real de selección pública y determina en qué áreas el Estado refuerza capacidad operativa. Para los aspirantes, supone conocer el volumen y la orientación de las convocatorias previsibles; para los sindicatos de función pública, el punto de partida de la negociación sobre ritmos y condiciones de acceso.
La figura está regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015. La norma obliga a las administraciones a aprobar anualmente una OEP cuando existan necesidades de recursos humanos que no puedan cubrirse con los efectivos disponibles, respetando los límites de tasa de reposición que fijan cada año las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Es ese doble condicionante —necesidad acreditada y techo presupuestario— el que determina en última instancia el volumen real de cada oferta.
El lastre de los años de ajuste y la recuperación de tasas
El precedente histórico más próximo se sitúa en la crisis fiscal de 2010-2015. Durante esos años, la tasa de reposición se redujo drásticamente por la vía de las sucesivas Leyes de Presupuestos: llegó al 10% en determinados sectores considerados no prioritarios, según estableció la normativa presupuestaria de aquel periodo. El resultado fue una acumulación de vacantes estructurales que ha condicionado la dimensión de todas las ofertas aprobadas en la última década y que está en el origen de las grandes convocatorias de estabilización impulsadas al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La recuperación progresiva de tasas de reposición del 100% —e incluso superiores para sectores prioritarios, como ocurrió desde mediados de la década de 2010— permitió OEP de mayor volumen y abrió el ciclo expansivo en el que se inscribe la oferta de 2026.
Ejes estratégicos: digitalización, ecología e inspección
La aprobación incluye la definición de ejes estratégicos que orientan la distribución de plazas entre áreas de la Administración. Este componente cualitativo es relevante porque revela hacia qué sectores se dirige el refuerzo de personal. En ciclos anteriores, los sucesivos gobiernos han utilizado vectores como la digitalización de servicios, la transición ecológica, los servicios sociales o el refuerzo de la inspección fiscal y laboral para alinear la selección pública con sus prioridades de legislatura.
Sindicatos y negociación colectiva en la Mesa de las AAPP
La negociación de la OEP se produce en el seno de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, el órgano de interlocución entre el Gobierno y las organizaciones sindicales con presencia en la función pública, previsto en el artículo 36 del EBEP. Los sindicatos mayoritarios en este ámbito —CCOO, UGT, CSIF y otras organizaciones con representación específica en distintos cuerpos— habitualmente centran su posición en tres variables: el volumen total de plazas, el ritmo efectivo de convocatoria y las condiciones de los procesos de estabilización para el personal temporal.
De la aprobación a la incorporación: un proceso de varios años
La aprobación de la OEP es el primer eslabón de una cadena que, en la práctica administrativa española, puede extenderse varios ejercicios. Entre la publicación de la oferta y la incorporación efectiva de los nuevos funcionarios median la convocatoria de las pruebas selectivas, su publicación en el BOE, los plazos de presentación de solicitudes, la celebración de los ejercicios, la resolución de recursos contencioso-administrativos y, finalmente, los cursos selectivos en los centros de formación correspondientes —el INAP para los cuerpos generales del Estado, entre otros—. La capacidad real de la Administración para ejecutar en plazo las plazas aprobadas —medida en términos de tribunales disponibles, centros de formación y consignación presupuestaria operativa— determinará si el volumen anunciado se traduce en incorporaciones efectivas durante 2026 o se traslada, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, a los años siguientes.
