El origen de la controversia se remonta a las declaraciones que Sanz realizó en Málaga, donde planteó «no autorizar ningún tipo de fuegos artificiales ni eventos pirotécnicos en ninguna población» andaluza mientras persista el riesgo extremo de incendio. El consejero defendió la propuesta como una medida «de responsabilidad, prudencia y compromiso con la seguridad», en un contexto que la Junta califica de excepcionalmente grave.
La administración autonómica sustenta su decisión en el balance de la temporada: Andalucía acumula 11.000 hectáreas más quemadas que en el ejercicio anterior y casi 90 incendios adicionales, un verano marcado por el siniestro de Los Gallardos, en Almería, considerado el más mortífero registrado en España en lo que va de siglo. Sanz apeló a la comprensión de alcaldes y vecinos ante lo que describió como «días muy difíciles» para la comunidad.
Aepiro rechaza el diagnóstico oficial. La asociación considera que la propuesta constituye «una recomendación política y arbitraria, que ignora la realidad y la ley» y que buscaría, en sus términos, «la foto fácil» frente a lo que denomina «populismo irresponsable». La patronal sostiene que el anuncio ya habría provocado una cascada de cancelaciones de eventos con un perjuicio económico y social severo para una actividad que califica de legal, regulada y arraigada en la cultura andaluza.
El marco legal en disputa
El núcleo técnico de la reclamación de Aepiro se apoya en el artículo 13 del Decreto 247/2001, la norma andaluza que regula el uso de artificios pirotécnicos y que ya distingue, según la asociación, entre suelo urbano consolidado, zonas agrícolas y terreno forestal o de influencia forestal. La patronal recuerda que ese decreto, modificado por el Decreto-ley 5/2026, exige ya una autorización expresa caso por caso, lo que a su juicio dotaría a la Junta de las herramientas necesarias para restringir la actividad únicamente donde el riesgo sea real, sin necesidad de una prohibición generalizada.
Desde el sector se argumenta que un veto indiscriminado en toda la comunidad, aplicado con independencia de si un municipio se encuentra en zona de alto riesgo forestal o en un núcleo urbano consolidado sin vegetación circundante, vulneraría el espíritu del propio marco normativo vigente, que apuesta por la proporcionalidad y la evaluación territorial diferenciada frente a la prohibición uniforme. La asociación reclama, en concreto, una «aplicación proporcional y territorialmente diferenciada» de las restricciones.
Los datos que cuestiona la patronal
Aepiro sustenta su oposición en cifras de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según estos registros, entre 2015 y 2023 la pirotecnia habría sido responsable de apenas el 0,02% de la superficie forestal quemada en Andalucía: 21,6 hectáreas del total de 104.525 calcinadas en ese periodo por todas las causas.
La comparación con otras actividades cotidianas, siempre según la lectura que la asociación hace de los datos de la EGIF, resulta desfavorable para el argumento de la Junta: la quema de restos de poda habría arrasado 142 veces más superficie que la pirotecnia en el mismo periodo, las colillas mal apagadas 92 veces más, las líneas eléctricas 85 veces más y las labores agrícolas autorizadas 266 veces más. El incidente medio achacable a la pirotecnia en Andalucía se sitúa, según estas cifras, en 0,77 hectáreas, veinte veces por debajo de la media general de cualquier causa de incendio.
La patronal subraya además que, en el conjunto de España, el mayor incendio atribuido históricamente a causas pirotécnicas alcanzó 87,6 hectáreas, muy lejos de las 500 hectáreas que técnicamente definen un gran incendio forestal según los criterios que maneja la propia administración. Ningún siniestro achacado a la pirotecnia habría superado nunca ese umbral en el registro histórico disponible. Con estos datos, Aepiro insiste en que comparte la preocupación por la virulencia de la temporada, pero rechaza que la pirotecnia sea un factor de riesgo comparable a otras causas que la estadística oficial identifica como más determinantes.
La indefinición sobre el carácter vinculante o no de la medida coloca a los ayuntamientos andaluces en una posición delicada de cara a las fiestas patronales y verbenas de verano, periodo en el que tradicionalmente se concentra buena parte de la actividad pirotécnica del calendario festivo local. Sin una orden formal publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cada corporación municipal debe decidir por sí misma si asume el coste político y jurídico de autorizar o cancelar espectáculos ya contratados.
Este tipo de tensión entre la administración autonómica y los ayuntamientos no es inédita: episodios similares se han repetido en distintas comunidades durante olas de calor o alertas por sequía, cuando gobiernos regionales han trasladado recomendaciones de restricción sin traducirlas de inmediato en normativa vinculante, generando disparidad de criterios entre municipios limítrofes y reclamaciones posteriores de operadores afectados. La restricción de usos del fuego en terreno forestal y sus proximidades durante los meses de máximo riesgo es, además, una práctica habitual de las administraciones autonómicas al amparo de sus planes de emergencia contra incendios.
El desenlace de esta disputa dependerá de si el Gobierno andaluz opta por formalizar el veto mediante una orden de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias —lo que le daría fuerza jurídica y uniformidad territorial— o si mantiene la fórmula de recomendación, escenario en el que previsiblemente proseguirán las cancelaciones de eventos y el conflicto entre el sector pirotécnico y la administración durante lo que resta de la temporada de riesgo extremo por incendios.
