El verano de 2026 se suma a una serie larga de campañas de incendios forestales en el sur de Europa, con superficies quemadas que han obligado a evacuaciones en varias comunidades autónomas españolas y en regiones del sur de Francia e Italia. La ola de calor de julio, con máximas que en algunos puntos de la península han superado los 40 grados según boletines de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha creado condiciones propicias para que el fuego se propague con rapidez una vez iniciado.
La meteorología explica, sin embargo, la velocidad de propagación, no el origen del fuego. La Estadística General de Incendios Forestales, que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con series que arrancan en 1968, distingue entre causas naturales, negligencias, accidentes, incendios intencionados y casos de origen desconocido. Según los datos de 2017, el 60,08% de los siniestros registrados en España aquel año fue clasificado como intencionado, un porcentaje que no puede extrapolarse a los incendios de este verano —cuyas causas siguen bajo investigación en cada caso— pero que ilustra el peso histórico de la intervención humana en la estadística oficial, frente al papel minoritario de causas naturales como los rayos.
El récord de 1985 y el peso del clima
Pese a la percepción de que España atraviesa un fenómeno sin parangón, el registro histórico apunta en otra dirección. El año con mayor superficie quemada en la serie contemporánea sigue siendo 1985, cuando ardieron 484.476 hectáreas, una cifra que supera con holgura la de numerosos ejercicios del siglo XXI, incluidos algunos años especialmente virulentos de la última década. Aquel episodio se produjo antes de que el cambio climático ocupara un lugar central en el debate público, lo que obliga a matizar cualquier lectura que presente los incendios actuales como un fenómeno inédito en la historia reciente del país.
La comparación no resta relevancia al papel del calentamiento global en la frecuencia y severidad de las olas de calor, documentado por organismos como la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Los propios informes anuales del Ministerio para la Transición Ecológica han mostrado de forma constante el peso mayoritario de la actividad humana —intencionada, negligente o accidental— frente a las causas estrictamente naturales.
En Francia, el Ministerio del Interior ha informado este verano de la detención de 184 personas sospechosas de haber provocado incendios, sin que por el momento se haya precisado cuántos casos han derivado en imputación formal ni su motivación. En España, las detenciones registradas durante los episodios de riesgo extremo se han vinculado principalmente a la realización de actividades prohibidas por la normativa autonómica de prevención —como quemas agrícolas o uso de maquinaria en condiciones de alerta— más que a incendiarismo deliberado, según la información de las delegaciones de Gobierno de las comunidades afectadas. Las investigaciones deberán establecer en cada caso si hubo intención, imprudencia o accidente.
El abandono del monte como factor estructural
Más allá de las causas inmediatas de cada fuego, existe un factor estructural que numerosos especialistas en gestión forestal sitúan en el centro del problema: la transformación del paisaje rural español a lo largo del último siglo. Un estudio publicado en 2022 por los investigadores Enric Vadell, Jesús Pemán, Pieter Johannes Verkerk, Maitane Erdozain y Sergio de-Miguel, centrado en la evolución de la gestión forestal en España, documenta que el país sumó 5,6 millones de hectáreas de nuevos bosques entre 1940 y 2006.
Ese incremento de la masa forestal tiene su origen en el Plan Nacional de Repoblación Forestal de 1938, una política de reforestación a gran escala impulsada para combatir la erosión del suelo y las inundaciones, satisfacer la demanda de madera y generar empleo en zonas rurales entonces muy despobladas. El plan, sostenido durante décadas, cambió de forma profunda la fisonomía de buena parte del territorio peninsular.
El problema, según el citado estudio, es que la rentabilidad de los aprovechamientos forestales tradicionales —la extracción de madera, el pastoreo, la recogida de leña, la limpieza periódica del sotobosque— se redujo en las últimas décadas del siglo XX, en paralelo al éxodo rural hacia las ciudades. El resultado es un paisaje con más superficie arbolada pero con menos manos que lo gestionen, lo que ha favorecido una mayor continuidad del combustible vegetal: matorral, hojarasca y vegetación seca que, en caso de ignición, permiten que un incendio ordinario se convierta en un frente de difícil control para los servicios de extinción. Esta circunstancia no es exclusiva de España: Francia e Italia han experimentado procesos similares de despoblación rural y reducción de la ganadería extensiva en zonas de montaña y bosque mediterráneo.
La discusión sobre el peso relativo del cambio climático frente a la gestión forestal no es original de este verano. Ya en los grandes incendios de 2017 en Portugal y Galicia, y en sucesivas campañas de la última década, asociaciones de agentes forestales reclamaron mayor inversión en prevención —desbroces, cortafuegos, pastoreo dirigido— frente al gasto concentrado casi en exclusiva en medios de extinción durante la propia campaña.
Desde sectores críticos con el encuadre climático dominante en parte de la prensa europea se ha sostenido que reducir la explicación de los incendios al calentamiento global desplaza la atención de responsabilidades más directas, como la insuficiencia de recursos dedicados a la prevención durante el resto del año o la lentitud en la tramitación de aprovechamientos que permitirían limpiar el monte. Frente a esa lectura, organizaciones ecologistas y climatólogos insisten en que ambas explicaciones no son excluyentes: el cambio climático crea las condiciones de sequedad y calor extremo que convierten cualquier ignición en un incendio de mayor magnitud y velocidad.
El marco normativo español distingue estas responsabilidades. La Ley 43/2003 de Montes y sus sucesivas reformas atribuyen a las comunidades autónomas la competencia en prevención y extinción de incendios forestales, mientras que el Código Penal castiga con penas de prisión los incendios forestales causados de forma dolosa, y con penas menores los originados por imprudencia grave. Las investigaciones abiertas este verano en España y Francia deberán determinar, expediente por expediente, en qué categoría se encuadra cada fuego.
De cara a los próximos meses, los servicios meteorológicos prevén que las condiciones de sequedad se mantengan al menos hasta el final del verano en buena parte de la cuenca mediterránea, lo que obliga a sostener los niveles de alerta en las comunidades más afectadas. Las administraciones forestales españolas y francesas han anunciado revisiones de sus planes de prevención para el otoño, centradas en el refuerzo de los trabajos de desbroce y en la mejora de los protocolos de coordinación entre cuerpos de bomberos.
