Las bonificaciones del gasóleo B —el que usan agricultores y pescadores— y las subvenciones a los fertilizantes son ayudas de Estado, de modo que requieren el visto bueno previo de Bruselas, que en esta crisis ha autorizado a España a subvencionar hasta el 70% del sobrecoste del sector primario. El tercer paquete, aprobado el pasado martes 29 de septiembre, reeditó la devolución extraordinaria de veinte céntimos por litro consumido, vigente hasta el 31 de diciembre, la misma cuantía aplicada desde el arranque de la crisis energética derivada del conflicto en Irán.
Según datos del Ministerio de Agricultura recogidos por Unión de Uniones, el gasóleo agrícola sin impuestos ha pasado de 0,734 euros por litro antes de la guerra a 1,196 euros a finales de septiembre, un encarecimiento de 46,2 céntimos. Compensar el 70% de ese gasto extra exigiría algo más de 32 céntimos por litro, muy por encima de los veinte que reconocen las devoluciones.
La organización agraria ha proyectado ese cálculo hasta el 31 de diciembre: el sobrecoste acumulado por la compra de gasóleo B desde marzo rondará los 576 millones de euros para el conjunto del sector. El 70% de esa cantidad asciende a 403 millones, frente a los 159 millones efectivamente desplegados por el Gobierno en devoluciones extraordinarias, de los que 52 corresponden al último real decreto. La diferencia de 244 millones es el hueco que, según Planas, no existiría.
El Partido Popular ha hecho un cálculo paralelo centrado en lo que resta de año. Según sus cifras, el tercer paquete de ayudas al combustible agrícola, dotado con 52 millones, cubriría apenas el 33% de la inflación que soportarán los agricultores hasta diciembre, que los populares cifran en 155 millones al cruzar estimaciones de consumo nacional con los precios en surtidor. El sector pesquero afrontaría un desajuste similar: a los 15 millones movilizados el 29 de septiembre les faltan seis para alcanzar el 70% del encarecimiento acumulado entre octubre y diciembre, que el PP sitúa en 21 millones.
La partida con mayor desviación sería la de fertilizantes, fijada en el primer real decreto en 92,5 euros por hectárea de regadío y 38,33 euros por hectárea de secano, con un presupuesto de 665 millones que Planas considera suficiente para cubrir el 70% de la inflación de estos insumos. El cierre del estrecho de Ormuz, paso por el que transita hasta un 35% de los insumos que la industria agroquímica emplea para fabricar abonos, habría disparado el sobrecoste de la campaña hasta los 1.287 millones, según el cálculo popular. El 70% de esa cifra equivale a 901 millones, frente a los 665 presupuestados y los 494 ya ejecutados.
Las organizaciones agrarias llevan semanas advirtiendo de que el mecanismo distingue únicamente entre secano y regadío, una categorización que consideran de trazo grueso frente a la disparidad real de gastos de abonado entre cultivos.
PNL registrada el 11 de septiembre
El Partido Popular presentó el pasado 11 de septiembre una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a recalcular las ayudas al sector primario. La secretaria nacional de Agricultura del partido, Milagros Marcos, ha trasladado que el asunto volverá a las Cortes el próximo 13 de octubre. La formación reclama elevar las subvenciones hasta el máximo permitido por la Unión Europea, establecer un mecanismo que evite que los beneficiarios tengan que adelantar al Fisco las rebajas tributarias al gasóleo mediante el sistema de solicitud de devolución, y eliminar temporalmente el IVA de la cesta básica para contener el precio final de los alimentos.
Las reclamaciones del campo se añaden a otros frentes abiertos con el sector productivo, como el que atraviesa la nueva Ley de Extranjería, que no ha resuelto las demandas de mano de obra temporal del medio rural. La cita del 13 de octubre en las Cortes medirá si el Gobierno acepta rehacer las cuentas que da por cerradas.
