El Partido Popular no descarta presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero la dirección nacional, con sede en la calle Génova de Madrid, considera que el momento actual no es propicio para activarla. La razón es estrictamente aritmética: sin el concurso del PNV y de Junts —partidos cuyo apoyo resultó decisivo para la investidura de Sánchez en noviembre de 2023 y que mantienen interlocución activa con el Ejecutivo— los votos no alcanzan el umbral constitucional exigido. La moción, por tanto, permanece sobre la mesa como instrumento de presión, no como hoja de ruta parlamentaria.
La aritmética que bloquea la operación
El artículo 113 de la Constitución española de 1978 exige para la aprobación de una moción de censura el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados: 176 escaños. El mecanismo es además constructivo, lo que obliga al grupo promotor a designar simultáneamente un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Sin el PNV y Junts en el bloque opositor, el PP y Vox —los dos principales partidos de la oposición— no alcanzan por sí solos ese umbral. Esa constatación es el punto de partida del análisis que hace Génova.
El problema estructural pasa por Vox, formación liderada por Santiago Abascal que constituiría, en términos numéricos, el primer socio natural de los populares en una hipotética moción. Pero esa suma sigue siendo insuficiente. Tanto el PNV como Junts han condicionado históricamente su apoyo parlamentario a contrapartidas que difícilmente encajan con un gobierno en el que Vox tuviera influencia o protagonismo. El PP ha gobernado en coalición con Vox en varias comunidades autónomas, pero mantiene con esa formación una relación tensa en el plano nacional, lo que añade una variable política a la puramente numérica.
La moción como activo de presión, no de ejecución
La lógica que describe el material analizado es la de aprovechar la amenaza latente para condicionar el comportamiento del Ejecutivo: lo que las fuentes de ese material denominan hacer negocio con la ansiedad de Sánchez. En los sistemas parlamentarios de Europa occidental, la existencia de una moción potencial —aunque sea remota— altera el cálculo de los actores: obliga al Gobierno a medir el coste de cada decisión, refuerza la posición negociadora de la oposición y, en ocasiones, acelera los plazos de convocatoria electoral. Génova apuesta por ese efecto sin asumir el coste político y parlamentario de una derrota anunciada.
Un indicador de que la operación está en fase de estudio, no de ejecución, es la ausencia de candidato. Una moción de censura constructiva exige designar públicamente a quien aspiraría a presidir el Gobierno. El PP no ha nombrado a ninguna persona para ese rol en el escenario actual. En el pasado reciente, los partidos que han activado mociones de censura lo han hecho, en general, tras un trabajo previo de construcción de mayorías o de cálculo del impacto electoral, aunque la moción estuviera destinada a no prosperar.
Tres precedentes desde la restauración democrática
El mecanismo ha sido utilizado en tres ocasiones desde 1978. En 1980, el PSOE presentó una moción contra Adolfo Suárez que no prosperó. En 1987, el grupo de coalición liderado por Antonio Hernández Mancha intentó desalojar a Felipe González sin éxito. La única moción que culminó con un cambio de gobierno fue la de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy con el respaldo de partidos de distinto signo ideológico, incluidos Podemos, PNV y varios grupos independentistas, sumando exactamente 180 votos. Aquel precedente ilustra que la aritmética puede recomponerse en plazos breves si las circunstancias políticas lo facilitan.
El marco normativo y el procedimiento aplicable
Además del artículo 113 de la Constitución, el procedimiento está desarrollado en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso de los Diputados. La moción debe ser suscrita por al menos una décima parte de los diputados —35 escaños— y no puede votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación. Durante ese intervalo, pueden presentarse mociones alternativas. Si la moción es rechazada, los firmantes no pueden presentar otra nueva durante el mismo período de sesiones. Esta restricción añade un coste adicional a cualquier operación que no cuente con garantías previas de mayoría.
Las variables que podrían alterar el cálculo
El escenario que congela la iniciativa popular no es estático. La estabilidad de los acuerdos de Sánchez con sus socios, la evolución de los apoyos parlamentarios del Gobierno y el posicionamiento de Junts y del PNV ante eventuales incumplimientos de los pactos que sostienen la legislatura son las variables que Génova monitoriza. Si alguno de esos pilares se debilitara de forma significativa, la aritmética podría alterarse y abrir una ventana que hoy el PP no ve. Ni el PNV ni Junts han manifestado públicamente disposición a respaldar una alternativa articulada con Vox, lo que fija el límite actual de la operación.
Hasta que esas condiciones cambien, la moción de censura permanece en el instrumental del PP como amenaza diferida: presente en el discurso, calculada en su efecto sobre el Ejecutivo, ausente en la agenda parlamentaria. El plazo en que podría activarse depende de factores externos a la voluntad de Génova, lo que convierte la estrategia actual en una apuesta por el desgaste progresivo del Gobierno más que por una confrontación directa en el hemiciclo.
