El trabajo, difundido en pleno verano de 2026, se suma a una línea de investigación que en los últimos años ha ido ajustando al alza el riesgo sanitario derivado del calentamiento global. Su aportación radica en el énfasis puesto sobre la población de mayor edad, un colectivo cuya vulnerabilidad fisiológica al calor está bien documentada pero que hasta ahora no había sido objeto de una modelización tan detallada a escala global. Los autores, citados en la difusión de sus conclusiones, subrayan que "muchas más personas estarán en riesgo" de lo que sugerían los cálculos previos.
La razón de fondo es biológica: el envejecimiento deteriora la capacidad del organismo para regular la temperatura interna, un mecanismo conocido como termorregulación. Con la edad disminuye la sudoración eficaz, se reduce el flujo sanguíneo hacia la piel y el sistema cardiovascular tiene más dificultades para responder al estrés térmico. A esto se suman condiciones crónicas —hipertensión, diabetes, enfermedades cardiorrespiratorias— y el consumo de ciertos medicamentos, como diuréticos o betabloqueantes, que interfieren en la respuesta del cuerpo al calor. Un episodio térmico que una persona joven toleraría sin apenas consecuencias puede resultar letal para un mayor de 60 o 70 años.
El estudio no se limita a describir el problema, sino que lo cuantifica con proyecciones ligadas a distintos escenarios de calentamiento, en la línea de los trabajos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo de Naciones Unidas que desde su creación en 1988 coordina la evaluación científica internacional sobre el clima. El umbral de 1,5 grados remite directamente al objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, adoptado en la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y ratificado por España en 2017.
Según los datos de la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura media global ya se sitúa en el entorno de 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales, con años puntuales que han rozado o superado transitoriamente el umbral de 1,5 grados a causa de fenómenos como El Niño. La distancia entre la situación actual y el escenario que analiza el estudio sería, por tanto, más corta de lo que buena parte de la población asume, lo que explica la advertencia de los investigadores sobre la necesidad de anticipar políticas de adaptación.
El precedente de la ola de calor de 2003
España no es ajena a este debate. El verano de 2003 marcó un antes y un después en la percepción pública del riesgo del calor sobre la salud, después de que una ola de calor extrema causara, según estimaciones epidemiológicas recogidas por el Instituto de Salud Carlos III, varios miles de muertes atribuibles al exceso de temperatura en todo el país, con una incidencia especialmente alta entre los mayores de 65 años. Aquel episodio impulsó la creación de los planes de prevención de efectos del exceso de temperaturas, que el Ministerio de Sanidad activa cada año entre junio y septiembre y que incluyen avisos coordinados con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Desde entonces, los sistemas de vigilancia epidemiológica del calor se han perfeccionado. Aun así, los balances anuales de mortalidad atribuible a temperaturas extremas que el Ministerio de Sanidad elabora desde 2004 muestran que los fallecimientos vinculados al calor tienden a dispararse en los veranos más severos, en paralelo al aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor documentado por la Aemet en sus series históricas.
La investigación publicada esta semana añade una capa al proyectar el fenómeno a escala planetaria y con foco en el envejecimiento demográfico. Según Naciones Unidas, la población mundial de 60 años o más superaba los 1.100 millones de personas en 2023 y se prevé que se duplique hacia mediados de siglo, lo que multiplicaría el número de expuestos al riesgo descrito incluso si el ritmo de calentamiento se estabilizara. La Organización Mundial de la Salud viene señalando el calor extremo como una de las principales amenazas sanitarias asociadas al cambio climático, junto a la propagación de enfermedades vectoriales y la inseguridad alimentaria.
No todos los expertos en salud pública coinciden en el peso relativo que debe darse a la edad frente a otros factores de vulnerabilidad, como la pobreza energética, el aislamiento social o la falta de acceso a espacios climatizados, variables que en países como España condicionan de forma decisiva quién sufre más los efectos de una ola de calor con independencia de su edad biológica. Distintos estudios de salud pública han insistido en que la vulnerabilidad térmica es también una cuestión socioeconómica, no solo fisiológica.
En el plano normativo, la Unión Europea ha incorporado la salud térmica a sus estrategias de adaptación, en particular a través de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático adoptada por la Comisión Europea en 2021, que insta a los Estados miembros a reforzar los sistemas de alerta temprana y a proteger a los colectivos vulnerables, entre ellos explícitamente la población mayor. España trasladó parte de estos compromisos a su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La comunidad científica reclama, con distinta intensidad, una revisión de los protocolos hospitalarios y de atención primaria para la temporada estival, así como una mejora en la habitabilidad térmica de las viviendas donde residen las personas mayores. Es un factor que en España cobra especial relevancia por un parque residencial envejecido y con escasa eficiencia energética, según los diagnósticos del Instituto Nacional de Estadística sobre las condiciones de la edificación.
De cara a los próximos meses, la publicación de este tipo de estudios suele coincidir con el calendario de negociaciones climáticas internacionales, marcado en 2026 por el seguimiento de los compromisos adoptados en las sucesivas conferencias de las partes de Naciones Unidas. Las organizaciones científicas presionan para que los gobiernos incorporen umbrales de riesgo sanitario, como los descritos en esta investigación, a sus políticas de adaptación antes de que el calentamiento alcance de forma sostenida el nivel de 1,5 grados.
