Según las fuentes del sector consultadas, el formulario enviado este verano pediría a los colectivos un compromiso explícito de apoyo a los objetivos del pacto, sin que quede claro qué consecuencias tendría no cumplimentarlo. El Pacto de Estado por el Clima y la Transición Energética, impulsado por el Gobierno como marco de consenso entre administraciones, empresas y sociedad civil, lleva tiempo intentando sumar adhesiones formales de organizaciones profesionales, ONG y entidades territoriales.
Varios representantes de ingenieros forestales y de montes habrían expresado su malestar porque, según relatan, remitieron propuestas técnicas al MITECO durante la elaboración de planes de prevención de incendios y gestión forestal sin recibir respuesta ni acuse de recibo detallado. Ese silencio, sostienen estas fuentes, contrasta con la premura con la que ahora se les reclamaría la firma de adhesión al pacto climático.
El temor a integrar lo que estos profesionales describen como una "lista negra" de colectivos no adheridos habría calado entre quienes dependen de convenios, subvenciones o convocatorias públicas vinculadas a la gestión forestal y la prevención de incendios, un ámbito que ha cobrado protagonismo tras los graves episodios de fuegos registrados en distintas comunidades autónomas en los últimos veranos.
El PP ha rebatido la existencia de presiones o de un mecanismo de represalia formal y ha reclamado al Gobierno transparencia sobre los criterios empleados para seleccionar a los colectivos convocados a firmar el documento. Fuentes del principal partido de la oposición sostienen que la Administración no puede condicionar la interlocución técnica con el sector forestal a la suscripción de compromisos de carácter político.
El Ministerio para la Transición Ecológica no ha confirmado públicamente el contenido exacto del formulario ni ha respondido de forma detallada a las críticas trasladadas por los colectivos afectados. Tampoco ha precisado si la falta de adhesión conllevaría alguna consecuencia práctica en el acceso a fondos, convenios de colaboración o participación en órganos consultivos vinculados a la política forestal y climática.
El marco competencial y el precedente de los pactos de Estado
España cuenta con una tradición limitada de grandes pactos de Estado que sobrevivan a los cambios de mayoría parlamentaria. El más citado como referencia es el Pacto de Toledo sobre pensiones, suscrito en 1995 y renovado en sucesivas ocasiones con apoyos transversales, aunque no exento de fricciones sobre su cumplimiento efectivo. El Pacto de Estado por el Clima y la Transición Energética, con la vista puesta en un consenso a largo plazo, ha carecido del respaldo unánime de todas las fuerzas parlamentarias.
La política de prevención de incendios forestales se rige en España por la Ley 43/2003, de Montes, y sus sucesivas modificaciones, que atribuyen a las comunidades autónomas competencias ejecutivas en materia de gestión forestal, mientras el Estado conserva funciones de coordinación, financiación de programas y elaboración de estrategias nacionales. Esta distribución competencial explica en parte la tensión entre administraciones y colectivos técnicos sobre quién define las prioridades de la política forestal.
Los ingenieros forestales llevan años reclamando mayor peso en el diseño de las políticas de prevención, alertando de lo que expertos del sector han descrito como "analfabetismo del paisaje": la pérdida de gestión activa del monte mediterráneo, el abandono de aprovechamientos tradicionales como el pastoreo o la silvicultura, y el consiguiente acúmulo de biomasa combustible que agrava el riesgo de grandes incendios en episodios de sequía y olas de calor.
Organizaciones ecologistas y sindicatos del sector forestal han pedido en los últimos años una ley de prevención de incendios de ámbito estatal que dote de más medios permanentes a los operativos de extinción, frente al modelo que combina personal fijo con refuerzos estacionales durante la campaña de verano. El Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido en distintas comparecencias parlamentarias el incremento de la inversión en prevención, sin que existan cifras oficiales recientes desglosadas por comunidad autónoma que permitan una comparación homogénea del gasto.
El episodio del formulario se produce en un contexto de posiciones enfrentadas entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición sobre el ritmo de la transición energética, la fiscalidad verde y el reparto de competencias medioambientales entre el Estado y las comunidades autónomas.
A partir de ahora, el foco estará en si el MITECO ofrece explicaciones detalladas sobre el procedimiento seguido para remitir el formulario y sobre las consecuencias, si las hubiera, de no suscribirlo. También será relevante comprobar si los colectivos de ingenieros forestales logran reabrir un canal de interlocución técnica sobre sus propuestas de gestión del monte antes del inicio de la próxima campaña de alto riesgo de incendios, previsiblemente en la primavera de 2027.
