"Es una evidencia que no teníamos información. Si la tienes, no entran 50.000 personas de la forma en que lo han hecho en 24 horas", reconoce un alto miembro del Ejecutivo. La frase, recogida por fuentes gubernamentales, resume el escaso margen de reacción de las autoridades españolas ante una crisis que se desató casi de un día para otro.
Otro miembro del Gobierno admite que la alerta no se activó hasta que resultó prácticamente imposible contenerla. "Esos días nadie hablaba de Ceuta. Había una lluvia fina de entradas y estábamos pendientes, hasta que prácticamente de un día para otro reventó", señala esta fuente, que apunta a un patrón de incremento gradual no interpretado a tiempo como el preludio de un movimiento masivo.
La coincidencia temporal con los incendios fue determinante. Durante la semana previa al episodio, la atención del Ministerio del Interior, de otros departamentos y de la propia Presidencia estuvo volcada en los operativos de extinción y en la asistencia a las decenas de miles de evacuados en distintas comunidades. En ese contexto, según el relato de las fuentes consultadas, la vigilancia sobre la frontera sur quedó relegada a un segundo plano.
Existieron señales previas que no recibieron respuesta reforzada. Entre ellas figuran los avisos del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, y primeros informes de la Guardia Civil que apuntaban a un repunte de las entradas a nado de migrantes irregulares por el perímetro fronterizo. Ese incremento fue calificado inicialmente como "poco significativo", lo que, según el Ejecutivo, explica la ausencia de un dispositivo preventivo.
Una frontera con historial de crisis diplomáticas
Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, lo que ha convertido a ambas ciudades en puntos históricamente sensibles de la política migratoria española y comunitaria. Su gestión depende de un equilibrio diplomático con Marruecos, país con el que España mantiene una relación marcada por episodios alternos de tensión y distensión ligados, entre otros asuntos, al control de los flujos migratorios.
El precedente más inmediato es el de mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en menos de 48 horas en un episodio que Rabat vinculó a la crisis diplomática abierta por la acogida en España del entonces líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella entrada masiva obligó a intervenir al Ejército y derivó en una reconfiguración de las relaciones bilaterales que culminó, en marzo de 2022, con el reconocimiento por parte de España del plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como base para resolver el conflicto. La cifra que se maneja ahora sería más de seis veces superior a la de 2021 y equivaldría a más de la mitad de los cerca de 83.000 habitantes que el padrón municipal del INE atribuye a la ciudad, de apenas 19 kilómetros cuadrados.
El marco jurídico combina la legislación española de extranjería, el Reglamento europeo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas —gestionado por Frontex— y los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos entre España y Marruecos desde 1992. La aplicación de las llamadas "devoluciones en caliente", amparadas por la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, ha sido objeto de examen ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en episodios anteriores, lo que añade complejidad legal a cualquier respuesta.
El reparto de competencias suma otra dificultad. El control de fronteras corresponde al Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil, mientras que la acogida humanitaria recae en buena medida sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta, con apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esa dispersión de responsabilidades se ha señalado en crisis previas como una de las causas de la descoordinación ante picos migratorios repentinos.
El Ministerio del Interior no ha detallado hasta el momento el proceso de toma de decisiones durante los días previos, ni qué protocolos de alerta temprana estaban vigentes o por qué no se activaron pese a los indicios de la Guardia Civil. Presidencia del Gobierno tampoco ha ofrecido una versión oficial que matice las admisiones atribuidas a miembros del Ejecutivo.
El Gobierno de Ceuta, presidido por Vivas, ha reclamado en ocasiones anteriores mayores recursos y una comunicación más fluida con el Ejecutivo central para anticipar movimientos migratorios de gran magnitud. La petición de un sistema de alerta temprana más eficaz, coordinado entre la Guardia Civil, las autoridades locales y los servicios de inteligencia, ha sido una constante en las relaciones entre ambas administraciones.
Marruecos ejerce un papel determinante en el control de facto de los flujos hacia Ceuta y Melilla, en virtud de acuerdos de cooperación en seguridad y control fronterizo que Rabat ha empleado también como instrumento de presión diplomática. Esa cooperación ha sido calificada de esencial por responsables españoles y europeos, dada la limitada capacidad de la ciudad para gestionar por sí sola entradas masivas.
La simultaneidad de la crisis migratoria y la emergencia por los incendios plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para gestionar a la vez crisis de distinta naturaleza. Los fuegos que afectaron a amplias zonas del centro y oeste peninsular en julio de 2026 movilizaron a la Unidad Militar de Emergencias, a los servicios autonómicos de extinción y a efectivos de países vecinos a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, absorbiendo buena parte de la capacidad operativa del Gobierno durante días.
A partir de ahora, cabe esperar que el Congreso de los Diputados solicite comparecencias de la titular de Interior y de otros responsables para esclarecer la cadena de decisiones adoptadas antes y durante el episodio. El desenlace de esa fiscalización parlamentaria y las eventuales medidas correctoras en materia de coordinación y alerta temprana determinarán si el episodio se traduce en cambios estructurales en la gestión de la frontera sur.
