Galmés situó el freno al crecimiento poblacional y a la saturación turística entre los objetivos prioritarios de esta nueva etapa de gobierno. «Por primera vez, en Mallorca se están impulsando medidas transversales, que ponen en primer lugar a los residentes, y de contención, ante el crecimiento poblacional y la saturación en determinados lugares y momentos del año», afirmó el presidente del Consell durante la presentación del plan de trabajo.
La medida central de este periodo será la fijación de un techo de entrada de vehículos en la isla, tanto para coches particulares como para los de alquiler. Según explicó Galmés, el límite concreto quedará definido una vez concluya el estudio de capacidad de carga que la institución tiene en elaboración, y su aplicación efectiva está prevista para la próxima temporada turística.
Un pleno decisivo el 9 de septiembre
El siguiente paso llegará el próximo 9 de septiembre, cuando el Parlament balear celebre el primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Galmés defenderá ese día la toma en consideración de la proposición de ley que habilitará al Consell para aplicar la regulación, un trámite parlamentario imprescindible antes de que la norma pueda seguir su recorrido legislativo hacia la aprobación definitiva. La toma en consideración es la votación inicial con la que la Cámara decide si admite a debate una proposición de ley; su rechazo la tumbaría de raíz.
El presidente insular reclamó un consenso político amplio en la Cámara autonómica, similar al que, según indicó, se alcanzó en el propio Consell de Mallorca cuando la iniciativa fue aprobada el pasado 5 de junio. La tramitación se realizará por la vía de urgencia, un procedimiento que reduce a la mitad los plazos habituales de aprobación parlamentaria. El Consell no detalló públicamente qué grupos respaldarían la iniciativa en el Parlament, donde la mayoría necesaria condicionará el calendario de entrada en vigor.
La limitación de vehículos en las islas no es una figura inédita en el ordenamiento balear. El Govern balear dispone de competencias en materia de movilidad sostenible desde la Ley autonómica de Cambio Climático y Transición Energética de 2019, que abrió la puerta a restricciones de tráfico rodado en zonas saturadas. Formentera, además, aplica desde 2019 un régimen estacional de limitación de entrada y circulación de vehículos, un antecedente que sirve de referencia para el modelo insular que ahora plantea Mallorca con mayor alcance.
Más allá de la regulación del tráfico rodado, el gobierno insular avanzó otras actuaciones para los próximos meses. Entre ellas figura la ejecución del Plan de Mejora de los Accesos a Palma, dotado con 164 millones de euros, que incluirá el inicio de las obras de la rotonda de la carretera de Sóller y del primer tramo del Segundo Cinturón de la capital balear, dos infraestructuras destinadas a descongestionar la entrada a la ciudad.
En el ámbito turístico, el Consell mantendrá su apuesta por un modelo de turismo responsable y anunció un refuerzo de la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos y vehículos. Galmés aseguró que la institución contará con más efectivos y recursos que en anteriores legislaturas para perseguir estas actividades, con el objetivo declarado de favorecer la convivencia entre población residente y visitantes en los meses de mayor afluencia.
El área de Bienestar Social también concentrará parte de la agenda del otoño. El Consell prevé poner en marcha el programa Ca Meva en el edificio de las Germanetes de Palma, dentro del Plan de Acceso a la Vivienda para Personas con Discapacidad, que contempla la creación de 300 plazas hasta 2027 con una inversión de seis millones de euros. La institución añadió que reforzará los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Galmés reiteró además varias reivindicaciones pendientes ante el Gobierno central, entre ellas la firma de un convenio de carreteras y la devolución de 350 millones de euros que, según defendió el presidente insular, «pertenecen a todos los mallorquines». Se trata de una reclamación recurrente de sucesivos gobiernos del Consell, vinculada a inversiones estatales en la red viaria de la isla. El Ejecutivo central no había respondido públicamente a este planteamiento en la jornada de este miércoles.
El presidente insular incluyó también la gestión de la crisis migratoria entre las cuestiones que el Consell seguirá planteando al Ejecutivo central, al considerar que Mallorca afronta en solitario buena parte de la presión derivada de las llegadas de embarcaciones a sus costas. La política migratoria y de asilo corresponde en última instancia al Estado, mientras la atención a los menores no acompañados recae en las administraciones autonómicas e insulares.
El Consell cifró en más del 95% el grado de cumplimiento de los acuerdos de gobierno alcanzados al inicio de la legislatura, un balance que la institución presentó como aval de su gestión, aunque sin detallar la metodología empleada para ese cálculo ni los puntos concretos aún pendientes de ejecución. La agenda cultural del otoño incluirá, según avanzó el gobierno insular, la culminación de varios proyectos en preparación, entre ellos una exposición vinculada a la actividad extractiva histórica de la isla, sin fecha ni sede precisadas.
El calendario de los próximos meses queda marcado por dos citas: el pleno del Parlament balear del 9 de septiembre, en el que se decidirá si la proposición de ley sobre entrada de vehículos avanza en su tramitación, y la conclusión del estudio de capacidad de carga de la isla, del que dependerá el techo numérico exacto que finalmente se aplique de cara a la próxima temporada.
