El bloque de pensionistas del PSOE se divide entre un 30,8% de jubilados que trabajaron previamente y un 4,8% que nunca tuvo empleo, de modo que más de un tercio de su electorado se encuentra en alguna de esas dos categorías. El desempleo también pesa más entre los socialistas: el 10,1% de sus votantes de 2023 está en paro, frente al 6,9% del PP y el 9,2% de Vox, según el mismo barómetro.
Los estudiantes tienen un peso reducido en los tres partidos —1,5% entre los socialistas, 1,7% entre los populares y 1,4% entre los de Vox—, mientras que un 4,8% del electorado del PSOE realiza trabajo doméstico no remunerado y un 2,7% figura en «otra situación».
La composición ayuda a explicar el peso que las pensiones y los jubilados ocupan en la comunicación pública de Pedro Sánchez, que ha recurrido de forma reiterada a este colectivo en sus mensajes y en sus enfrentamientos con la oposición durante la legislatura.
El episodio más visible se produjo en enero de 2026, cuando Junts votó junto al PP contra un decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones. Sánchez difundió entonces un vídeo en redes sociales en el que acusó al PP de tomar como «rehenes» a los jubilados, pese a que Junts también había contribuido con su voto a tumbar la norma.
«Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores», afirmó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
En aquel mismo mensaje, Sánchez se dirigió a los jóvenes para advertir de que sus abuelos podían perder «más de 500 euros al año» si prosperaban los planteamientos de la oposición.
Estabilidad pese a las crisis judiciales
Los datos aportan contexto a la resistencia que el PSOE ha mostrado en distintos sondeos durante una legislatura marcada por investigaciones judiciales y crisis políticas, incluida la que ha llevado a Sánchez a preparar su comparecencia ante la ONU para explicar su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Antes de esos últimos acontecimientos, varias encuestas situaban al partido en torno a los 113 diputados, cifra similar a la registrada tras la aprobación de la ley de amnistía.
Uno de los mayores golpes demoscópicos llegó tras conocerse el informe de la Guardia Civil que implicó a Santos Cerdán en un presunto caso de cobro de comisiones vinculado a adjudicaciones de obra pública, cuando algunas estimaciones situaron al PSOE alrededor de los 105 diputados. Sociométrica llegó a colocar a los socialistas en 99 escaños y en torno al 25% de intención de voto, una caída que se prolongó varios meses antes de que el partido recuperara terreno.
En mayo de 2026, una ponderación de distintos sondeos volvía a situar al PSOE en torno a los 113 diputados y el 27% de los votos, un nivel que apunta a que el desgaste de los casos judiciales no se trasladó con la misma intensidad a la intención de voto de su electorado de mayor edad.
