El itinerario de Blanche hasta el despacho más alto del Departamento de Justicia estadounidense ilustra el reordenamiento del aparato judicial federal bajo la segunda Administración Trump. Penalista con paso previo por la fiscalía federal de Manhattan, Blanche se incorporó al equipo de defensa del entonces expresidente en 2023, cuando este afrontaba varias causas penales simultáneas, entre ellas la relativa al pago de 130.000 dólares a la actriz Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, para silenciar una relación que ella sostenía haber mantenido con Trump antes de las elecciones de 2016.
Aquel caso, instruido por la Fiscalía del Distrito de Manhattan y presidido por el juez Juan Merchan, terminó en mayo de 2024 con un jurado popular que declaró a Trump culpable de 34 delitos de falsificación de registros comerciales, la primera condena penal de un expresidente en la historia del país. Blanche no logró evitar el veredicto, pero sí que la pena, dictada en enero de 2025, se limitara a una condena incondicional, sin cárcel, multa ni libertad vigilada, una resolución que el propio Merchan vinculó a la investidura inminente de Trump para su segundo mandato.
El resto de causas que pesaban sobre él —la injerencia en las elecciones de 2020 en Georgia y la federal por la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago— quedaron archivadas o suspendidas tras su regreso a la Casa Blanca, en aplicación del criterio del Departamento de Justicia según el cual un presidente en ejercicio no puede ser procesado penalmente mientras ostenta el cargo. Ese principio, plasmado en memorandos de la Oficina de Asesoría Legal de 1973 y 2000, nunca ha sido refrendado de forma expresa por el Tribunal Supremo, pero ha marcado la práctica del Ejecutivo durante más de cinco décadas.
La salida de Pam Bondi, que había asumido la Fiscalía General en febrero de 2025, se habría producido por su manejo de la documentación vinculada a Jeffrey Epstein, el financiero fallecido en 2019 mientras estaba bajo custodia federal acusado de tráfico sexual de menores. Bondi prometió en su toma de posesión transparencia total sobre esos archivos, una promesa que generó expectación entre sectores del propio electorado de Trump y que, según habría trascendido, no se habría cumplido en los términos anunciados. A ello se sumaría la percepción en el entorno presidencial de que Bondi no habría impulsado con suficiente celeridad investigaciones contra figuras opositoras señaladas por el presidente en distintas comparecencias públicas.
El cargo que Blanche está llamado a ocupar concentra en Estados Unidos funciones que en otros sistemas aparecen repartidas: dirige el Departamento de Justicia, supervisa al FBI y actúa como principal asesor legal del Ejecutivo, lo que lo convierte en una pieza especialmente sensible para cualquier presidente. La condena de mayo de 2024 conserva efectos jurídicos vigentes: aunque no comportó privación de libertad, consta en el historial penal de Trump y se ha invocado en litigios civiles paralelos, incluidos los promovidos por la propia Stormy Daniels y por la escritora E. Jean Carroll, cuyo caso por difamación y agresión sexual, resuelto en 2023 con una indemnización millonaria confirmada en apelación, transcurrió por vías separadas ante tribunales de Nueva York.
Una confirmación en el Senado sin obstáculos previstos
El Senado deberá ratificar el nombramiento mediante el procedimiento ordinario de audiencias en el Comité Judicial, previsto en el artículo II de la Constitución para los cargos de gabinete. La mayoría republicana en la cámara alta, resultante de las elecciones de noviembre de 2024, hace previsible una confirmación sin obstáculos significativos, en un escenario muy distinto al de anteriores titulares del cargo que afrontaron procesos más disputados, como Loretta Lynch en 2015 o Merrick Garland en 2021.
Organizaciones de defensa de la independencia judicial, como el Brennan Center for Justice, han expresado su preocupación por la concentración de perfiles con vínculos personales directos con el presidente en los puestos de mayor responsabilidad del Departamento de Justicia, una institución que desde el escándalo Watergate, en los años setenta, se dotó de mecanismos de autonomía frente a la Casa Blanca, entre ellos la tradición —no siempre respetada— de limitar el contacto directo entre el fiscal general y el Despacho Oval sobre casos concretos.
El caso Epstein, cuyo archivo documental sigue siendo objeto de solicitudes de desclasificación por parte de legisladores de ambos partidos, continuará bajo escrutinio del Congreso con independencia del relevo en la Fiscalía General. Varias comisiones han reclamado en los últimos meses la publicación íntegra de registros de vuelos, contactos y transacciones vinculados al financiero, en un proceso que combina expedientes ya desclasificados parcialmente en 2024 con documentación que el Departamento mantiene bajo secreto por investigaciones conexas todavía abiertas.
La confirmación de Blanche, de producirse en los términos previstos, marcará el segundo relevo en la Fiscalía General en apenas dieciocho meses de mandato, un ritmo de rotación sin parangón reciente desde la Administración de Richard Nixon, cuando la crisis de Watergate provocó la dimisión o destitución de tres altos cargos del Departamento entre 1973 y 1974 en lo que se conoció como la «Masacre del Sábado Noche». La fecha de la comparecencia de Blanche ante el Comité Judicial no ha sido anunciada.
