Un real decreto ley entra en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero el artículo 86 de la Constitución obliga al Congreso a pronunciarse sobre su convalidación o derogación en el plazo de treinta días. Sin esa ratificación, la norma decae y pierde su vigencia, de modo que la negativa de Junts, de confirmarse en la votación, dejaría sin efecto las medidas que el Gobierno pretendía blindar con carácter de urgencia.
El portavoz del PP, Borja Sémper, criticó este jueves en una entrevista en La Mirada Crítica que el Ejecutivo no haya contactado con su partido para negociar la política de vivienda, y situó el origen de la negociación en otros socios parlamentarios. Preguntado por el viaje de Arnaldo Otegi a Waterloo para intentar convencer a Carles Puigdemont de respaldar los textos este viernes, Sémper enmarcó la tramitación en un «vodevil» del presidente Pedro Sánchez, a quien reprochó vivir del «relato» y en la «gestión de crisis permanente».
«El Gobierno está en manos de Otegi, de moral distraída, y de Waterloo», afirmó Borja Sémper, portavoz del Partido Popular.
La tramitación de los decretos se ha visto acompañada por el caso del desahucio de Maricarmen Abascal, convertido en argumento del debate político sobre la vivienda. No es la primera vez que un real decreto en esta materia tensa la mayoría parlamentaria: en enero de 2023, el Gobierno sacó adelante un paquete anticrisis con medidas de vivienda tras una negociación contrarreloj con sus socios, y en diciembre de ese mismo año vio decaer en el Congreso un decreto ómnibus por la fractura de su bloque de investidura, que tuvo que reeditarse días después.
Ayuso pedirá el desalojo de la acampada en Sol
En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que solicitará «medidas cautelarísimas» para desalojar la «acampada ilegal» instalada en la Puerta del Sol. La protesta se enmarca en la misma polémica sobre los desahucios que acompaña a la tramitación de los decretos.
El debate parlamentario sobre vivienda coincide con la atención puesta en Ceuta, donde el Gobierno autonómico precintó este jueves todos los accesos a la playa de Benítez, junto a la planta desaladora, para su desinfección tras varias semanas ocupada por un asentamiento de más de 400 personas en situación irregular. En paralelo se ha confirmado que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, su primera visita a las ciudades autónomas, consensuada con el Ejecutivo.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, celebró la visita y dijo estar «muy contenta» de que el Rey «pueda ir y de que el Gobierno le deje ir». El portavoz de IU, Enrique Santiago, calificó el viaje de «excelente», aunque lamentó que «ya tenían que haberlo hecho hace tiempo». Felipe VI había trasladado a la Casa del Rey el 1 de agosto que seguía «con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos» en Ceuta, y recibió el 6 de agosto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent, donde le expresó su deseo de viajar a la ciudad en cuanto fuera posible.
