De la Espriella, que asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026 y que ya durante la campaña había adelantado su intención de modificar el enfoque de paz y seguridad de su antecesor, formalizó este viernes ese giro. Según el comunicado presidencial, el Gobierno considera agotada la vía del diálogo con estructuras armadas y criminales y opta en adelante por «mecanismos de sometimiento a la Justicia» dentro del marco penal ordinario. «Con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica en el marco de la mal llamada paz total del Gobierno Petro», señaló el mandatario en un texto difundido a través de sus redes sociales.
La medida afecta directamente a la mesa de conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, una facción escindida del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos negociadores pierden el reconocimiento oficial que les había otorgado la Administración Petro. También se clausura el espacio de interlocución sociojurídica con organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, el llamado «Tarimazo», y se retira la acreditación de Isabel Zuleta López como representante en esos contactos.
El presidente cuestionó el uso de lo que calificó como «semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande», en alusión a la etiqueta empleada por la anterior Administración. Y resumió su postura con otro mensaje: «El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales». De la Espriella insistió en que su Gobierno descarta mantener cualquier tipo de interlocución con estructuras que considera criminales.
El presidente detalló que las resoluciones aprobadas se comunicarán al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que reactiven, contra los integrantes de las organizaciones afectadas, las órdenes de captura pendientes y aceleren los trámites de extradición en curso. «Por supuesto las extradiciones que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar», precisó, según el texto difundido por el propio mandatario.
Un procedimiento penal con varios filtros
La Fiscalía General de la Nación, órgano constitucionalmente autónomo encargado de la investigación penal en Colombia, deberá ahora tramitar la reactivación de estos procesos conforme al Código de Procedimiento Penal, mientras que las extradiciones —reguladas por tratados bilaterales, principalmente con Estados Unidos— exigen el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia antes de la firma presidencial definitiva. Ese procedimiento puede prolongarse varios meses, como ha ocurrido en casos previos de exmiembros de estructuras narcotraficantes.
El cambio de rumbo anunciado este viernes no es el primero desde la llegada de De la Espriella al Palacio de Nariño. A finales de agosto de 2026, el Gobierno ya había adoptado decisiones similares contra otros grupos que participaban en los procesos heredados, entre ellos el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lo que sitúa el anuncio de esta semana como una nueva fase de un desmantelamiento gradual iniciado semanas atrás.
La política de «paz total», bandera del Gobierno de Petro desde su llegada al poder en agosto de 2022, pretendía abrir contactos simultáneos con distintas organizaciones armadas e ilegales —desde la guerrilla del ELN hasta disidencias de las FARC y estructuras del crimen organizado urbano— con el objetivo declarado de lograr acuerdos de desarme, sometimiento judicial o paz negociada en un país que arrastra más de seis décadas de conflicto armado interno.
La estrategia atravesó crisis recurrentes durante la legislatura de Petro. La mesa con el ELN sufrió sucesivas suspensiones ante atentados y secuestros atribuidos a esa organización, mientras que las negociaciones con distintas facciones disidentes de las FARC se vieron marcadas por rupturas internas y episodios de violencia que cuestionaron la capacidad del Estado para sostener ceses al fuego verificables. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha documentado en sus informes periódicos estas discontinuidades.
Ciclos de negociación y persecución desde 2005
Colombia ha experimentado ciclos de apertura y cierre de negociaciones con grupos armados: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC bajo la Presidencia de Juan Manuel Santos, y antes los procesos de desmovilización paramilitar de la Ley de Justicia y Paz de 2005, impulsada por Álvaro Uribe. En ambos casos, los cambios de Gobierno trajeron consigo revisiones profundas del enfoque de seguridad, oscilando entre la negociación política y la persecución judicial como ejes de la política de Estado frente al conflicto armado.
Analistas de seguridad y organizaciones de derechos humanos en Colombia han advertido en el pasado que el cierre abrupto de mesas de diálogo sin mecanismos alternativos de desmovilización puede derivar en el fortalecimiento de las estructuras armadas afectadas, que ante la ausencia de incentivos negociadores optan por consolidar su control territorial mediante la violencia. Voces cercanas al Gobierno de Petro, por su parte, defendieron en su momento que la «paz total» constituía una vía para reducir los índices de homicidios y desplazamiento forzado en las regiones más golpeadas por el conflicto.
La decisión de De la Espriella no ha tenido todavía respuesta pública por parte de las organizaciones afectadas, ni del ELN como estructura matriz del Frente Comuneros del Sur. Tampoco ha trascendido una reacción oficial de la Fiscalía General de la Nación ni del Ministerio de Justicia, receptores designados de las resoluciones presidenciales, sobre los plazos concretos en que se reactivarán las órdenes judiciales pendientes.
A partir de ahora, el foco se traslada a la respuesta de los grupos afectados y a la capacidad operativa de la Fuerza Pública colombiana para ejecutar las capturas anunciadas. La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos —principal socio en materia de extradiciones y cooperación antinarcóticos— y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, seguirá de cerca la evolución de un viraje que marca el fin de una de las apuestas más ambiciosas de la reciente política colombiana.
