El anuncio llegó por la misma vía que el mandatario ha usado para comunicar decisiones de gabinete: su cuenta en X. Allí escribió que había conocido "hechos que involucran" a Miranda en "actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes", sin precisar públicamente de qué conductas se trata ni ante qué instancia habrían de esclarecerse.
El nombre de Miranda ya figuraba en el sonajero para el cargo pese a que pesaba sobre él una investigación en la Contraloría General de la República, el organismo que vigila el manejo de los recursos públicos en Colombia. Esa circunstancia fue reportada por la revista Semana en agosto, antes de la posesión, lo que tensiona el episodio: el Gobierno habría nombrado a un funcionario con un antecedente fiscal conocido para, menos de un mes después, forzar su salida invocando la misma clase de sospechas.
El capitán Miranda no es una figura nueva en el Sistema Nacional de Bomberos. Acumula más de dos décadas de trayectoria en la entidad, que ya había dirigido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y se desempeñó como coordinador general del sistema, además de asesor, consultor, instructor y docente en formación para la atención de emergencias. Su hoja de vida incluye una especialización en agentes nucleares, biológicos, químicos y radiactivos (NBQR), con preparación técnica en materiales peligrosos y formación avanzada en gestión de crisis y respuesta antiterrorista.
De La Espriella acompañó la decisión de un mensaje de orden general dirigido a toda su administración. Afirmó que "en mi Gobierno no habrá contemplaciones frente a cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de nuestras instituciones" y añadió que "la simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del Gobierno".
Advertencia pronunciada tras la posesión
Pocos días después de que Lara posesionara a Miranda, el 7 de septiembre, el presidente ya había advertido en términos tajantes sobre la conducta de sus funcionarios.
"Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor: el que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la patria y como tal lo voy a tratar", advirtió el presidente Abelardo De La Espriella.
El desenlace de este sábado confirma que el mandatario está dispuesto a ejecutar esa advertencia incluso cuando el funcionario señalado lleva semanas, no meses ni años, en el puesto.
La figura jurídica empleada es la insubsistencia, un mecanismo administrativo que permite al nominador —formalmente el ministro del Interior— dar por terminado el nombramiento de un funcionario de libre nombramiento y remoción sin que medie un proceso disciplinario previo ni una sentencia. Se trata de una decisión discrecional que no equivale a una sanción penal ni disciplinaria: no presupone culpabilidad de Miranda, que hasta el momento no ha sido vinculado formalmente a una investigación penal más allá de la actuación de la Contraloría mencionada en el proceso de su nombramiento.
El ministro Rodrigo Lara, responsable formal del nombramiento y la remoción de los directores de Bomberos, respondió en cuestión de minutos a la instrucción presidencial. En su cuenta de X escribió escuetamente "Declarado insubsistente en el acto", cerrando con la misma celeridad con que se produjo el nombramiento el breve paso de Miranda por la dirección del organismo.
La Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, coordina a los cuerpos de bomberos voluntarios y oficiales del país y gestiona el Fondo Nacional de Bomberos, mecanismo de financiación de uno de los servicios de socorro más sensibles del territorio por su despliegue en emergencias, incendios forestales y atención de desastres. El episodio reaviva el debate sobre los filtros de verificación de antecedentes en los nombramientos de alto nivel de la administración pública colombiana.
Los recambios abruptos en cargos de dirección de entidades técnicas no son inéditos en la administración colombiana, donde la insubsistencia se ha utilizado como herramienta rápida frente a señalamientos de corrupción, incluso antes de un pronunciamiento judicial o disciplinario en firme. La diferencia en este caso es la brevedad del periodo entre la posesión y la salida: menos de un mes, un plazo que ubica el episodio entre los recambios más veloces de la actual administración.
Mientras no se conozcan los detalles de los "hechos" a los que aludió el presidente, ni una eventual apertura formal de investigación penal o disciplinaria por parte de la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría, el caso de Miranda queda en el terreno de la sospecha administrativa que motivó su remoción, sin que ello implique, hasta ahora, una imputación o acusación formal en su contra.
La salida de Miranda se suma a una serie de episodios recientes que han puesto bajo escrutinio los controles internos de la administración, en línea con casos de gestión cuestionada como el faltante de $5,5 billones en vigencias futuras reportado en la ANI.
La decisión queda sellada con el mensaje del ministro Lara confirmando la insubsistencia "en el acto", mientras las autoridades competentes a las que aludió De La Espriella determinan el alcance real de los hechos señalados.
