La frase presidencial marca una ruptura deliberada con la terminología empleada por gobiernos anteriores. «En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita. Son terroristas y así los vamos a atacar», afirmó De la Espriella en el pronunciamiento citado, presentado por sus voceros como un cambio de doctrina frente al ELN y otras estructuras armadas. El mandatario insistió en que «que quede muy claro, en este país no hay disidentes, grupos subversivos, ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política».
El señalamiento contra alias Silvana Guerrero partió de la periodista Salud Hernández-Mora, quien la describió como «la terrorista más peligrosa» y sostuvo que «debería ser objetivo militar prioritario». Según la comunicadora, la integrante del Frente de Guerra Nororiental sería «cerebro de secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones, desplazamientos y culpable de que muchos jóvenes todavía crean que la guerrilla tiene legitimidad política». Hernández-Mora recordó además su pasado como docente rural: «Ella, que era docente de escuelas rurales, pasó a ser profesora de la muerte», sentenció.
La periodista retomó una entrevista concedida por alias Silvana Guerrero en 2025, en la que, ante la pregunta de si dormía tranquila, respondió: «Sí, claro, estoy en el territorio, me siento segura, conozco el territorio». Al ser interrogada sobre si tenía la conciencia tranquila, contestó: «Claro que sí, claro que sí, súper tranquila». Hernández-Mora utilizó esas declaraciones para cuestionar que, a su juicio, la señalada no muestra arrepentimiento por las acciones de la organización, a la que atribuyó frases como «hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra».
Del lenguaje de la negociación al de la confrontación
El debate sobre cómo nombrar a los grupos armados no es nuevo en Colombia. Desde el proceso de paz con las FARC, adelantado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y formalizado con la firma del Acuerdo Final de 2016 en el Teatro Colón, distintas administraciones han oscilado entre el lenguaje de la negociación política y el de la confrontación militar directa. El gobierno de Iván Duque insistió en calificar como estructuras de crimen organizado a los grupos que no suscribieron acuerdos de paz, mientras que el de Gustavo Petro reabrió mesas de diálogo con el ELN dentro de su política de «paz total».
En ese contexto se inscribe el caso de alias Silvana Guerrero, señalada por su presunta participación en escenarios de interlocución entre el Estado y el ELN. Según los señalamientos, habría estado presente en audiencias con organizaciones sociales realizadas en el marco de las conversaciones de Quito, adelantadas durante el gobierno de Santos, y posteriormente en la delegación del ELN en los acercamientos impulsados por la administración Petro. Ninguna autoridad judicial colombiana ha confirmado públicamente, hasta el momento, actuaciones procesales específicas contra esta persona bajo ese alias.
Las conductas atribuidas —secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones y desplazamientos forzados— están tipificadas en el Código Penal colombiano y son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que mantiene procesos abiertos contra distintas estructuras de esa guerrilla en la jurisdicción penal ordinaria. A diferencia de las antiguas FARC, el ELN no ha suscrito un acuerdo de paz que le permita a sus integrantes acceder a beneficios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que sus miembros responden ante la justicia ordinaria.
El reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales continúa siendo, según reportes de la Defensoría del Pueblo, uno de los fenómenos más graves de victimización infantil en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Chocó, con especial incidencia en zonas de frontera y en corredores estratégicos para economías ilegales. El ELN conserva presencia armada en varios departamentos, con particular fortaleza en el Catatumbo, Arauca y zonas del Chocó, además de una proyección binacional hacia Venezuela que ha sido objeto de señalamientos reiterados por parte de sucesivos gobiernos colombianos.
La retórica del actual Gobierno contrasta con la mantenida durante la administración Petro, que impulsó una mesa de diálogo con el ELN en el marco de la política de «paz total». Esa negociación enfrentó suspensiones sucesivas ante la persistencia de acciones armadas atribuidas a la guerrilla, y a la fecha no se ha anunciado su reactivación bajo el gobierno de De la Espriella.
Voceros del Ejecutivo no han precisado si el cambio de lenguaje implica el cierre definitivo de cualquier canal de negociación con el ELN o si se trata de un giro dirigido a fortalecer la ofensiva militar. Tampoco ha trascendido si existen órdenes de captura vigentes específicamente contra la persona señalada bajo el alias mencionado, ni el Ministerio de Defensa ha confirmado si la reorientación discursiva viene acompañada de una intensificación operativa contra el Frente de Guerra Nororiental. Organizaciones de derechos humanos han advertido en el pasado sobre los riesgos de equiparar automáticamente a toda la militancia de un grupo armado con roles de mando, subrayando la importancia de que los señalamientos individuales sean corroborados por autoridades judiciales antes de derivar en acciones militares contra personas concretas.
El precedente más cercano de un viraje discursivo de esta magnitud se remonta al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que entre 2002 y 2010 impulsó la política de «seguridad democrática» y rechazó sistemáticamente el reconocimiento de estatus político a las guerrillas, en contraste con las administraciones que antes y después exploraron vías de negociación. La alternancia entre ambos enfoques ha marcado buena parte de la historia reciente del conflicto armado colombiano.
En los próximos meses será clave observar si el Ministerio de Defensa anuncia operaciones militares concretas contra los objetivos señalados, si la Fiscalía General de la Nación abre o profundiza investigaciones formales contra la persona identificada bajo el alias mencionado, y si el Gobierno de De la Espriella formaliza el cierre de cualquier canal de diálogo con el ELN o mantiene abierta, al menos nominalmente, la puerta a una eventual negociación futura.