Recluido en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, Sancho detalla a su madre un mecanismo para transferir el dinero a los contactos que, supuestamente, podían sacarle de la cárcel. Según la conversación, le describe el deterioro de su situación dentro del centro, donde convive con reclusos condenados por asesinato a penas superiores a los quince años, y reclama ser trasladado a España.
«Para que duerma tranquilo, no sabes lo que ha sido esta semana. Pues que ya he bajado y prefiero estar en aislamiento que estar ahí abajo con todo el mundo. No es justo. Debería estar en una cárcel en España», dice Daniel Sancho a su madre, según la grabación.
El plan reproducido fijaba una fecha concreta para la salida de prisión: el 15 de noviembre, coincidente con el cumpleaños de Bronchalo. Sancho insiste en esa coincidencia como argumento emocional para presionarla a mover sus ahorros, según el relato, en el que le dice que ese día «abrazas a tu hijo, aquí en Tailandia».
Bronchalo accedió a entregarle el dinero, pero con dos condiciones: que la operación fuera legal y que su hijo le presentara a la persona influyente que debía intermediar en el aval, según la misma fuente. El padre, Rodolfo Sancho, prefirió mantenerse al margen de una gestión que planteaba dudas sobre su legalidad.
Más allá del dinero para la fianza, la conversación recoge otro objetivo explícito: evitar que el caso quedara sujeto al reparto ordinario de jueces y dirigirlo hacia magistrados supuestamente favorables a la defensa.
«Esto es para que mi caso no se vaya a una lotería de jueces que no controlamos, sino que vaya a los jueces que nosotros controlamos (.) es sacarme bajo fianza y el caso pasa a manos de gente de la que nosotros nos podemos fiar», afirma Sancho a su madre, según la grabación.
Daniel Sancho fue condenado en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en la isla de Phangan en agosto de 2023. El procedimiento penal tailandés, de tradición jurídica distinta a la española, contempla figuras como la fianza y la revisión en apelación, aunque la obtención de un aval no implica la revisión del fondo de la condena ni altera el reparto de jueces conforme a la normativa del país asiático.
La grabación se suma a una actualidad judicial marcada por procesos que afectan a ciudadanos españoles, en una semana en la que la Fiscalía también ha reclamado 30.000 euros al IB-Salut por la violación de una paciente en Can Misses.
