Hay una coreografía que Colombia conoce bien: capturas que se anuncian con solemnidad, ruedas de prensa que prometen avances y familias que, mes tras mes, siguen sin un cuerpo que enterrar ni una explicación que cerrar. El caso Peláez no es la excepción. Que los detenidos hayan entregado información no es, en sí mismo, una noticia extraordinaria: es lo que se espera de cualquier investigación que avanza. Lo extraordinario sería que esa información condujera, por fin, a algo verificable.
Conviene no confundir el ritmo procesal con el ritmo humano. Para la Fiscalía General de la Nación, cada dato nuevo es un insumo que se procesa con calma técnica. Para la familia de Camilo Peláez, cada semana sin respuesta es una condena que se cumple sin sentencia. Esa distancia entre el tiempo institucional y el tiempo del dolor es el verdadero expediente de este caso.
No sobra recordar que Colombia arrastra una relación larga con las desapariciones sin explicar. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, calcula en más de cien mil las personas desaparecidas por el conflicto armado, un catálogo de casos que se volvieron sinónimo de espera. La diferencia, esta vez, es que no hay guerrilla ni actor armado identificado en el relato público: hay un ingeniero, una región y una investigación que se mueve, según se ha podido saber, a partir de lo que dicen quienes ya están tras las rejas.
Que la revelación provenga del abogado de las víctimas y no de un vocero oficial dice algo sobre cómo se está gestionando la comunicación de este caso. Las familias, cansadas de esperar boletines institucionales, han aprendido a convertirse en su propia oficina de prensa. No es un gesto menor: es el síntoma de una desconfianza que se construye a fuerza de silencios largos.
El país, mientras tanto, sigue con la vista puesta en otros frentes: el Gobierno de Abelardo de La Espriella aprieta el acelerador en el Congreso para lograr mayorías en el Presupuesto General de la Nación, y las cifras de seguridad —como las 15.401 capturas antidrogas reportadas desde el 7 de agosto— ocupan los titulares con la solemnidad de los números redondos. Camilo Peláez, en cambio, es apenas una pista que se verifica, un nombre que empieza a competir por espacio en la agenda nacional.
Quizás ahí esté la lección incómoda de este caso: en Colombia hay desapariciones que se convierten en política de Estado y desapariciones que dependen de que un abogado hable con la prensa para no desaparecer también de la conversación pública. La nueva pista, si algo enseña, es que la verdad sobre el paradero de Camilo Peláez sigue, por ahora, exactamente donde estaba: en manos de quienes menos interés tienen en soltarla del todo.
