El detonante, reconstruido a partir de publicaciones en redes, se remonta a un vídeo de la creadora de contenido Rocío Camacho, con alrededor de un millón de seguidores, en el que instaba a movilizarse contra la gestión gubernamental de la situación migratoria en Ceuta. Otras influencers de gran seguimiento, como María Pombo o Jessica Goicoechea, se sumaron al mensaje en los días posteriores. Antes de ese episodio, perfiles como Roro o Marta Díaz ya habían protagonizado controversias menores tras sus combates en La Velada, que habían empezado a caldear el clima de crítica.
La reacción no fue la esperada por las propias creadoras. Numerosos usuarios acusaron a estas figuras de trasladar un discurso que calificaron de ambiguo y oportunista, señalando que nunca antes se habían pronunciado sobre asuntos sociales o políticos. "Qué discurso más ambiguo, 'España no sale a la calle', pero no te hemos visto en ninguna manifestación en la vida; entiendo lo que quieres decir pero es un discurso muy populista, estaría bien un poquito de información", escribió uno de los usuarios recogidos en la conversación digital. Comentarios similares hablaban de "populismo", "contenido manipulado" y "falta de información".
La mayoría de las implicadas optó por no responder públicamente a las críticas, y la polémica pareció remitir. Sin embargo, Ceuta volvió a situarse en el centro de la conversación digital cuando el creador Carliyo el Nervio publicó un vídeo en el que sugería que el Gobierno habría empleado la cobertura del eclipse solar para desviar la atención de la crisis fronteriza, una afirmación que no ha sido corroborada por ninguna fuente oficial y que los usuarios interpretaron como un intento de "manipular a su audiencia".
Las acusaciones hacia el creador se multiplicaron de inmediato. Su pareja, Natalia Palacios, intentó salir en su defensa con un mensaje que, lejos de apaciguar la controversia, la amplió al vincularla con su reciente embarazo y con críticas recibidas sobre su maternidad, lo que generó una nueva oleada de comentarios negativos hacia ambos.
En paralelo, el eclipse solar se convirtió en otro foco de tensión. La influencer Violeta Mangriñán cuestionó públicamente la necesidad de utilizar gafas homologadas durante el fenómeno astronómico, en contradicción con las recomendaciones difundidas por especialistas en salud ocular sobre los riesgos de observar directamente la luz solar sin protección certificada. Sus declaraciones fueron interpretadas por parte de la audiencia como un ejemplo adicional de opinión sin respaldo técnico emitida desde una posición de gran alcance mediático.
A partir de estos episodios, la crítica dejó de centrarse en hechos concretos y derivó en una revisión colectiva de comportamientos pasados de otros creadores ajenos a la polémica inicial. Resurgieron controversias como la relativa a un bolso atribuido a Lola Lolita, las vacaciones de Fabiana Sevillano o comentarios pronunciados en su día por Roro sobre Perú, reflotados como parte de un cuestionamiento más amplio sobre la falta de rendición de cuentas del colectivo.
En este contexto ha ganado visibilidad la cuenta @jymitooo, gestionada por un usuario identificado como Jimy, que se ha dedicado a analizar y difundir estas polémicas ante una audiencia creciente. Diversos usuarios le atribuyen un papel relevante como catalizador de la campaña, aunque no existe una dirección centralizada ni un manifiesto formal que articule las demandas del movimiento, que se sostiene en la viralización espontánea de contenidos y comentarios críticos.
Frente a esta ola de cuestionamiento, algunos de los propios afectados han optado por defender públicamente su actividad. Creadores como Javi Hoyos o la propia Fabiana Sevillano han respondido reivindicando la legitimidad de su trabajo y matizando el alcance real de las polémicas que se les atribuyen, en un intento de frenar una narrativa que consideran desproporcionada respecto a los hechos originales.
Un marco legal que persigue la información, no la opinión
La normativa española ofrece un marco parcial para regular algunos de estos comportamientos. La Ley General de Comunicación Audiovisual, vigente desde su reforma de 2022, obliga a los creadores considerados "usuarios de especial relevancia" —aquellos que superan determinados umbrales de audiencia e ingresos— a cumplir obligaciones análogas a las de los medios audiovisuales, incluida la veracidad de la información y la protección de menores. Su aplicación práctica frente a opiniones personales o contenido de entretenimiento continúa siendo objeto de debate jurídico, y no consta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya abierto expedientes vinculados a los episodios citados.
El choque entre creadores con audiencias millonarias y sectores de usuarios que reclaman mayor responsabilidad no es nuevo. En los últimos años el ecosistema digital español ha registrado episodios similares, desde polémicas por publicidad encubierta hasta cuestionamientos sobre la autenticidad de contenidos patrocinados, un debate que se intensificó precisamente durante la tramitación de la citada ley y con la creación en 2020 del registro de prestadores del servicio de intercambio de vídeos.
Ninguno de los organismos públicos aludidos en las polémicas, como el Gobierno o las autoridades sanitarias, ha emitido hasta la fecha un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de manipulación informativa vertidas por los creadores implicados, ni sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta a la que aluden los vídeos que iniciaron la controversia.
La denominada 'caída de los influencers' continúa desarrollándose en redes sin que se aprecie, por el momento, un punto de inflexión claro ni una resolución del conflicto. Su evolución dependerá de si nuevos episodios mantienen viva la atención o si, como ha ocurrido con controversias digitales anteriores, el interés se disipa en las próximas semanas ante la aparición de nuevos focos de conversación.
