Colombia celebró este domingo su primera vuelta presidencial para elegir al sucesor de Gustavo Petro en una jornada que transcurrió sin incidentes graves, según la información disponible al cierre de esta crónica. El candidato Iván Cepeda, senador histórico de la izquierda y figura alineada con el actual mandatario, encabezó un bloque progresista que, de consolidar su ventaja, aspiraría a prolongar el ciclo político inaugurado en 2022, cuando Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia colombiana.
Cepeda y la apuesta por la continuidad
Cepeda acude a estos comicios con un perfil construido durante décadas en el Senado, donde ha centrado su actividad en la investigación del paramilitarismo y la corrupción institucional. Su vinculación directa con Petro le otorga un capital político de continuidad, aunque también le traslada el desgaste acumulado por una administración que, según encuestas publicadas por medios colombianos en los meses previos a la convocatoria, arrastraba índices de desaprobación significativos en los últimos tramos de su mandato. Cepeda defendió durante la campaña la profundización de las reformas sociales impulsadas desde 2022, según la cobertura de los principales medios del país.
Un hecho sin precedente en dos décadas
Que la izquierda colombiana lograra la presidencia en 2022 rompió una hegemonía del centroderecha y la derecha tradicional que se había mantenido de forma ininterrumpida durante más de veinte años. Una victoria de Cepeda supondría, por tanto, un hecho doblemente inédito: no solo la continuidad ideológica en el poder, sino la primera vez que un bloque de izquierda encadena dos mandatos consecutivos en Colombia desde el establecimiento del sistema de elección directa presidencial reforzada por la Constitución de 1991, marco normativo que rige el proceso electoral actual y que fija en cuatro años la duración del mandato con prohibición expresa de reelección inmediata para el mismo candidato, disposición que no afecta a Cepeda pero que sí marcó el final del ciclo de Petro.
En el contexto regional, la denominada segunda ola progresista latinoamericana llevó al poder a gobiernos de izquierda en México, Brasil, Chile y Honduras en un período comprendido entre 2018 y 2022, según el análisis de organismos como la CEPAL y centros de estudios políticos de la región. Colombia, que se sumó tarde a ese ciclo, afronta ahora la pregunta de si ese giro tiene capacidad de reproducirse electoralmente o si, como ocurrió en Argentina en 2023 con la victoria de Javier Milei o en Chile con el rechazo en referéndum a la nueva Constitución ese mismo año, el desgaste gubernamental abre paso a la alternancia.
El peso estratégico del resultado
Colombia es la tercera economía de América Latina por tamaño del PIB, por detrás de Brasil y México, según datos del Fondo Monetario Internacional correspondientes a 2024. Es, además, uno de los principales socios estratégicos tanto de la Unión Europea —con quien mantiene un Acuerdo de Asociación en vigor desde 2013— como de Estados Unidos, con quien comparte el Tratado de Libre Comercio en vigor desde 2012. El resultado condicionará la orientación de la política exterior colombiana, la gestión del proceso de paz derivado del Acuerdo de La Habana de 2016 con las antiguas FARC —cuya implementación avanza de forma desigual según los informes anuales de la Misión de Verificación de la ONU—, y las relaciones comerciales bilaterales con Washington y Bruselas.
La economía colombiana presenta tensiones estructurales que cualquier gobierno entrante deberá gestionar. Según datos del Banco Mundial y del DANE —el instituto estadístico nacional— publicados en 2024, Colombia mantiene una dependencia significativa de los ingresos por hidrocarburos, sector que representó en torno al 40% de las exportaciones totales del país en los últimos ejercicios, una exposición que el propio Gobierno Petro intentó reducir mediante una política de transición energética que generó fricciones con el sector privado y con Washington.
La jornada y el marco normativo
La celebración sin incidentes reseñables constituye en sí misma un dato con valor propio en un país con una prolongada historia de violencia política y electoral. Colombia sufrió durante décadas presiones sistemáticas sobre el voto en territorios bajo control de grupos armados, un fenómeno documentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) en sucesivos informes. La normalidad de la jornada funciona, por tanto, como indicador de la capacidad institucional del Estado para garantizar el proceso democrático al margen del resultado.
El procedimiento aplicable está regido por la Constitución de 1991 y el Código Electoral colombiano, que establecen un sistema de doble vuelta: si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en primera ronda, los dos más votados concurren a una segunda vuelta celebrada tres semanas después. La Registraduría Nacional del Estado Civil es el organismo responsable del escrutinio oficial, cuyos resultados definitivos tienen carácter vinculante una vez superados los plazos de impugnación previstos en la normativa.
Tensiones estructurales que heredará el próximo gobierno
Más allá del resultado electoral, el gobierno que tome posesión en agosto de 2025 heredará un conjunto de tensiones sin resolver. La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC continúa inconclusa en aspectos clave como la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos, según los informes del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, organismo encargado del seguimiento técnico del acuerdo. A ello se suma la presencia activa de disidencias de las FARC, el ELN y grupos narcoparamilitares en zonas rurales, lo que convierte la seguridad en una variable electoral y de gobernabilidad de primer orden.
El bloque opositor a Cepeda —cuya composición y candidaturas no permite detallar la información verificada disponible al cierre de esta edición— sostuvo durante la campaña posiciones críticas con la gestión económica y de seguridad del Gobierno Petro, según recogieron los principales medios colombianos. El derecho de réplica de esas candidaturas y su eventual proyección de gobierno quedará definido por los resultados del escrutinio, que la Registraduría Nacional publicará de forma progresiva en las horas y días posteriores a la jornada.
Próximos plazos y escenarios
El escrutinio definitivo de la primera vuelta y la posible convocatoria de segunda vuelta —a celebrar, si procede, en torno a tres semanas después del domingo electoral— determinarán si Cepeda y el bloque afín a Petro tienen capacidad real de traducir la ventaja inicial en victoria. El nuevo presidente tomará posesión el 7 de agosto de 2025, fecha fijada constitucionalmente, y gobernará hasta 2029. El resultado que arroje Colombia en ese plazo dibujará el mapa político de uno de los países más influyentes de América del Sur y tendrá implicaciones directas para la estabilidad regional, los flujos migratorios hacia el norte del continente y el posicionamiento de Bogotá en foros multilaterales como la OEA y la CELAC.
