En el mismo texto, la CNDH señaló que, a más de dos meses de haberla emitido, la Recomendación 208VG/2026 no ha sido aceptada por ninguna de las autoridades a las que fue dirigida. El organismo detalló que no ha recibido respuesta de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) ni de la Fiscalía General de la República (FGR).
La respuesta de la comisión llegó tras la colocación de vallas alrededor del Palacio de Bellas Artes y las protestas frente a sus instalaciones, previas a la conmemoración de los 12 años del caso. Sobre esa manifestación del 24 de septiembre, la CNDH aseguró que su presidenta tuvo disposición para escuchar a las familias, dialogar y responder a sus demandas.
"En todo momento hubo la plena disposición de su presidenta Rosario Piedra para escucharlos, para dialogar y para ofrecerles todas las respuestas que reclamen y necesiten; y que esa disposición sigue y la seguirá habiendo para cuando ellos lo decidan", señaló la CNDH en el comunicado.
La recomendación fue emitida el 9 de julio y, según el organismo, busca proteger los derechos de las familias de los normalistas desaparecidos y de los estudiantes sobrevivientes, quienes —afirma la CNDH— no han contado con apoyo para reconstruir sus proyectos de vida. La comisión defendió que el documento se elaboró a petición expresa de las víctimas, con quienes aseguró haberse reunido en cuantas ocasiones lo solicitaron.
"Todo, absolutamente todo lo que contiene la Recomendación 208VG/2026, está perfectamente sustentado y documentado. Nada de lo que en ella se expone es inventado, ni producto de una narrativa de escritorio", aseguró la CNDH.
El organismo explicó que sus conclusiones se sustentaron en una investigación realizada dentro de sus atribuciones y en la información y respuestas de las autoridades señaladas como participantes en los hechos o como probables responsables. Al mismo tiempo, subrayó los límites de sus facultades: la CNDH puede emitir recomendaciones y proponer líneas de investigación, pero carece de facultades de acusación penal, reservadas al Ministerio Público, y de resolución, propias del Poder Judicial.
"La CNDH no hace tareas ministeriales ni sustituye a los tribunales. No es Ministerio Público, ni tiene las funciones de un juez", expresó el organismo.
El caso Ayotzinapa arrastra doce años sin esclarecerse desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. La llamada "verdad histórica" difundida por la entonces Procuraduría General de la República en 2015 fue desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde entonces el expediente ha pasado por sucesivas comisiones e investigaciones sin sentencias firmes contra los responsables materiales e intelectuales.
El comunicado reiteró la solidaridad de la comisión con las madres, los padres de los normalistas y los sobrevivientes, y llamó a las autoridades a profundizar en las nuevas líneas de investigación, cumplir sus deberes constitucionales y observar los estándares internacionales, en un caso que se suma a otros episodios de la agenda de tribunales, como el de la investigación de la FGR por el aseguramiento de cigarros apócrifos y droga en la Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa se presentaría este lunes, en el que se abordarían las acciones de búsqueda y las detenciones realizadas hasta la fecha.