Clavijo recordó que Canarias ya atravesó un «tránsito» similar al que ahora afronta Ceuta, en referencia a la crisis migratoria del archipiélago, especialmente intensa en 2024, cuando llegaron a las islas más de 47.000 personas por vía marítima, según las cifras que citó el propio presidente. El mandatario autonómico subrayó que la diferencia sustancial respecto a aquel episodio radica en el nuevo reglamento de asilo de la Unión Europea, que introduce un mecanismo orientado a «retener» a los solicitantes en los territorios fronterizos de entrada.
Según explicó Clavijo, ese procedimiento de cribado o triaje —destinado a determinar si una persona puede optar al asilo o debe ser objeto de un procedimiento de retorno— podría extenderse hasta seis meses en el caso de los adultos. El Pacto de Migración y Asilo europeo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2024 tras años de negociación entre los Estados miembros, fija 2026 como horizonte para su plena aplicación, lo que sitúa a España ante la necesidad de adaptar sus procedimientos internos a la nueva normativa comunitaria.
El presidente canario planteó abiertamente la incógnita de qué ocurriría si se repitiera en las islas una llegada masiva como la de 2024 bajo el nuevo marco normativo, y advirtió de que existe una «discusión» abierta con el Estado sobre qué administración debe asumir la competencia y los recursos para ejecutar ese triaje. La cuestión remite a un debate de fondo sobre el reparto competencial entre el Gobierno central, que ostenta la competencia exclusiva en materia de extranjería según el artículo 149.1.2 de la Constitución, y las comunidades autónomas, que gestionan buena parte de la acogida de menores no acompañados y de los servicios sociales asociados.
Clavijo apeló al «sosiego y sentido común» de todas las administraciones implicadas y advirtió de que, sin una respuesta coordinada, «habrá más muertes y más crispación». El presidente insistió en que la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes debe ser compatible con la atención a los derechos «de los canarios», en un intento de equilibrar dos demandas que en ocasiones han generado tensión social en el archipiélago.
Por parte del Grupo Popular, su presidente en la Cámara canaria, Juan Manuel García Casañas, trasladó el respaldo de su formación a Ceuta frente a lo que describió como una «invasión» de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, y atribuyó al Gobierno central «desidia, mentira y corrupción» en la gestión de la crisis. García Casañas sostuvo que los ceutíes «siguen solos» ante los problemas de convivencia, seguridad y molestias, y cuestionó el papel del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, enviado por el Ejecutivo como «emisario» a la ciudad autónoma.
El Gobierno central ha defendido en otras ocasiones que su actuación en Ceuta se ajusta al reparto de competencias vigente y a los mecanismos de cooperación con Marruecos en materia de control fronterizo, marco en el que Rabat desempeña un papel central como socio de la Unión Europea en la contención de flujos migratorios hacia el enclave.
Una frontera sensible a las decisiones de Rabat
Ceuta, junto con Melilla, constituye una de las dos fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con el continente africano, una singularidad geográfica que ha convertido a ambas ciudades autónomas en puntos de fricción recurrentes en la política migratoria española y europea. La crisis de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes, sigue siendo el precedente más citado para ilustrar la vulnerabilidad del enclave ante decisiones tomadas al otro lado de la valla.
El Pacto de Migración y Asilo europeo sustituye al sistema de Dublín, vigente desde 2013, e introduce un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros por el cual los países que no reciben directamente flujos migratorios significativos deben contribuir con reubicaciones, ayuda económica o apoyo operativo a los que sí los soportan. España ha sido uno de los principales impulsores de este mecanismo en las negociaciones comunitarias, al considerar que el sistema anterior sobrecargaba de forma desproporcionada a los países de la frontera sur frente a los del norte y centro de Europa.
La petición de Clavijo de una «reflexión profunda» en el seno de la UE se produce en un contexto en el que varios Estados miembros han reforzado en los últimos años sus controles internos pese al espacio Schengen, alegando presión migratoria, lo que ha generado tensiones sobre la libre circulación de personas dentro de la Unión. La Comisión Europea ha insistido en que la plena aplicación del pacto debe acompañarse de mayor financiación para los Estados fronterizos, aunque el reparto presupuestario continúa siendo objeto de negociación entre los Veintisiete.
En el plano parlamentario, el intercambio entre Clavijo y el PP se enmarcó en la sesión de control al Gobierno regional, un trámite ordinario previsto en el Reglamento del Parlamento de Canarias mediante el cual los grupos formulan preguntas al Ejecutivo autonómico. La coincidencia entre el Gobierno canario —liderado por Coalición Canaria con el PP como socio— y el propio Grupo Popular en la crítica al Ejecutivo central sobre la gestión migratoria no es nueva, y se ha repetido en distintos formatos desde el pico de llegadas de años recientes.
A partir de ahora, la atención se centrará en el desarrollo normativo español del pacto migratorio europeo, que el Gobierno deberá trasladar a la legislación interna antes de que se cumpla el plazo de aplicación fijado por Bruselas para 2026, así como en la evolución de las llegadas a Ceuta y Canarias durante los próximos meses, en los que históricamente se concentran los mayores flujos. El debate sobre quién asume el triaje de los solicitantes de asilo, planteado por Clavijo, se perfila como uno de los puntos de fricción entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
