El número, para situar la escala: las cinco comunidades firmantes —Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias— van a cofinanciar 1.120 plazas extraordinarias durante 90 días. Eso equivale, en términos operativos, a aproximadamente 2.500 citas presenciales adicionales cada día hábil, repartidas entre 38 oficinas prioritarias y con dos provincias piloto —Madrid y Barcelona— que empezarán a recibir solicitantes el lunes a las ocho de la mañana. Las 1.120 plazas se distribuyen como sigue: 380 en Madrid, 320 en Cataluña, 180 en Comunidad Valenciana, 160 en Andalucía y 80 en Canarias. Cada comunidad paga la mitad del coste del personal y de los equipos informáticos movilizados; la otra mitad la asume el Ministerio de Inclusión con cargo a la partida de 'refuerzo técnico extraordinario' que el propio Real Decreto 316/2026 contempla como reserva.
El detalle más sorprendente del acuerdo, y el que explica la rapidez con la que se ha firmado, no es el dinero. Es el color político de los firmantes. La Comunidad de Madrid está gobernada por el PP; Cataluña, por una coalición del PSC con ERC y Comunes; la Comunidad Valenciana, por PP y Vox; Andalucía, por el PP en mayoría; y Canarias, por una coalición de Coalición Canaria con el PP. Que un acuerdo operativo sobre regularización —una materia que esta semana estaba produciendo fuego cruzado en el Congreso y declaraciones encendidas de los máximos dirigentes— salga adelante en 48 horas con esa composición política es, a juicio de tres consejeros consultados por este periódico, 'la primera buena noticia territorial del trimestre'. Y añade una cuarta idea, implícita pero inequívoca: en los despachos territoriales, cuando el tema es operativo en lugar de simbólico, el conflicto partidista se desinfla con una velocidad que no se ve en los platós.
El acuerdo tiene una arquitectura jurídica curiosa que merece explicarse con calma. Las oficinas de extranjería son, formalmente, competencia exclusiva de la Administración General del Estado, y las comunidades autónomas no pueden operar sus mostradores. Lo que han hecho los consejeros de las cinco comunidades es, con asesoría técnica de la Abogacía del Estado consultada el martes por Madrid y replicada miércoles por Cataluña, crear una figura operativa nueva: 'equipos de apoyo móvil' formados por personal laboral autonómico —asistentes sociales, mediadores culturales y traductores— que no ocupan puesto de extranjería pero descargan el trabajo administrativo previo del solicitante hasta el momento del registro. En la práctica, eso significa que el ciudadano llega con la documentación ya preparada, revisada y traducida, y la ventanilla de extranjería solo tiene que validar el expediente. La diferencia de tiempo estimada, en las pruebas preliminares realizadas el lunes en una oficina de Leganés, fue de 18 minutos por expediente. En una jornada normal, eso equivale a triplicar la capacidad efectiva de cada mostrador.
Hay una segunda capa del acuerdo que no está todavía en ninguna nota de prensa pero sí en el documento que este periódico ha podido consultar. Las cinco comunidades se comprometen a ceder, gratuitamente y durante los 90 días de vigencia del Real Decreto, ocho centros cívicos autonómicos —dos en Madrid, dos en Barcelona, uno en Valencia, uno en Sevilla, uno en Málaga y uno en Las Palmas— como 'puntos satélite' para la presentación de expedientes en los días de mayor saturación. Eso significa que los solicitantes, en vez de tener que desplazarse a una única oficina central por provincia, pueden hacerlo a uno de esos ocho centros, con la ventaja añadida de que cuatro de ellos cuentan ya con servicios municipales de mediación lingüística en árabe, urdu y wolof. Ese detalle, aparentemente menor, es el que más va a notar el solicitante medio el lunes a las once de la mañana.
La Comunidad de Madrid, que esta misma semana había reclamado 600 plazas extraordinarias en extranjería y había abierto —con un tono ruidoso— un conflicto territorial sobre la financiación de la regularización, se encuentra hoy en una posición curiosa: consigue exactamente lo que pedía, pero sin foco mediático, a cambio de cofinanciar la mitad del coste. En Puerta del Sol, fuentes de la Consejería consultadas por este periódico a las ocho y diez explican la lógica con franqueza: 'Preferimos pagar la mitad y resolver el lunes que no pagar nada y estar diez días dando declaraciones'. La misma lógica se aplica, invertida, al Ministerio de Inclusión: el Gobierno ha preferido ceder el protagonismo operativo a las comunidades autónomas y quedarse con la fotografía de un Estado que 'permite el refuerzo territorial' antes de asumir en solitario el coste de una segunda ampliación de plantilla en menos de 48 horas. Las dos lecturas son, políticamente, compatibles. Y por eso el acuerdo ha salido.
Cataluña ha incorporado una cláusula propia que conviene destacar. La Generalitat ha incluido en el acuerdo una referencia a la 'atención preferente a menores migrantes no acompañados' que afecta específicamente a 120 casos identificados por servicios sociales catalanes durante las dos últimas semanas. La cláusula —que Madrid y Valencia han aceptado sin discusión— asegura que esos expedientes se tramitarán como prioridad A en las provincias piloto y abre la puerta a que el resto de comunidades firmantes repliquen el mismo protocolo si lo consideran útil. Es un gesto técnico, pero con lectura política: la Generalitat reafirma así su papel operativo en menores migrantes, una materia en la que lleva meses pidiendo más margen al Estado. El gesto no resuelve el debate de fondo, pero fija un precedente útil para la próxima conferencia sectorial.
El acuerdo no es perfecto y este periódico no lo va a presentar como tal. Hay tres puntos débiles que conviene señalar. El primero: dos comunidades autónomas importantes —País Vasco y Galicia— no firman, por razones distintas en cada caso (Euskadi porque mantiene un marco propio con su Ertzaintza y su Dirección de Migración, y Galicia porque la Xunta ha optado por un esquema bilateral directo con el Ministerio). Eso deja fuera del acuerdo a unas cuantas decenas de oficinas donde la presión será real. El segundo punto débil: el marco legal del 'equipo de apoyo móvil' no ha sido todavía ratificado por un informe formal del Consejo de Estado; la Abogacía del Estado ha dado luz verde, pero un informe contrario posterior del Consejo podría obligar a reformular el acuerdo a mitad de recorrido. El tercer punto débil, el más obvio: 90 días son 90 días. A partir del 16 de julio —cuando acabe la vigencia del Real Decreto— el dispositivo se desactiva automáticamente y nadie ha pactado todavía qué pasa con los expedientes que queden pendientes. Esa pregunta, que hoy parece teórica, será el debate de mayo y junio.
Hay una cuarta lectura, más general, que un lector atento del territorio español debería retener. En un trimestre marcado por el conflicto territorial con las CCAA del PP sobre la financiación autonómica, por el enfrentamiento entre Moncloa y Génova sobre el modelo de regularización y por una crispación política que asfixia al Congreso, un acuerdo operativo entre cinco comunidades autónomas de tres colores políticos —con aval técnico de la Abogacía del Estado, cofinanciación 50/50 y puesta en marcha en cuatro días hábiles— es la prueba de que, cuando la política se baja del atril y se sienta en la sala técnica, los territorios españoles saben pactar. Es una lección pequeña, casi doméstica. Pero, en el clima de las últimas semanas, es la primera en mucho tiempo. Y merece contarse sin adjetivos.
A las nueve menos cuarto de la mañana, los consejeros de las cinco comunidades se preparan para una comparecencia conjunta prevista a las diez en el salón de actos del ayuntamiento de Madrid —una sede neutra escogida deliberadamente para evitar el formato de 'foto en La Moncloa'—. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, acudirá sin intervención formal pero con presencia institucional. El PP y el PSOE, que llevan una semana haciéndose reproches cruzados por la regularización, van a tener que contar la misma noticia con tonos muy distintos. Y el lector, que es quien al final decide si esto importa o no, va a poder comparar. Esa es, a fin de cuentas, la función del periodismo territorial: dar al lector los datos suficientes para que, en el próximo debate de plenos, no acepte la explicación fácil ni del gobierno ni de la oposición. El Hemiciclo seguirá el despliegue del dispositivo día a día durante los primeros siete días hábiles y publicará la primera auditoría independiente el viernes 24 de abril.
