Según los datos de la encuestadora, el PP obtendría 145 escaños (34,3% de los votos), ocho más que en las elecciones generales de julio de 2023, mientras que Vox casi duplicaría su representación, pasando de 33 a 63 diputados (18,1%). La suma de ambas formaciones alcanzaría el 52,4% de los votos, un resultado que, de confirmarse en unas elecciones reales, dejaría fuera de juego cualquier alternativa de gobierno distinta a la del centroderecha, presidida por Alberto Núñez Feijóo. La proyección otorga a ese bloque 56 asientos más que los que hoy suman PSOE y Sumar.
El PSOE perdería 21 diputados respecto a 2023 —6,3 puntos porcentuales— y quedaría en el entorno de los 100 escaños, con un 25,4% de apoyo estimado. Sumar, el socio minoritario de la coalición liderado por Yolanda Díaz, se desplomaría hasta unos ocho diputados (6,3%), tras perder 23 respecto a los que le permitieron entrar en el Ejecutivo tras la investidura de 2023. Podemos, fuera de la coalición desde su ruptura, lograría una representación testimonial de tres escaños (3,6%) si concurriera en solitario, según la misma proyección.
Los socios parlamentarios de la investidura reflejarían movimientos significativos. Junts pasaría de siete a seis diputados, cediendo el coliderazgo del independentismo frente a ERC, que sumaría uno hasta los ocho escaños. El PNV perdería un diputado, quedándose en cuatro, mientras que la izquierda abertzale ganaría dos, hasta ocho, en su pugna por la hegemonía del nacionalismo vasco en el Congreso. Por circunscripciones, el sondeo describe al PP por delante del PSOE en 35 provincias, con casos de gran diferencia como Madrid (16 escaños frente a 9), mientras los socialistas solo ganarían con claridad en Barcelona (11 frente a 5).
Una foto demoscópica, no un resultado electoral
Conviene subrayar que se trata de una encuesta, no de un recuento: las próximas generales no están convocadas y, conforme al artículo 68 de la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la legislatura iniciada en noviembre de 2023 tiene como fecha límite de disolución el 22 de agosto de 2027, salvo disolución anticipada por el presidente del Gobierno o el éxito de una moción de censura. Ningún sondeo tiene valor predictivo cierto: en las generales de abril de 2019 el conjunto de las encuestadoras erró la magnitud del reparto, y en mayo de 2023 los resultados autonómicos se apartaron de las previsiones previas.
El trabajo de campo, los días 26 y 27 de agosto, coincide con la crisis migratoria en Ceuta que ha copado la atención informativa del verano, con episodios de intentos de entrada desde la frontera con Marruecos que han tensionado los dispositivos de seguridad y acogida de la ciudad autónoma. La gestión del episodio ha sido objeto de reproches desde la oposición, que ha centrado su crítica en la respuesta del Ejecutivo y en la ausencia del propio Sánchez, de vacaciones durante buena parte del mes.
El PP, a través de Feijóo, ha reclamado en los últimos días una respuesta más contundente del Gobierno central y ha pedido explicaciones sobre el operativo desplegado en la ciudad autónoma. Vox, por medio de Santiago Abascal, ha ido más allá y ha exigido el cierre de la frontera y la aplicación de devoluciones inmediatas, en línea con el discurso migratorio que la formación mantiene desde su irrupción parlamentaria en 2018.
Desde el Gobierno, fuentes de Moncloa defienden que la respuesta se coordina con las autoridades marroquíes y con la Unión Europea, en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por las instituciones europeas en 2024, y piden no alarmar a la población ceutí. El Ejecutivo recuerda que la política migratoria española se enmarca en compromisos europeos que exceden la capacidad de actuación unilateral de un solo Estado miembro, y remite al precedente de la crisis migratoria de mayo de 2021 en la misma ciudad —cuando unas 10.000 personas entraron en pocos días—, resuelta en semanas mediante coordinación bilateral con Rabat.
La presidencia de Ceuta y el resto de fuerzas de la Asamblea autonómica han reclamado en las últimas semanas más medios humanos y materiales y una revisión del sistema de acogida temporal, que consideran insuficiente para episodios de llegada masiva. La institución ceutí carece de competencias en control fronterizo, que corresponde en exclusiva al Estado a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional, conforme al Estatuto de Autonomía de la ciudad, aprobado en 1995.
El desgaste del bloque de gobierno se produce, además, en un contexto de investigaciones judiciales abiertas que afectan al entorno personal y político del presidente, en fase de instrucción en distintos juzgados. Ninguna de esas causas ha derivado hasta la fecha en sentencia firme, y las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia recogida en el artículo 24 de la Constitución. Sánchez ha reiterado en el pasado su intención de agotar la legislatura pese al deterioro que reflejan los sondeos.
En el plano estrictamente demoscópico, distintas casas de encuestas vienen reflejando en los últimos meses una tendencia de deterioro para el PSOE y de crecimiento para PP y Vox, aunque con diferencias relevantes en la magnitud según la metodología de cada instituto. El Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, no ha publicado un barómetro de agosto de 2026 que permita contrastar de forma independiente estos datos.
El otoño se perfila como un periodo de alta tensión parlamentaria, con la previsión de que se retomen los debates sobre los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023, y sobre el sistema de acogida migratoria. La oposición ha anunciado que exigirá explicaciones en el pleno de control al Gobierno de las primeras semanas de septiembre. La próxima cita ineludible del calendario serán las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027, un test de mitad de mandato antes del límite constitucional para convocar generales en agosto de ese mismo año. Hasta entonces, el Gobierno de coalición conserva en términos aritméticos la mayoría que le permitió ser investido en noviembre de 2023, sujeta a la fidelidad de sus socios en cada votación clave.
