El episodio, ocurrido en un colegio del departamento fronterizo con Venezuela, habría involucrado un ejercicio en el que la docente pidió a los alumnos representar los emblemas de dos organizaciones que figuran en el registro de grupos armados ilegales del país. La denuncia generó reacciones de padres de familia y reabrió el debate sobre los contenidos que se imparten en las aulas de una región históricamente marcada por la presencia de estructuras armadas.
Norte de Santander concentra desde hace más de una década corredores de disputa entre disidencias de las antiguas Farc, el Eln y estructuras del narcotráfico, particularmente en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas han documentado en años recientes desplazamientos masivos y confinamientos en municipios de esa subregión, un contexto que explica la sensibilidad inmediata que despertó la denuncia entre las autoridades locales.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad encargada de documentar el conflicto armado colombiano y sus consecuencias para las víctimas, se pronunció sobre el caso a raíz de la difusión de la denuncia. La entidad ha sostenido que el tratamiento pedagógico del conflicto debe hacerse con enfoque de memoria histórica y prevención, evitando cualquier forma de simbología que pueda interpretarse como apología o adoctrinamiento.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander confirmó que pidió un informe a la institución para determinar el contexto exacto del ejercicio, si formaba parte de un plan de estudios aprobado y qué protocolo interno existía para el manejo de temas relacionados con el conflicto armado. La entidad departamental no ha entregado conclusiones públicas sobre los hallazgos de esa revisión.
El manejo de contenidos sobre el conflicto armado en las aulas ha sido objeto de lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. La Ley 1732 de 2014 y su decreto reglamentario establecieron la cátedra de paz como obligatoria en los establecimientos educativos, con el propósito de que los estudiantes comprendan las causas y consecuencias del conflicto, pero excluyendo expresamente cualquier ejercicio que pueda leerse como promoción o exaltación de grupos armados ilegales.
La sensibilidad del episodio no es nueva. En 2016, la difusión de cartillas sobre educación sexual y la campaña contra la llamada 'ideología de género' precipitaron parte del rechazo que tumbó el plebiscito por la paz en octubre de ese año, un precedente que ilustra cómo los contenidos escolares vinculados al conflicto han derivado en Colombia en controversias políticas de alcance nacional.
La denuncia se produce en un momento de atención regional sobre la persistencia de grupos armados en zonas de frontera, un asunto que también ha marcado la agenda internacional del país, en paralelo a episodios como la revocatoria de visas por parte de Washington a exfuncionarios colombianos, entre ellos los excongresistas Andrés Calle y Eduardo Pulgar.
El rector del colegio no ha entregado un cronograma sobre los plazos de la investigación interna ni sobre las posibles sanciones disciplinarias que podría enfrentar la docente si se confirman los hechos. La Secretaría de Educación departamental mantiene abierto el requerimiento del informe institucional como paso inicial del proceso.
