El Centro Histórico de Cartagena de Indias es, a la vez, uno de los principales motores turísticos del país y uno de los espacios urbanos donde más tensión ha existido entre el uso comercial informal y la preservación patrimonial. Vendedores de artesanías, frutas, bebidas y souvenirs han ocupado durante décadas plazas como la de los Coches, la de Santo Domingo o el sector de las murallas, generando ingresos para miles de familias, pero también fricciones recurrentes con comerciantes formales, hoteleros y autoridades locales encargadas de la conservación del patrimonio.
Bloomberg Philanthropies es la organización filantrópica fundada por el empresario y ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que financia programas en ciudades de todo el mundo en áreas como salud pública, medioambiente, artes y desarrollo urbano. Su llegada a Cartagena con este proyecto se inscribe en una lógica de cooperación internacional dirigida a gobiernos locales, en la que fundaciones extranjeras aportan recursos técnicos y financieros para intervenciones específicas, en coordinación con la alcaldía distrital y otras entidades.
El monto anunciado, cercano a un millón de dólares, se orienta —según lo divulgado— a fortalecer la economía popular en el casco colonial. En programas de este tipo, los recursos suelen destinarse a componentes como formalización de vendedores, mejoramiento de la infraestructura de venta, capacitación empresarial y estrategias de convivencia con la actividad turística, aunque los detalles concretos de la ejecución en Cartagena no se han hecho públicos.
Una informalidad estructural por encima de la media nacional
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) documenta en sus boletines de mercado laboral por ciudades, de periodicidad trimestral, que la informalidad en las principales urbes del Caribe colombiano, entre ellas Cartagena, se ubica de forma sistemática por encima del promedio nacional. Ese dato estructural explica por qué los proyectos de fortalecimiento de la economía popular concentran interés tanto de las autoridades locales como de organizaciones internacionales, y por qué las intervenciones sobre el espacio público del Centro Histórico resultan sensibles.
La descripción del proyecto apunta a un enfoque de dignificación del trabajo informal antes que de erradicación o desplazamiento forzoso, una diferencia conceptual relevante frente a políticas anteriores que priorizaron el desalojo de vendedores del espacio público. Ese giro coincide con debates recientes en varias ciudades latinoamericanas sobre reconocer la economía popular como un sector productivo legítimo que requiere acompañamiento técnico y financiero, en lugar de tratarlo exclusivamente como un asunto de orden público.
Cartagena no es ajena a este tipo de intervenciones. La alcaldía distrital ha impulsado en años recientes distintos programas de reubicación y formalización de vendedores informales en el Centro Histórico, muchos enmarcados en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), instrumento que ordena el uso del espacio público en el sector colonial y que ha sido fuente recurrente de conflicto entre comerciantes informales y autoridades.
El antecedente más recordado en la historia reciente de la ciudad es el intento, en distintas administraciones distritales, de trasladar a vendedores ambulantes hacia mercados o centros comerciales populares construidos para ese fin, en sectores cercanos al mercado de Bazurto. Estas iniciativas han tenido resultados desiguales: algunas lograron formalizar a un número significativo de comerciantes, mientras otras se frenaron por falta de continuidad institucional o por la resistencia de los propios vendedores, que en muchos casos dependen del flujo turístico concentrado en el casco histórico.
En el plano normativo, cualquier intervención en el Centro Histórico debe surtir un proceso de coordinación con el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, dado el estatus patrimonial de la zona, además de ajustarse a lo dispuesto en el PEMP. Estas exigencias tienden a alargar los tiempos de ejecución de proyectos de este tipo, un factor determinante en el éxito o fracaso de programas similares aplicados en años anteriores.
La experiencia de otras ciudades colombianas con fuerte vocación turística, como Santa Marta o Villa de Leyva, muestra que los programas de formalización de vendedores informales suelen requerir plazos de varios años para consolidar resultados medibles, y que su sostenibilidad depende en buena medida de la continuidad entre administraciones. Los cambios de alcalde —elegidos cada cuatro años según el calendario electoral colombiano— tienden a traducirse en reformulaciones o interrupciones de programas previos.
De cara a los próximos meses, será clave conocer si la alcaldía de Cartagena y Bloomberg Philanthropies formalizan un convenio público con metas verificables, así como el rol que jugarán gremios de vendedores informales y comerciantes formales del Centro Histórico en el diseño e implementación del proyecto, dos actores cuyas posiciones han estado históricamente en tensión y cuya participación resultará determinante para la legitimidad social de la iniciativa.
