El Reglamento de Dublín III, vigente desde 2013 y ahora integrado en el marco del nuevo Pacto, establece que la responsabilidad de examinar una petición de protección internacional recae, salvo excepciones, en el primer país de la Unión donde el solicitante haya sido registrado, ya sea por cruce fronterizo, visado o huella dactilar en el sistema Eurodac. Italia, por su posición geográfica en el Mediterráneo central, concentra históricamente un porcentaje elevado de esas primeras entradas procedentes del norte de África, lo que la convierte en destino natural de los traslados que ahora prepararía Berlín.
Según ha podido saberse, el Ministerio del Interior alemán habría intensificado en las últimas semanas los procedimientos de traslado —conocidos como Dublín-Transfers— hacia Italia, activando las cláusulas más restrictivas del sistema tras años de aplicación laxa. Esta práctica había sido objeto de suspensiones parciales en el pasado, incluso por decisión de tribunales alemanes, ante la saturación de los centros de acogida italianos y las condiciones denunciadas por organizaciones humanitarias.
El nuevo Pacto de Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2024 tras años de negociación, introduce mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, procedimientos de frontera acelerados y un reparto de responsabilidades que combina reubicaciones, contribuciones financieras o apoyo operativo. Su entrada en vigor este verano ha abierto un periodo de transición de un año antes de la aplicación plena, prevista para mediados de 2027, lo que explica que algunos países comiencen ya a ensayar sus disposiciones más severas.
Roma reclama revisar el criterio de primera entrada
Italia, gobernada desde octubre de 2022 por Giorgia Meloni al frente de una coalición de derecha, ha reclamado de forma reiterada una revisión del criterio de primera entrada que sustenta el sistema de Dublín, alegando que penaliza a los países de frontera exterior del Mediterráneo frente a los de destino final como Alemania, Francia o los Países Bajos. Roma ha impulsado en paralelo su propio modelo de externalización, con centros de procesamiento de solicitantes en Albania, cuya legalidad ha sido cuestionada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde Berlín, el Gobierno de coalición —con la CDU/CSU de Friedrich Merz al frente desde las elecciones de febrero de 2025— ha defendido que la aplicación estricta de Dublín responde a una obligación legal y no a una decisión discrecional. El movimiento se produce en un momento de fuerte presión política por el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD), que en los sondeos de 2026 se mantiene como segunda fuerza nacional según distintos institutos demoscópicos alemanes, y con el control migratorio convertido en uno de los ejes centrales del debate en el Bundestag durante este año.
La Oficina Federal de Migración y Refugiados alemana (BAMF) no ha confirmado públicamente el alcance exacto de la nueva hoja de ruta, y el Ministerio del Interior italiano tampoco ha efectuado declaraciones oficiales sobre un supuesto repunte de traslados desde territorio alemán. La ausencia de comunicados por parte de ambas capitales mantiene la incertidumbre sobre el volumen real de expedientes afectados y el calendario de ejecución.
Eurostat, en su informe sobre solicitudes de protección internacional correspondiente a 2025, situó a Alemania como el Estado miembro que recibió el mayor número absoluto de peticiones de asilo de la Unión, seguido de España y Francia, mientras Italia ocupó una posición intermedia pese a concentrar buena parte de las llegadas marítimas registradas por Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Esa asimetría entre país de entrada y país de destino es precisamente la que alimenta el litigio político sobre el reparto de cargas.
El procedimiento de traslado no es automático: exige que el país receptor —en este caso Italia— acepte expresamente la responsabilidad sobre cada expediente en el plazo fijado por el reglamento, y contempla la posibilidad de recurso ante los tribunales nacionales o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se alegan condiciones de acogida inadecuadas. Ese fue el supuesto del caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia, resuelto por dicho tribunal en 2011, que frenó traslados hacia Grecia por las deficiencias de su sistema de acogida.
Ecos de la crisis de 2015 y las cuotas rechazadas
El precedente más directo de la controversia se remonta a 2015 y 2016, cuando la crisis migratoria derivada del conflicto sirio provocó el colapso del sistema de Dublín y llevó a la Comisión Europea, entonces presidida por Jean-Claude Juncker, a proponer un mecanismo de cuotas obligatorias de reubicación. La iniciativa fue rechazada por varios países del Grupo de Visegrado —Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia— y generó una de las mayores fracturas internas de la Unión desde su ampliación de 2004. El Pacto de 2024 nació, en buena medida, del intento de superar aquel bloqueo mediante una solidaridad flexible.
Organizaciones como ACNUR y diversas entidades de defensa de los derechos de los migrantes han advertido en ocasiones anteriores del riesgo de que una aplicación rígida de Dublín derive en situaciones de hacinamiento en los países de primera entrada y en movimientos migratorios secundarios dentro de la propia Unión, un fenómeno que el Pacto pretende reducir a través de su mecanismo de solidaridad.
España afronta este marco en una posición delicada: según trascendió en torno a la entrada en vigor del Pacto, incumpliría ocho de las nueve medidas exigidas por Bruselas para adaptar su normativa interna. La transposición incompleta expone al Gobierno español a un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un cauce que, sin embargo, suele prolongarse durante meses antes de derivar en eventuales sanciones económicas.
La Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al frente desde 2019 y reelegida para un segundo mandato en 2024, deberá supervisar en los próximos meses el grado de cumplimiento de cada Estado miembro y podrá abrir procedimientos de infracción contra los países que no completen la transposición antes del vencimiento del periodo transitorio, fijado para junio de 2027. Ese calendario marcará el pulso entre las capitales que reclaman aplicar ya las cláusulas más duras del sistema y las que denuncian un reparto de responsabilidades todavía sin resolver.
