El triple homicidio que motivó la búsqueda se registró en el barrio Montes, uno de los sectores del sur occidente de Barranquilla. De acuerdo con la información policial conocida hasta ahora, el hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación. La captura se produjo en Cartagena, a unas dos horas por vía terrestre de Barranquilla, ciudad hacia la cual, según las autoridades, suelen desplazarse personas requeridas por la justicia en el Caribe.
El material disponible sobre el caso procede de la información oficial difundida tras la captura; las autoridades no han revelado la identidad completa del capturado ni la fecha exacta del operativo. Tampoco se ha precisado el número de elementos probatorios recaudados ni las circunstancias específicas del triple homicidio, extremos que corresponderá ventilar en las audiencias judiciales.
El camino procesal tras la captura
Bajo el sistema penal acusatorio que rige en Colombia desde la Ley 906 de 2004, el capturado debe ser puesto a disposición de un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión. En esa audiencia, el juez revisa la legalidad de la captura y, de ser el caso, la Fiscalía formula imputación por los delitos que atribuye —homicidio y extorsión, en este caso—. Solo a partir de ese momento el señalado adquiere la condición de imputado.
Sobre la base de los elementos materiales probatorios que sustente la Fiscalía, el juez puede decidir imponer una medida de aseguramiento orientada a evitar el riesgo de fuga o la obstrucción a la justicia. Se trata de una figura estrictamente cautelar que en ningún caso equivale a una declaración de responsabilidad penal, distinción que la Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia sobre la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución.
La defensa del capturado tendrá la oportunidad de controvertir los elementos de prueba que presente la Fiscalía en la audiencia de legalización de captura y, eventualmente, en la de imputación. El ordenamiento procesal garantiza en esa instancia el derecho de contradicción, así como la posibilidad de solicitar la libertad si se estima que la captura no cumplió los requisitos legales. Hasta tanto un juez no profiera sentencia, el señalado conserva su derecho a la presunción de inocencia.
Un fenómeno recurrente en el Caribe
La extorsión, por la cual 'Masacre' también era buscado, ha figurado de forma reiterada en los balances de seguridad que la Policía Nacional divulga sobre el Caribe colombiano, asociada con frecuencia al cobro de 'vacunas' a comerciantes y transportadores. En Barranquilla, sectores del sur occidente como Montes han sido señalados por las autoridades como zonas de disputa entre estructuras dedicadas a la extorsión y al microtráfico.
Ese patrón de reacomodo entre bandas por el control de rentas criminales no es nuevo en la ciudad. La región vivió a comienzos de la década de 2010 la irrupción de estructuras herederas del paramilitarismo tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, un proceso que, según han documentado las autoridades, dejó vacíos de poder disputados por organizaciones más pequeñas en las principales capitales del Caribe.
La captura de un señalado cabecilla en una ciudad distinta a aquella donde se cometieron los delitos ilustra la movilidad de estas estructuras por el corredor Caribe, entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Autoridades del Atlántico han advertido en balances anteriores que los requeridos por delitos graves tienden a buscar refugio en municipios vecinos para evadir la acción de la justicia.
La administración distrital de Barranquilla, junto con la Policía Metropolitana, ha insistido en anteriores balances de seguridad en fortalecer los canales de denuncia anónima para delitos como la extorsión, ante el temor de comerciantes a represalias.
El proceso judicial derivado del caso permitirá establecer, en las próximas etapas, si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para sostener una acusación formal contra el capturado por el triple homicidio del barrio Montes y por el delito de extorsión. Los plazos siguientes dependerán de la audiencia de legalización de captura e imputación, primer hito a partir del cual se definirá su situación jurídica.
