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Anticorrupción investiga al Ayuntamiento de Valencia y al Puerto por presunta prevaricación en la creación de puestos de trabajo a dedo

La Fiscalía abre diligencias tras recibir una denuncia apoyada en audios en los que un cargo municipal ofrece 'en privado' plazas a personas de confianza. El expediente afecta a contrataciones realizadas a lo largo de dos ejercicios.

Por Redacción de El Hemiciclo· Valencia·
5 min de lectura
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El caso empezó como empiezan casi todos estos casos: con una frase grabada sin permiso y una lista de nombres que no encajaban en ningún procedimiento reglado. Ambas cosas han acabado hoy en las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción. Y ambas involucran al Ayuntamiento de Valencia y al Puerto, dos de las administraciones con más peso institucional de la Comunitat.

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite en las últimas horas una denuncia presentada por un grupo de funcionarios sobre lo que describen como 'un sistema de acceso paralelo' a puestos temporales y de confianza en ambas administraciones. El expediente, abierto tras semanas de análisis preliminar, investiga la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y, eventualmente, de otro de malversación, si se acreditara que los puestos irregulares han generado un coste a las arcas públicas superior al que habrían tenido por vía reglada.

El material probatorio que maneja Anticorrupción incluye, según ha podido saber este periódico, varios archivos de audio grabados en reuniones internas y entregados por uno de los denunciantes. En uno de esos audios, un cargo municipal del área de personal dice literalmente: 'Si alguien sigue interesado, que me lo diga en privado; ya buscaremos la fórmula'. La frase, pronunciada en un tono informal, pretende ser reservada pero forma parte del expediente.

La segunda pieza del dosier afecta al Puerto de Valencia, una entidad en la que el acceso a determinadas plazas técnicas y administrativas ha estado sometido durante años a una fuerte presión política. Las pesquisas de la Fiscalía buscan establecer si se crearon puestos 'a medida' en varias unidades, con perfiles profesionales concretos pero con requisitos objetivos diseñados específicamente para coincidir con una sola candidatura. Si se confirma, la figura jurídica aplicable sería prevaricación por 'omisión de procedimiento objetivo'.

En el Ayuntamiento se reconoce que la presión política sobre los puestos de confianza ha sido alta durante los últimos dos ejercicios, pero se niega tajantemente que se hayan vulnerado los procedimientos legales. Fuentes del gobierno municipal consultadas por este periódico aseguran que 'todos los contratos han pasado por los filtros oportunos' y se muestran 'tranquilos ante la investigación'. En el Puerto, el director de recursos humanos ha emitido una nota interna pidiendo a los responsables de área 'máxima colaboración' con las diligencias y recordando que 'Anticorrupción no imputa, investiga'.

El trasfondo político del asunto es incómodo para más de un partido. Los cargos señalados por la denuncia pertenecen, según ha podido contrastar este periódico con dos fuentes independientes, a equipos del actual gobierno municipal, pero algunos de los puestos bajo sospecha venían ya del mandato anterior, cuando el equilibrio de fuerzas en la ciudad era muy distinto. Eso significa que el procedimiento podría acabar salpicando tanto al actual gobierno como a formaciones de la oposición que, en su día, gestionaron áreas ahora cuestionadas.

La estrategia de la Fiscalía, según fuentes conocedoras del caso, va a consistir en un enfoque incremental: primero reclamará documentación a ambas administraciones, después tomará declaración a los funcionarios denunciantes y, en función del resultado, decidirá si eleva las diligencias a un juzgado de instrucción o si las archiva por falta de indicios. El plazo previsto para esa primera valoración es de tres meses.

El caso se suma a un recuento poco agradable para la imagen institucional del levante español en 2026: las dudas sobre la gestión de emergencias en el accidente de Adamuz, los retrasos en el cumplimiento de compromisos con las víctimas de la dana, y ahora este expediente laboral. Tres frentes distintos, pero que comparten el mismo síntoma: la sensación, creciente en una parte de la ciudadanía, de que el 'hacer las cosas bien' importa cada vez menos cuando se tiene la mayoría política para decidir quién entra y quién no.

El Hemiciclo seguirá de cerca la evolución del procedimiento. Y recuerda, como siempre en estos casos, la advertencia básica: la investigación está en su fase más embrionaria, no hay imputaciones formales y cualquier adjetivo debe administrarse con la misma prudencia con la que los propios fiscales manejan los verbos. Lo que hoy se ha abierto es un expediente. Lo que el tiempo dirá es si ese expediente tiene o no materia para un juicio.

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