El comunicado de MSF llegó apenas un día después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieran por primera vez, el miércoles, haber disparado contra el vehículo en el que viajaba la niña Hind Rajab, de seis años, en enero de 2024, un caso que el Ejército israelí había negado durante dos años. El mando militar comunicó entonces la apertura de una investigación sobre ese episodio, al tiempo que confirmó que había revisado otros ataques de repercusión internacional, entre ellos los que afectaron a personal de MSF y a la organización World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef español José Andrés.
En ambos expedientes —el de MSF y el de WCK— la Justicia militar israelí resolvió no iniciar diligencias penales, una decisión que las dos organizaciones han rechazado de forma pública. WCK calificó la resolución de "inconsistente con toda la verdad y profundamente ofensiva" y pidió que el caso sea examinado por una comisión independiente, en la misma línea que MSF.
Según el relato de MSF, los ataques contra su personal están sobradamente documentados. "El personal de MSF y sus familiares han muerto. Se conocen sus nombres. Se comunicó su ubicación. Se identificaron sus vehículos. Siempre hemos sostenido que todos los indicios apuntan a una clara responsabilidad del Ejército israelí en los ataques mortales. Y, sin embargo, los responsables de sus muertes se han negado a llevar a cabo cualquier investigación penal", señaló la organización en su comunicado.
El primero de los episodios se produjo en noviembre de 2023, cuando un convoy humanitario de MSF fue alcanzado en varias ocasiones en la ciudad de Gaza, con un saldo de dos fallecidos. El segundo tuvo lugar en febrero de 2024, cuando un refugio de la organización en Jan Yunis fue bombardeado, causando la muerte de otras dos personas y heridas a seis más. MSF presentó sendas peticiones de investigación ante la jurisdicción militar israelí que, según denuncia, han permanecido sin resolución sustantiva durante dos años.
La organización sostiene que la negativa a abrir diligencias penales confirma que "no hay perspectivas de que se exijan responsabilidades dentro del sistema jurídico israelí", ni por la muerte de su personal ni por lo que describe como una situación de violencia sistemática contra la población civil en Gaza. MSF enmarca la decisión en un contexto más amplio: la destrucción de centros sanitarios, los ataques contra convoyes humanitarios y la muerte de periodistas, personal médico y trabajadores de Naciones Unidas en el enclave. "No existe ningún objetivo militar que justifique el sacrificio masivo de civiles", argumentó la ONG, que reclamó que los hechos no queden "archivados como inevitabilidades procesales".
Los datos que aporta la organización sitúan la magnitud del fenómeno: los 15 miembros de su personal sanitario fallecidos en Gaza desde octubre de 2023 en ataques atribuidos a fuerzas israelíes representarían, según MSF, solo una fracción de los 1.700 trabajadores sanitarios muertos en el enclave en ese periodo. Esas cifras proceden de la propia organización; distintos organismos de Naciones Unidas han documentado desde el inicio de la ofensiva un número elevado de bajas entre personal sanitario y humanitario en Gaza, uno de los más altos registrados en un conflicto reciente.
El marco: los Convenios de Ginebra y la Justicia militar israelí
La disputa se dirime en el terreno del derecho internacional humanitario, que exige a las partes en conflicto distinguir entre objetivos militares y civiles y obliga a los Estados a investigar de forma efectiva las muertes de personal protegido —como el sanitario y humanitario— al amparo de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. La Justicia militar israelí dispone de mecanismos internos de revisión de incidentes en combate, pero organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado en el pasado su independencia cuando investiga a las propias fuerzas armadas del país. MSF insiste en que ninguna revisión militar interna puede sustituir a "una rendición de cuentas genuina, independiente e imparcial".
El precedente más próximo es el bombardeo contra un convoy de World Central Kitchen en abril de 2024, en el que murieron siete trabajadores de varias nacionalidades. Aquel episodio provocó una crisis diplomática entre Israel y varios de sus aliados occidentales y llevó a las FDI a reconocer entonces errores operativos, sin que ello derivara en un proceso penal contra los responsables, según la resolución conocida ahora. En el plano judicial internacional, la Corte Penal Internacional mantiene abierta desde 2021 una investigación sobre la situación en los territorios palestinos y en 2024 emitió órdenes de arresto contra dirigentes israelíes y de Hamás por presuntos crímenes de guerra.
Israel no ha respondido públicamente a las peticiones concretas de MSF y WCK de una comisión independiente, más allá de la confirmación de la apertura de la investigación sobre el caso de Hind Rajab. El Gobierno israelí ha defendido en ocasiones anteriores que sus fuerzas actúan conforme al derecho internacional y que las bajas civiles se producen, según su versión, por el uso de infraestructura civil por parte de Hamás, acusación que la organización islamista niega.
La controversia se produce cuando la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 —que causaron alrededor de 1.200 muertos en Israel según cifras oficiales israelíes—, se prolonga desde hace casi tres años, con decenas de miles de víctimas civiles palestinas documentadas por las autoridades sanitarias de Gaza y por organismos de Naciones Unidas, cifras que Israel cuestiona parcialmente.
La atención se centra ahora en si la investigación abierta por las FDI sobre el caso Hind Rajab deriva en imputaciones concretas y en si la presión de MSF y WCK logra activar mecanismos de revisión externos. MSF reclama expresamente la intervención de un órgano ajeno a las autoridades israelíes para examinar los dos incidentes que afectaron a su personal, y ha advertido de que no cesará en esa exigencia: "Merecíais protección. Merecéis justicia", zanjó la organización.
