En su primera comparecencia tras confirmarse el colapso de las conversaciones, Carney aseguró que su Gobierno «no puede controlar la tormenta que sopla desde Washington», pero sí está en condiciones de «trazar un nuevo curso» mediante la diversificación de alianzas comerciales, en referencia a los mercados que Ottawa explora como cobertura frente a la dependencia del estadounidense. El dirigente sostuvo que se han agotado «todas las oportunidades» para salvar el pacto y describió la ruptura como la constatación de que «la brecha entre socio y competidor» se ha vuelto «demasiado grande».
Según el relato de Carney, la Administración estadounidense introdujo a última hora exigencias que iban más allá de lo comercial: restricciones que, a su juicio, buscaban impedir que Canadá firmara acuerdos con terceros países, una condición que calificó de ataque directo a la soberanía nacional. «No podemos aceptar lo que nos han ofrecido y no les daremos lo que nos han pedido», sostuvo. «Pedían mucho y ofrecían muy poco», añadió, tras acusar a Washington de intentar «hacer daño y dividir» al país, algo que consideró un «error de cálculo».
El primer ministro reivindicó el peso estratégico de Canadá como proveedor energético de Estados Unidos. Recordó que su país abastece el 99% de las importaciones estadounidenses de gas natural, el 85% de las de electricidad y el 60% de las de petróleo crudo, cifras que, dijo, deberían pesar en cualquier cálculo de Washington sobre los costes de una ruptura comercial.
El paquete de contramedidas anunciado por Ottawa afectará a productos como el acero, los lácteos, el equipo agrícola y el papel, en una réplica que Carney describió como «dólar por dólar». El primer ministro admitió que se trata de una decisión adoptada «a regañadientes», por el coste económico que implicará para la propia industria canadiense, pero la justificó como necesaria para blindar el empleo interno y la competitividad del país. Las medidas, precisó, entrarán en vigor tras el Día del Trabajo canadiense, festividad que se celebra el primer lunes de septiembre, este año el 8 de septiembre.
Carney anunció además que en los próximos días se concretarán medidas de apoyo a los sectores más expuestos, con detalles que prometió revelar a principios de la semana entrante junto con el listado arancelario definitivo. «Vamos a hacer lo que sea necesario para apoyar a estos negocios […] más allá de la actual administración estadounidense», declaró, una fórmula que sugiere que Ottawa da por hecho que la disputa se prolongará más allá del mandato de Donald Trump.
Una escalada que arranca con el regreso de Trump
El deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y Ottawa no es un episodio aislado. Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la política arancelaria estadounidense hacia sus socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) —heredero del TLCAN firmado en 1994 y en vigor desde 2020— ha atravesado sucesivas fases de tensión, con amenazas vinculadas a cuestiones migratorias, de seguridad fronteriza y de reequilibrio industrial en sectores considerados estratégicos por Washington.
Carney, que accedió al cargo de primer ministro en 2025 tras una carrera como gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, ha construido buena parte de su discurso en torno a la defensa de la soberanía económica canadiense frente a la presión estadounidense, un eje que marcó también su campaña electoral. En esa línea afirmó este sábado que Canadá es «dueño de su propio destino».
Desde el lado estadounidense, la Administración Trump ha defendido en ocasiones anteriores que sus exigencias arancelarias responden a la necesidad de proteger industrias nacionales frente a lo que considera competencia desleal o desequilibrios comerciales históricos, un argumento que ha aplicado también en sus disputas con la Unión Europea, China y México.
El impacto de un arancel del 50% sobre exportaciones valoradas en 24.000 millones de euros se sentiría con especial intensidad en provincias industriales como Ontario y Quebec, donde se concentran buena parte de las plantas de automoción y acerías orientadas al mercado estadounidense. Una ruptura de este tipo tensionaría cadenas de suministro integradas desde hace tres décadas bajo el marco del TLCAN y su sucesor.
El precedente más cercano se remonta a 2018, cuando la primera Administración Trump impuso aranceles al acero y el aluminio canadienses invocando motivos de seguridad nacional, lo que llevó a Ottawa, entonces bajo el Gobierno de Justin Trudeau, a aplicar represalias selectivas sobre productos estadounidenses. Aquel episodio se resolvió con la renegociación del TLCAN y la firma del T-MEC dos años después, un desenlace que hoy sirve de referencia, aunque no de garantía, sobre cómo podría evolucionar el actual pulso.
El calendario inmediato marca dos fechas clave: la entrada en vigor de las contramedidas canadienses el 8 de septiembre y la comparecencia prevista a principios de la semana próxima, en la que Carney debe detallar tanto el paquete de apoyo a las empresas afectadas como el listado definitivo de productos estadounidenses sujetos a arancel. Por el momento no consta ninguna reunión programada entre ambos gobiernos antes de esa fecha.
