El Ayuntamiento de Telde informó a través de un comunicado de que los servicios de emergencia se encontraban desde el mediodía atendiendo el incidente en la zona de los tanques de combustible del polígono, uno de los principales enclaves industriales del este de Gran Canaria, próximo a la costa y a pocos kilómetros de la capital, Las Palmas de Gran Canaria. El consistorio pidió a la ciudadanía que «evite desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial» mientras continúan las labores de los equipos de intervención, para no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia.
En el lugar se estableció un perímetro de seguridad que impedía el acceso a residentes y trabajadores ajenos a las labores de extinción y rescate. Al cierre de esta información no se había precisado de forma oficial el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones, ni tampoco el alcance de los daños materiales ocasionados en las instalaciones.
Las causas de la explosión no habían sido determinadas. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer si se trató de un fallo técnico o de cualquier otra circunstancia que pudiera haber desencadenado la deflagración. Mientras prosiguen las tareas de inspección y aseguramiento del área, los servicios de emergencia mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad de trabajadores y vecinos y evitar nuevos riesgos.
Un enclave clave para el suministro de combustible en Canarias
Salinetas alberga una de las principales infraestructuras de almacenamiento y distribución de hidrocarburos del archipiélago. Disa, la compañía propietaria de las instalaciones afectadas, opera en el mercado canario de carburantes con terminales repartidas por varias islas que abastecen al transporte terrestre, la aviación y la marina mercante, sectores especialmente sensibles en un territorio insular dependiente casi por completo de las importaciones energéticas. La ubicación del polígono, junto a la costa y en un entorno semiurbano, añade complejidad a la gestión de la emergencia, dado el riesgo de propagación entre depósitos próximos.
Instalaciones de este tipo están sujetas a la normativa sobre accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, transpuesta en España a través del régimen conocido como Seveso, de origen comunitario, que obliga a las empresas que manejan grandes volúmenes de combustible a disponer de planes de autoprotección y a las administraciones a mantener planes de emergencia exterior actualizados. La gestión de sucesos de esta naturaleza corresponde de forma escalonada a los servicios municipales, el Cuerpo de Bomberos, los servicios sanitarios de urgencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias como organismo competente para activar, si procede, planes de ámbito superior al municipal.
Este tipo de siniestros no son inéditos en el entorno industrial español. El incendio de la refinería de Repsol en Puertollano (Ciudad Real) en 2003 y el registrado en la planta petroquímica de Tarragona en 2020 obligaron en su momento a revisar protocolos de seguridad y coordinación entre empresas y servicios públicos de emergencia. En Canarias, con una red de suministro muy concentrada en pocos puntos, cualquier incidente en una instalación como la de Salinetas tiene un impacto que trasciende lo estrictamente local.
Disa no había ofrecido de forma inmediata una versión pública detallada sobre el origen del incidente ni sobre el estado de sus instalaciones, a la espera de que avanzaran las labores de extinción y de que los técnicos pudieran acceder con seguridad a la zona afectada para una primera valoración de daños. Es previsible que la compañía y las autoridades autonómicas ofrezcan en los próximos días una explicación más pormenorizada sobre las causas y el alcance material del siniestro.
Investigación abierta y próximos pasos
El procedimiento habitual en accidentes industriales de esta magnitud contempla la apertura de una investigación técnica, con participación de la inspección de trabajo, para verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos por la normativa. La vía judicial podría activarse si se confirmara negligencia o incumplimiento, algo que correspondería esclarecer a los juzgados competentes en función de las diligencias que se practiquen. El fallecimiento confirmado obligará además a las autoridades laborales a determinar si la víctima era trabajador de la planta o de una empresa subcontratada, un extremo que suele condicionar el reparto de responsabilidades entre la empresa titular y las contratas.
En los próximos días se espera que el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno canario ofrezcan balances actualizados sobre el número definitivo de heridos, su estado de salud y el alcance de los daños materiales en el polígono de Salinetas, así como los primeros resultados de la investigación sobre las causas de la explosión.
