El Gobierno amplió recientemente las bonificaciones vía impuestos a los carburantes y extendió además beneficios a la tarifa regulada del gas, una decisión que las grandes eléctricas interpretan como una señal contradictoria con los objetivos de electrificación. Iberdrola y Endesa han comprometido una inversión millonaria en infraestructuras y redes, una estrategia que exige acelerar al máximo la electrificación para que esas apuestas resulten rentables.
Desde Aelec sostienen que mantener ventajas fiscales sobre combustibles fósiles importados, frente a una electricidad generada en buena parte con fuentes renovables de origen nacional, resulta incoherente con las recomendaciones que, según trasladan, llegan desde Bruselas para desincentivar el consumo de tecnologías contaminantes.
«Existe una desventaja fiscal de la electricidad frente a los combustibles fósiles», denunció Marina Serrano, presidenta de Aelec, durante el congreso celebrado este jueves.
Serrano avanzó, en un encuentro con periodistas en el marco del congreso, que las grandes eléctricas trabajan en una batería de propuestas fiscales que plantearán a los grupos parlamentarios. No quiso concretar qué medidas incluirá ese paquete, aunque apuntó que el planteamiento de base afectaría tanto a la estructura del negocio eléctrico en su conjunto como a la factura que pagan los consumidores.
El trasfondo de la disputa remite a una demanda industrial más amplia. Los grandes sectores productivos echaron en falta algún tipo de plan que atienda directamente el problema de los costes eléctricos, según publicó ABC esta semana al conocerse el contenido de las últimas ayudas aprobadas por el Ejecutivo. El propio sector eléctrico lleva años proponiendo a la industria contratos a largo plazo para no depender del mercado diario, expuesto este año a vaivenes internacionales que distorsionan los precios.
El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, pidió durante el congreso un esfuerzo conjunto para reducir la presión fiscal sobre la electricidad, al considerar que la vía más eficaz para acelerar la transición pasa por un marco normativo que permita, en sus palabras, «transitar más y gravar menos». El directivo subrayó que la industria eléctrica española soporta una carga tributaria superior a la media europea y defendió los contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA, como herramienta para desvincular a las empresas de la volatilidad del mercado del gas.
Frente a esa propuesta, las grandes empresas productoras continúan prefiriendo el mercado diario, donde en determinadas fases del año logran costes más ventajosos que los que ofrecerían compromisos de suministro a largo plazo, lo que mantiene abierta la discusión sobre qué modelo de contratación conviene al conjunto del sistema.
Las eléctricas han logrado ya algunos avances parciales: el Gobierno legisló la retirada progresiva del impuesto a la generación eléctrica, una reivindicación histórica del sector reflejada también en litigios ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como los que han enfrentado a compañías con el INSS y otros organismos públicos en tribunales autonómicos. Sin embargo, la fiscalidad de las centrales nucleares continúa siendo motivo de fricción entre Iberdrola y Endesa y el Ejecutivo, sin que, por el momento, se hayan registrado avances significativos en ese frente.
