El caso ha alcanzado alta penetración pública: 47.5% de los entrevistados afirmó estar totalmente enterado y 14.3% dijo haber escuchado algo al respecto, según el mismo levantamiento. La suma de ambos rubros —cercana a seis de cada diez consultados— coloca al episodio entre los asuntos de política exterior con mayor difusión del año en curso.
La controversia se originó cuando el gobierno de Donald Trump canceló la visa de López Beltrán, en medio de versiones periodísticas sobre presuntas indagatorias relacionadas con el huachicol fiscal. En respuesta, el hijo del expresidente difundió una carta pública en la que calificó la medida como un acto "politiquero" y "propagandístico". Esa lectura la comparte 48.8% de los mexicanos frente a 43.9% que se manifestó en desacuerdo, de acuerdo con EL UNIVERSAL.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la soberanía nacional bajo el principio de "cooperación sin subordinación" con el que su gobierno ha definido la relación bilateral con Washington. Esa postura fue calificada como adecuada y valiente por 59.4% de los ciudadanos, un respaldo que contrasta con la percepción negativa que persiste sobre la figura de López Beltrán: 45.8% dijo tener una mala opinión de él, frente a 38.1% que la calificó como buena.
Esa dualidad —rechazo a la posible injerencia extranjera pero desconfianza hacia el personaje— aflora también en la lectura sobre las pruebas. Ante las versiones sobre indagatorias por huachicol fiscal y actos ilícitos, 64.4% considera probable que Estados Unidos cuente con evidencias contundentes: 32.7% lo ve "muy probable" y 31.7%, "algo probable", según el sondeo.
Divisiones sobre las prioridades diplomáticas
Uno de los mayores puntos de quiebre se ubica en las prioridades de la política exterior mexicana. Un 36.9% de los encuestados consideró incorrecto que el gobierno de México invierta capital político y arriesgue tensiones diplomáticas por defender la visa de un particular, y argumentó que la prioridad debería estar en temas estructurales como el comercio, la migración y la seguridad; otro 15.6% lo catalogó como una "irresponsabilidad diplomática". De cara a episodios similares, la opción con mayor respaldo, con 39.5%, fue que el gobierno se mantenga al margen y permita que cada afectado resuelva su situación migratoria de manera individual.
El levantamiento también documentó las motivaciones que la ciudadanía atribuye a Washington. Un 41.6% sostuvo que el gobierno de Trump utiliza la cancelación de visas a figuras vinculadas a la Cuarta Transformación como estrategia para debilitar políticamente a México, mientras que 37.4% consideró que se trata de una forma indirecta de presión, sin que ambas interpretaciones resulten excluyentes.
La revocación de visas a personajes políticos no es un mecanismo nuevo en la relación bilateral. El Departamento de Estado de EU ejerce esa facultad de forma discrecional, sin que medie un proceso judicial previo ni obligación de hacer pública la evidencia que sustenta la decisión. El precedente más citado es el del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, cuya visa fue cancelada años antes de su detención y extradición a EU por señalamientos de lavado y nexos con el narcotráfico, un caso que ilustra cómo la medida migratoria suele anticiparse —o desligarse por completo— de cualquier resolución judicial.
El sondeo también exploró las eventuales consecuencias electorales del caso. Un 38.7% de los entrevistados anticipó que el escándalo afectará de forma significativa y negativa a Morena en los próximos procesos, mientras que 31.2% previó un impacto mínimo y 29.1% consideró que la intención de voto hacia el partido oficialista se mantendrá sin cambios relevantes.
La medida contra López Beltrán se inscribe en un contexto de tensión bilateral marcado por la seguridad, los aranceles y el combate al tráfico de fentanilo, ejes que han dominado la agenda desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Ni la cancillería mexicana ni el Departamento de Estado de EU han ofrecido, hasta el momento, una explicación pública detallada sobre las causas específicas que motivaron la revocación, lo que mantiene abierto el debate sobre si la decisión responde a una investigación en curso o a una determinación de naturaleza política.
La Cámara de Diputados, donde López Beltrán mantiene una curul con licencia, no ha fijado una postura institucional sobre el asunto. La bancada morenista ha respaldado la línea discursiva de la presidencia sin profundizar en el fondo de las acusaciones, mientras que el propio López Beltrán ha circunscrito su defensa a la carta pública en la que rechaza los señalamientos.
El caso continuará bajo escrutinio en las próximas semanas, en particular si se conocen nuevos elementos sobre las indagatorias por huachicol fiscal que habrían motivado la decisión estadounidense. A la espera de un pronunciamiento oficial de ambos gobiernos, la controversia queda como un dato político de fondo rumbo a los siguientes procesos electorales, en los que casi cuatro de cada diez encuestados prevén un costo para el oficialismo.