Wildberries, fundada en 2004 y comparada habitualmente con Amazon por su volumen de negocio y su papel central en la distribución de bienes de consumo, se ha convertido en un actor logístico de primer orden dentro de Rusia. Su red de almacenes distribuye desde electrónica hasta ropa y alimentación a millones de usuarios. La fusión con la operadora de anuncios clasificados Russ, formalizada en 2024, dio lugar a RVB Group, uno de los mayores conglomerados digitales del país.
Kim, que levantó la compañía a partir de un pequeño negocio de venta de ropa por internet, figura desde hace años en los listados de Forbes como la mujer más rica de Rusia. Su perfil, alejado de la esfera pública, contrasta con el de los grandes empresarios rusos sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos desde 2022 por su cercanía al Kremlin, un extremo que en su caso no consta.
El ataque se enmarca en una estrategia que Ucrania ha ido perfeccionando desde 2023: el uso de drones de largo alcance para golpear infraestructuras económicas y energéticas rusas en la retaguardia, más allá del frente en el Donbás y Zaporiyia. Refinerías, depósitos de combustible y ahora centros logísticos de naturaleza civil se han incorporado a una campaña que busca erosionar la capacidad económica rusa de sostener el esfuerzo bélico. El presidente Volodímir Zelenski ha defendido en las últimas jornadas la legitimidad de golpear objetivos que, a su juicio, sostienen la maquinaria de guerra rusa. El Gobierno de Kiev no ha confirmado oficialmente su autoría sobre los almacenes de Wildberries, y Moscú no ha ofrecido de momento una valoración detallada del alcance de los daños en esa red, más allá de la confirmación del ataque a la refinería.
La refinería alcanzada, situada en Tatarstán, en el centro de Rusia, se encuentra a más de mil kilómetros de la frontera ucraniana, lo que ilustra el alcance creciente del arsenal de drones de Kiev. El balance de 13 muertos y 48 heridos no ha sido verificado de forma independiente por organismos internacionales, en un contexto en el que ambos bandos suelen ajustar el impacto de estos ataques a su relato del conflicto.
Un objetivo civil que rompe el patrón
El impacto potencial sobre Wildberries reviste una dimensión distinta a la de los ataques contra infraestructuras militares o energéticas: se trata de un actor comercial cuya paralización afectaría directamente al abastecimiento cotidiano de millones de rusos, especialmente en regiones alejadas de Moscú y San Petersburgo. Este tipo de acciones contra objetivos de naturaleza dual —civil pero con relevancia estratégica— reabre el debate sobre los límites del derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra prohíben atacar bienes de carácter civil salvo que constituyan objetivos militares por su uso, ubicación o contribución efectiva al esfuerzo bélico, un criterio que Kiev invoca para justificar sus incursiones.
La escalada de ataques a la retaguardia rusa se produce en un momento de estancamiento relativo en el frente terrestre, donde las líneas apenas se han desplazado de forma sustancial en los últimos meses. Ante esa parálisis, Kiev ha trasladado la presión al interior ruso mediante drones de fabricación propia, cuyo coste unitario es sensiblemente inferior al de los sistemas antiaéreos que Rusia despliega para interceptarlos, una asimetría que la industria ucraniana ha explotado multiplicando su producción desde 2022.
El precedente más claro de esta estrategia se remonta a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de 2023 y 2024, que llegaron a reducir temporalmente la capacidad de refino del país y provocaron subidas puntuales en los precios internos de los combustibles. Aquellos episodios obligaron al Kremlin a restringir en determinados periodos las exportaciones de gasolina para garantizar el abastecimiento doméstico, una decisión que evidenció la vulnerabilidad de la retaguardia económica rusa pese a la distancia respecto al frente.
La guerra económica, sin desescalada a la vista
Rusia ha respondido históricamente a este tipo de ataques con bombardeos masivos contra infraestructuras energéticas ucranianas, especialmente durante los meses de invierno, en una dinámica de represalias mutuas denunciada por las organizaciones humanitarias desde el inicio del conflicto. Naciones Unidas ha reiterado en sucesivos informes de su Alta Comisionada para los Derechos Humanos la necesidad de que ambas partes respeten la protección de la población civil, sin que ello haya derivado hasta ahora en una tregua sostenida.
En el plano geopolítico, la campaña de drones se inserta en el respaldo occidental a Kiev, canalizado a través de la OTAN y de programas bilaterales de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, aunque la fabricación de los aparatos de largo alcance corre mayoritariamente a cargo de la industria ucraniana. La Unión Europea, por su parte, ha mantenido y ampliado sucesivos paquetes de sanciones económicas contra Moscú desde 2022.
A corto plazo, el foco estará en si Wildberries logra restablecer su operativa en los almacenes afectados y en si el Kremlin refuerza la protección antiaérea de infraestructuras civiles de gran escala, una cobertura que hasta ahora se ha concentrado en instalaciones militares y energéticas. Será igualmente relevante observar si estos ataques se extienden a otros gigantes del comercio digital ruso, como Ozon, en una eventual ampliación del perímetro de objetivos económicos.
Las negociaciones de paz, que han atravesado distintas fases de acercamiento y bloqueo desde 2022 con mediaciones que han incluido a Turquía y, más recientemente, a Estados Unidos, permanecen sin un calendario claro de resolución. Mientras tanto, episodios como el de los almacenes de Wildberries confirman que la guerra económica, paralela al frente militar, sigue siendo un terreno activo de confrontación entre Moscú y Kiev.
