"La llamada fue atendida por el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, quien le dijo que no se preocupase", sostuvo el PP al detallar su relato de los hechos. Según esa versión, Vivas trasladó de forma directa su preocupación por el riesgo de una entrada masiva de personas migrantes a través de la valla, un fenómeno recurrente en la última década en Ceuta y Melilla por su condición de únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano.
De acuerdo con el relato de los populares, la llamada fue derivada al jefe de gabinete de Presidencia, quien habría indicado a Vivas que no había motivo de alarma. Tres días después, según esa misma versión, se produjo el intento de entrada masiva, uno de los episodios que en los últimos años han puesto a prueba la gestión del perímetro.
El Gobierno no ha ofrecido hasta el momento una versión pública detallada de los hechos ni ha confirmado o desmentido el contenido concreto de la llamada. Desde el entorno del Ejecutivo se ha defendido en ocasiones anteriores que la gestión de estas situaciones corresponde a los mandos operativos del Ministerio del Interior y no requiere necesariamente la intervención personal del jefe del Ejecutivo. La Moncloa remite habitualmente estas cuestiones a los canales oficiales entre Interior y las autoridades locales.
El reparto de competencias en la frontera sur
La seguridad del perímetro fronterizo de Ceuta la coordina sobre el terreno la delegación del Gobierno, dependiente del Ministerio del Interior, junto con la Guardia Civil y, en su caso, el Ejército, mediante los planes de contingencia que se activan ante señales de posible afluencia masiva. El marco normativo de referencia es la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería, y su reglamento, además de los protocolos de actuación conjunta con las autoridades marroquíes en materia de control fronterizo, reforzados tras sucesivos incidentes en las vallas de Ceuta y Melilla.
El PP ha utilizado el episodio para cuestionar la gestión migratoria del Ejecutivo, en un contexto en el que la política de fronteras ha sido uno de los ejes de confrontación parlamentaria durante la legislatura. Los populares reclaman comparecencias en el Congreso para esclarecer la cadena de comunicación entre Ceuta y Moncloa en la antesala de incidentes de este tipo. A su juicio, el caso evidenciaría una falta de atención directa del presidente a las alertas tempranas procedentes de los territorios fronterizos.
El precedente de mayo de 2021
Ceuta ha sido escenario de varios episodios de tensión fronteriza en la última década. El más grave fue la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas entraron a nado o por el espigón de El Tarajal tras una relajación temporal del control marroquí, en un episodio que derivó en una crisis diplomática entre España y Marruecos. Aquel suceso obligó a la intervención del Ejército y generó un intenso debate sobre la coordinación entre Madrid y la ciudad autónoma, un antecedente directo de la controversia que ahora plantea el PP.
El episodio se solapa además con otras controversias vinculadas a la relación con Marruecos. Sumar ha rechazado cualquier lectura que vincule la colaboración deportiva de la candidatura conjunta del Mundial 2030 —compartida por España, Portugal y Marruecos— con la gestión migratoria, y ha censurado el uso instrumental de personas en situación de vulnerabilidad para intereses ajenos.
La vía institucional que reclama el PP pasa por la solicitud formal de comparecencias en el Congreso, que deben ser aprobadas por la Mesa de la Cámara o por las comisiones correspondientes. De prosperar, permitirían recabar la versión del Gobierno sobre la secuencia de avisos previa al asalto. Hasta entonces, la controversia queda abierta a la espera de que el Ejecutivo aclare públicamente su relato de los hechos.
