La sesión de control, celebrada como cada miércoles en el pleno de la Cámara, escenificó el enfrentamiento más reciente entre los dos líderes a cuenta de la frontera sur, un asunto que ha marcado el debate político español desde los sucesos de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta a nado o a través del espigón en apenas 48 horas, en el episodio de mayor magnitud registrado hasta entonces. Feijóo centró su intervención en la gestión gubernamental de las llegadas, intensificadas en las últimas semanas según el propio relato del Ejecutivo.
El dirigente del PP empleó una formulación de fuerte carga política al hablar de una "agresión consentida o impulsada por Marruecos", una expresión que atribuye a Rabat un papel activo en los movimientos migratorios hacia territorio español. Fue más allá al cuestionar la autonomía del jefe del Ejecutivo, a quien acusó de "no ser un presidente libre" por, según sus palabras, "depender del silencio de demasiadas personas", en alusión a los apoyos parlamentarios que sostienen al Gobierno desde la investidura de Sánchez en noviembre de 2023.
La respuesta del presidente eludió el detalle de la gestión fronteriza y se trasladó al terreno electoral. "Volveremos a las urnas y les volveremos a ganar", zanjó Sánchez, en una réplica que remite al resultado de las elecciones generales de julio de 2023, cuando el PP fue la fuerza más votada pero el PSOE logró articular la mayoría de investidura con el respaldo de Sumar y de los grupos nacionalistas e independentistas.
Ese equilibrio parlamentario fue precisamente el foco de la pregunta del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quien interpeló a Sánchez sobre la sostenibilidad de la legislatura y el ascenso del PP y Vox en las encuestas. "Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá", planteó Rufián, "¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Con quién va a sumar?". El interrogante apunta a la aritmética que sostiene al Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, dependiente de los votos de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos.
Un enclave en disputa desde 1912
Ceuta, junto con Melilla, constituye uno de los puntos de fricción migratoria y diplomática más recurrentes entre España y Marruecos. Rabat no reconoce la soberanía española sobre ambos enclaves y los reclama como parte de su territorio, una disputa que se remonta al Tratado de Fez de 1912, que estableció el protectorado español sobre el norte de Marruecos. La crisis de mayo de 2021 se produjo después de que España acogiera por motivos humanitarios al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un episodio que Rabat interpretó como una afrenta y que derivó en una relajación temporal de los controles fronterizos marroquíes.
El control de las fronteras exteriores de la Unión Europea en Ceuta y Melilla combina la normativa española de extranjería con el Reglamento de Fronteras Schengen y los acuerdos de cooperación migratoria suscritos entre Madrid y Rabat, entre ellos el convenio de readmisión de 1992. La gestión de las llegadas masivas ha generado controversia jurídica: en febrero de 2020, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló bajo determinadas condiciones las llamadas "devoluciones en caliente" en el perímetro de Melilla, en una resolución que sentó doctrina sobre la actuación en la frontera.
El Gobierno anunció que hará públicos este miércoles los informes elaborados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia sobre la presión migratoria registrada en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto de 2026. La difusión de estos documentos, elaborados por los organismos con competencia directa en el control fronterizo y la valoración de riesgos, busca aportar elementos objetivos al debate sobre el origen y la intensidad de los flujos de las últimas semanas.
En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, permanecía este miércoles en Bruselas, donde tenía previsto reclamar ante las instituciones comunitarias un refuerzo de la participación de Ceuta y Melilla en los mecanismos europeos. La gestión es coherente con las que España ha promovido en anteriores episodios de tensión fronteriza para obtener financiación y respaldo político comunitario en materia de gestión migratoria y de asilo.
La referencia oficial para medir la evolución de la presión migratoria son los balances periódicos del Ministerio del Interior sobre llegadas irregulares, que el propio departamento ha advertido que fluctúan de forma notable según la estación del año y los acuerdos de cooperación vigentes con los países de tránsito y origen. Esa volatilidad complica cualquier lectura política inmediata de las cifras que se registran en la ruta hacia Ceuta y Melilla.
El PP no es la única fuerza que ha situado la política migratoria en el centro del debate esta legislatura. Vox ha reclamado de forma reiterada una revisión de los acuerdos con Marruecos y una gestión más restrictiva de las fronteras, mientras que Sumar, ERC o EH Bildu han defendido un enfoque centrado en las causas estructurales de la migración y en las garantías de derechos de las personas que llegan a territorio español. El choque reproduce, con matices propios, el que se libra en otras capitales europeas ante el auge de posiciones más duras frente a la inmigración.
El enfrentamiento de este miércoles se inscribe en una legislatura marcada por la fragilidad de la mayoría del Gobierno de coalición y por el desgaste que reflejan las encuestas de los últimos meses, que sitúan al PP como fuerza más votada por delante del PSOE, con Vox como tercera fuerza. Ninguna de esas estimaciones tiene carácter vinculante mientras no se convoquen nuevas elecciones generales, cuya fecha no ha sido fijada por el Ejecutivo.
La atención se centrará ahora en el contenido de los informes policiales y del CNI que el Gobierno se ha comprometido a difundir hoy y en el resultado de las gestiones de Albares en Bruselas. El debate sobre la frontera sur, lejos de cerrarse, previsiblemente continuará marcando las próximas sesiones de control mientras persista la presión migratoria sobre la ciudad autónoma.
