Las declaraciones del ministro llegaron después de que Feijóo anunciara su intención de recurrir a los tribunales por considerar que el Ejecutivo "no está a la altura" en la gestión de la situación en Ceuta, y de que exigiera la presencia de la responsable del CNI en la Cámara Alta para explicar el papel del servicio de inteligencia en la crisis. "Estamos escuchando a Feijóo en un acto de partido", afirmó Torres, quien defendió que la petición de comparecencia ya había sido respondida por el Gobierno "antes de que hiciera esta afirmación en un acto electoral". Según el ministro, el líder del PP trata de sacar rédito político de la crisis en lugar de contribuir a resolverla.
El titular de Política Territorial instó a la oposición a "ser responsable" y lamentó que, "en vez de echar una mano y estar al lado de lo que se exige, que es una respuesta a Ceuta", el PP esté "haciendo mítines". "Cada uno que haga y que decida qué hacer acorde a lo que tiene pensado y a su conciencia", señaló. Ante las críticas de Feijóo, que había asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sabe lo que es Ceuta", Torres replicó que Sánchez "ha estado más" en la ciudad autónoma "que otros presidentes que solo venían, como el señor Aznar, cuando venían a hacer actos electorales", y recordó su propia etapa al frente del Gobierno de Canarias, otra comunidad con episodios de presión migratoria intensa.
Torres ofreció un balance detallado de la crisis que estalló los días 30 y 31 de julio, cuando —según sus cifras— más de 70.000 personas cruzaron la frontera del Tarajal, un episodio sin precedentes recientes en la frontera hispanomarroquí. El ministro afirmó que el 90% de quienes entraron regresó a Marruecos en un plazo de 48 horas, y que las previsiones de segunda y tercera oleadas masivas para agosto finalmente "no se produjeron".
El ministro precisó que ya se han devuelto más de 200 inmigrantes que habrían cometido actos contra la ley durante su estancia en la ciudad, y que más de 50 han renunciado a su petición de asilo. Desde el 10 de agosto, añadió, más de 3.200 personas han regresado a Marruecos mediante el mecanismo de retorno voluntario. Pese a estas cifras, reconoció que entre 4.000 y 4.500 personas continúan pernoctando al raso en las calles de Ceuta.
Torres insistió en que "la voluntad" del Gobierno es que todos los que entraron el 30 y el 31 de julio sean devueltos "acorde a ley", con la excepción de "aquellos que tengan verdaderamente derecho a la protección internacional, que son muy pocos". Sobre los menores no acompañados, uno de los aspectos más sensibles por las obligaciones de protección a la infancia que imponen la legislación española y los convenios internacionales suscritos por España, subrayó que "la prioridad es la reagrupación familiar" y su retorno a Marruecos, siempre dentro del marco legal.
El pulso institucional por el CNI
La negativa de Torres a que la directora del CNI comparezca en el Senado reabre un debate recurrente sobre el control parlamentario de los servicios de inteligencia en España. El marco vigente, regulado por la Ley 11/2002, contempla el control de la actividad del CNI a través de una comisión del Congreso de los Diputados, de composición restringida y carácter reservado, un mecanismo que los sucesivos gobiernos han defendido como garantía de la confidencialidad operativa del organismo.
El PP reclama, sin embargo, que la directora del CNI explique en sede parlamentaria el papel del servicio de inteligencia en la gestión de la crisis, y ha advertido de que estudiará vías judiciales si el Ejecutivo mantiene su negativa. Los populares cuentan con mayoría absoluta en el Senado desde las elecciones de 2023, lo que les permite forzar comparecencias en esa cámara, aunque el alcance de esa obligación cuando afecta a materia reservada del CNI es objeto de controversia jurídica.
El precedente más inmediato para calibrar la magnitud de lo ocurrido este verano es la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas tras la tensión bilateral por la acogida sanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En aquel episodio, Marruecos relajó los controles fronterizos como respuesta política, y Rabat ha sido señalado en distintos momentos de la última década como actor con capacidad de influir en los flujos migratorios hacia territorio español.
A diferencia de entonces, el Gobierno ha evitado en esta ocasión vincular explícitamente la crisis actual a una represalia diplomática de Marruecos. Ese silencio es precisamente uno de los puntos sobre los que la oposición reclama explicaciones a los servicios de inteligencia acerca de las alertas previas y la respuesta del Ejecutivo ante la sincronización de los cruces de finales de julio.
De momento, la disputa política no altera el dispositivo desplegado en Ceuta, donde el Gobierno mantiene el mando único bajo la coordinación de Torres desde que se decretara a finales de julio. Los ministerios del Interior y de Política Territorial continúan gestionando los retornos según los acuerdos migratorios vigentes con Marruecos, mientras las devoluciones de menores siguen sujetas a los procedimientos de verificación de vínculos familiares que exige la normativa de protección a la infancia.
En el plano parlamentario, la comparecencia de la directora del CNI dependerá de si el Gobierno cede a la presión de la oposición o de si el asunto termina en los tribunales, como ha adelantado Feijóo. En caso de judicializarse, correspondería a la jurisdicción contencioso-administrativa dirimir si existe una obligación legal de comparecencia pública más allá del control reservado que ya ejerce la comisión del Congreso, un extremo sin un pronunciamiento consolidado en la práctica parlamentaria española.
