El mecanismo, según la descripción de Vurelo, funciona así: la víctima transfiere pesos creyendo que paga un producto, un servicio o incluso un impuesto, pero el dinero llega a una cuenta que el estafador controla en una plataforma de criptoactivos. Desde ahí convierte los pesos en USDT y los envía a otra billetera digital, un salto que dificulta rastrear el destino final de los recursos y que rara vez deja huella recuperable para el afectado.
Camilo Suárez, CEO de Vurelo, explica que el delincuente puede operar con cuentas abiertas a nombre de terceros, cuentas a las que accedió sin autorización o cuentas prestadas a cambio de una comisión. El riesgo, advierte, no se limita a quien compra criptomonedas: también alcanza a quien presta su cuenta bancaria, a quien recibe transferencias inesperadas o a quien vende activos digitales sin verificar el origen del dinero que recibe.
El tamaño del problema se puede dimensionar con cifras institucionales. Según Asobancaria, con corte al 7 de septiembre, las entidades bancarias del país recibieron reclamaciones por fraude superiores a $967.000 millones, de las cuales el 56% —unos $541.500 millones— correspondió a operaciones realizadas por canales digitales.
Sobre ese último monto, Vurelo estima que cerca de una cuarta parte, aproximadamente $135.000 millones, estaría relacionada con engaños o robos asociados a criptoactivos. La fintech aclara que esa cifra corresponde a su propia estimación y no a un consolidado oficial de las autoridades sobre fraude con criptomonedas, una precisión que la separa de los registros verificables de reclamaciones bancarias.
El anclaje del engaño en portales de apariencia oficial no es nuevo en el país. La suplantación de páginas de bancos, la DIAN o entidades de tránsito para inducir pagos ha sido advertida de forma reiterada por la Fiscalía General de la Nación y por el CAI Virtual de la Policía en los últimos años, en paralelo al crecimiento de las transferencias inmediatas. Lo que introduce la triangulación es un eslabón adicional: los criptoactivos como vehículo para diluir el rastro del dinero.
La misma lógica de engaño aparece replicada en sitios que imitan portales de entidades oficiales. El usuario ingresa, cree estar pagando una obligación —una multa, un impuesto, un trámite— y recibe un comprobante, pero el dinero no necesariamente llega a la cuenta real de la entidad. Suárez recomienda, tras cualquier pago de este tipo, verificar directamente en el portal oficial que la operación haya quedado aplicada.
Suárez advierte sobre PSE y Bre-B
El ejecutivo insiste en un matiz: que PSE haya procesado exitosamente una transferencia no certifica que la persona o empresa que cobra sea legítima. El sistema de pagos cumple su función técnica, pero no valida la oferta comercial que hay detrás del cobro, una distinción que muchas víctimas pasan por alto al momento de reclamar. El propio Suárez subraya que el problema no está en que PSE sea un sistema inseguro.
Entre las alertas que recomienda Vurelo figura revisar con atención la dirección web desde la que se solicita el pago: errores tipográficos, cambios extraños en el dominio o enlaces recibidos por mensajes no solicitados son razones suficientes para abandonar la operación y buscar el sitio oficial por cuenta propia. También aconseja desconfiar de ofertas que exigen actuar de inmediato para no perder un supuesto descuento, una técnica de presión habitual en este tipo de fraudes.
En las transferencias mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, Vurelo subraya la importancia de comprobar que el nombre del destinatario que aparece en pantalla coincida con la persona o empresa a la que se pretende pagar antes de confirmar la operación. Si los datos no coinciden, la recomendación es detener la transferencia y verificar por un canal oficial distinto.
El riesgo, señala el reporte, corre en ambas direcciones de la cadena. Quienes compran o venden USDT deben confirmar directamente que el dinero ingresó a su cuenta o plataforma antes de entregar los criptoactivos, porque una captura de pantalla enviada por la contraparte no constituye prueba de que el pago se haya realizado efectivamente.
La preocupación por la trazabilidad de los recursos que circulan por vías digitales trasciende el fraude a particulares y aparece también en el debate sobre el manejo de dineros públicos, como el que examina la Dirección Nacional de Inteligencia por sus gastos reservados. En ambos frentes, la dificultad para seguir el rastro del dinero una vez sale de su cauce previsible es el nudo del problema.
Una señal especialmente delicada, de acuerdo con Vurelo, aparece cuando las personas involucradas en la operación no coinciden entre sí: quien compra el activo, quien realiza el pago y quien solicita recibir los USDT resultan ser tres personas distintas. En ese escenario, la recomendación de la fintech es verificar el origen de los recursos y el propósito real de la transacción antes de continuar, dado que ese patrón suele asociarse con el uso de cuentas de terceros dentro del esquema de triangulación.
