El comunicado del Ministerio de Exteriores sirio, difundido en la mañana del martes, sostiene que este tipo de operaciones suponen un «peligroso aumento de la violencia» que «hace peligrar la seguridad y la estabilidad» en toda la región. El texto sitúa el episodio en una secuencia más amplia y acusa a Israel de mantener «continuados ataques» sobre territorio sirio desde diciembre de 2024, fecha que coincide con la caída del régimen de Bashar al Asad tras la ofensiva relámpago liderada por Hayat Tahrir al Sham (HTS). Según el propio comunicado, esos ataques persisten «a pesar de los esfuerzos de Siria de consolidar su estabilidad y evitar una escalada».
Según la versión difundida por la cadena de televisión Siria TV, aviones no identificados habrían llevado a cabo cuatro bombardeos aéreos contra el aeródromo de Abú al Duhur durante la madrugada del martes, alcanzando la pista principal de la instalación. Por el momento se desconoce el alcance real de los daños provocados. El aeródromo, situado en la provincia de Idlib, fue durante años un enclave disputado en la guerra civil siria, con distintas facciones armadas ejerciendo su control en las diferentes fases del conflicto.
Desde el cambio de poder de diciembre de 2024, Israel ha mantenido una política de ataques periódicos contra objetivos militares en territorio sirio, alegando la necesidad de evitar que armamento pesado quede fuera de control. El mes pasado, autoridades israelíes justificaron estas operaciones como una «obligación religiosa y moral» y advirtieron de que podrían realizar nuevas incursiones «contra militantes yihadistas en el sur» del país. Es esta la posición pública más reciente atribuible a Tel Aviv sobre su campaña en suelo sirio.
La respuesta institucional y el silencio israelí
Israel no confirmó ni desmintió oficialmente el bombardeo denunciado este martes, en línea con su práctica habitual de no pronunciarse de forma inmediata sobre operaciones en territorio sirio, ni siquiera cuando estas trascienden a través de fuentes locales o de la prensa siria. El nuevo Gobierno sirio, encabezado por Ahmed al Sharaa —antiguo líder de HTS convertido en presidente de transición tras la caída de Asad—, ha combinado en episodios anteriores la denuncia pública de estos bombardeos con gestos de contención, evitando por ahora una respuesta militar directa que pudiera derivar en una escalada abierta con Israel.
Ese cálculo se produce en un momento en que Damasco busca su reconocimiento internacional y el levantamiento de las sanciones económicas heredadas del anterior régimen. Una nueva administración de mayoría suní que aspira a recomponer relaciones con Occidente y con los países del Golfo tiene incentivos para no alimentar un conflicto abierto con su vecino, aun cuando eleve el tono en el plano diplomático.
El marco jurídico y el papel del Consejo de Seguridad
El marco legal internacional aplicable a este tipo de acciones remite a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado, con las excepciones de la legítima defensa reconocida en el artículo 51 y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Siria ha recurrido en ocasiones anteriores a ese organismo para denunciar ataques atribuidos a Israel, sin que ello haya derivado en resoluciones vinculantes, condicionado por la dinámica de vetos en el seno del Consejo.
La región de Idlib mantiene un valor estratégico que excede lo militar: linda con la provincia turca de Hatay y ha sido corredor de paso para cientos de miles de desplazados internos durante la guerra civil, además de concentrar a buena parte de la población siria dependiente de ayuda humanitaria. Cualquier episodio de violencia en la zona reaviva el temor a nuevos desplazamientos en un territorio ya castigado por más de una década de conflicto.
Turquía, que mantiene tropas y puestos de observación en el norte de Siria desde 2017 al amparo de los acuerdos de Astaná, ha expresado en el pasado su malestar por los bombardeos israelíes en zonas próximas a su frontera, aunque no se había pronunciado sobre lo denunciado este martes. Ankara sostiene una relación compleja con el nuevo Gobierno sirio, al que ha respaldado políticamente, y observa con recelo cualquier acción que pueda desestabilizar el noroeste del país.
El precedente más directo de esta dinámica se remonta a los años de la guerra civil siria, cuando Israel efectuó numerosos bombardeos contra posiciones iraníes y de Hezbolá en suelo sirio dentro de lo que denominó «campaña entre guerras», sin reivindicar la autoría de la mayoría de esas operaciones. La diferencia sustancial con el episodio de este martes es que ya no existe el régimen de Asad, aliado histórico de Teherán, sino una nueva administración que busca distanciarse de Irán.
A partir de ahora, la atención se centra en si Damasco elevará una queja formal ante Naciones Unidas o la Liga Árabe, si Israel confirmará finalmente la autoría del ataque —como ha hecho en ocasiones anteriores tras un compás de silencio inicial— y si el episodio tendrá continuidad en forma de nuevas operaciones sobre el terreno. La evolución de este incidente medirá también hasta qué punto la política de contención de Damasco es sostenible frente a una campaña aérea que, según su propio Gobierno, no ha cesado desde diciembre de 2024.
