La resolución, fechada en agosto de 2026, se apoya en la potestad constitucional que la Carta Política le otorga al presidente de la República para decidir cómo, cuándo y con quiénes se adelantan procesos de negociación orientados al desarme y la desmovilización de grupos armados organizados. Esa facultad ha sido invocada por sucesivos gobiernos colombianos para definir la arquitectura de cada proceso según el criterio del jefe de Estado en ejercicio, desde los diálogos con las Farc en los años ochenta y el proceso del Caguán bajo Andrés Pastrana (1998-2002) hasta el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos.
El acto administrativo detalla que desde el 9 de julio de 2025 la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera manifestaron su decisión de desligarse del nombre de la Segunda Marquetalia, la estructura con la que originalmente se había instalado la mesa, y se autodenominaron Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El Gobierno señaló que ese tipo de fraccionamientos internos, recurrentes en las llamadas disidencias de las Farc, dificultó sostener interlocutores estables y unificados durante los cuatro años de la Paz Total impulsada por Petro.
Con base en esa fragmentación, el Ejecutivo de De La Espriella había revocado ya, mediante actos administrativos previos de este mismo mes, el reconocimiento de los representantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano como negociadores de paz, y declaró formalmente terminada la mesa de diálogos con ese grupo armado organizado. La revocatoria de la calidad de jefe negociador a Novoa es, según la propia resolución, la consecuencia directa de ese cierre: sin mesa vigente ni interlocutor reconocido, el cargo que ocupaba quedó sin objeto.
El giro de enfoque del actual Ejecutivo quedó sintetizado en una declaración atribuida al mandatario y difundida a través de su Gobierno: "La paz no se logra contemporizando con los criminales, la paz se impone. Por la vía de las armas, por la justicia y llevando desarrollo donde no ha llegado". La frase, según el material difundido, marca el contraste con la estrategia de la administración anterior, que sostuvo negociaciones simultáneas con múltiples estructuras armadas.
La revocatoria a Novoa no es un hecho aislado. El paquete de medidas adoptado por el Gobierno también dio por terminadas las mesas de negociación que la administración Petro había instalado con las disidencias del Estado Mayor Central y con las Autodefensas Conquistadoras de Colombia, dos de los frentes de la política de Paz Total anunciada al inicio de ese mandato.
La Paz Total fue la principal apuesta de política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de la historia reciente de Colombia, y buscaba negociar de manera simultánea con distintos grupos armados —desde el ELN hasta disidencias de las Farc y estructuras de crimen organizado— bajo la premisa de que el sometimiento negociado reduciría la violencia con mayor rapidez que la confrontación militar exclusiva. La ley 2272 de 2022, que le dio soporte normativo a esa política, extendió las figuras de gestor de paz y de reconocimiento de voceros a estructuras que antes no calificaban para procesos de negociación formal.
Armando Novoa García se venía desempeñando en el anterior gobierno como jefe de la delegación en los diálogos con las disidencias de las Farc conocidas como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Segunda Marquetalia, participando en la dirección de las mesas y en la defensa pública de la política de Paz Total. Su salida se suma a la de otros funcionarios y comisionados que ocuparon roles similares en distintas mesas y que, tras el cambio de gobierno, han visto revocados sus nombramientos a medida que el nuevo Ejecutivo cierra los procesos heredados.
El material difundido no recoge, hasta el momento, una reacción de Novoa ni de los voceros del expresidente Petro frente a la revocatoria. Tampoco consta un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano sobre el cierre de la mesa. El Gobierno recordó que corresponde al presidente de la República la potestad de definir con quiénes adelanta negociaciones para el desarme y la desmovilización, con la meta declarada de lograr una convivencia pacífica.
El desmonte de la Paz Total se ha convertido en uno de los ejes de la gestión del gobierno de De La Espriella, que asumió tras las elecciones presidenciales de 2026. El Ejecutivo ha planteado un enfoque que combina la ofensiva militar contra estructuras armadas con negociaciones condicionadas a resultados verificables en materia de desarme y cese de actividades ilícitas, en contraste con el modelo de mesas múltiples y simultáneas del gobierno anterior, que según la posición oficial dejó pocos frutos y coincidió con la expansión de estructuras armadas.
De cara a los próximos meses, el Gobierno deberá precisar el nuevo marco jurídico e institucional para eventuales negociaciones futuras, así como el papel que jugarán la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y otras instancias creadas durante la administración anterior. El Congreso de la República, en su actividad ordinaria, dispone de la figura del debate de control político para citar a los ministros y exigir cuentas sobre el balance del desmonte y la hoja de ruta en materia de seguridad, un escenario en el que la política de paz de sucesivos gobiernos ha sido examinada históricamente.
