El presidente del Gobierno visitó Ceuta el pasado 31 de julio, pocos días después de que la ciudad autónoma registrara una entrada masiva de inmigrantes, un episodio que distintos analistas han enmarcado dentro de lo que denominan «guerra híbrida»: el uso de movimientos de población como palanca de presión diplomática. Lejos de responsabilizar públicamente a las autoridades marroquíes, Sánchez agradeció durante esa visita la «cooperación» de Rabat para acelerar las repatriaciones de los llegados de forma irregular. Moncloa rechaza expresamente la lectura de la «guerra híbrida».
El gesto ha reavivado el debate sobre la relación bilateral que Madrid mantiene con Rabat desde marzo de 2022, cuando España rectificó su posición histórica sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan marroquí de autonomía para el territorio, poniendo fin a décadas de neutralidad activa española en el conflicto. Aquel giro, adoptado sin debate parlamentario previo, provocó una crisis diplomática con Argelia y críticas de la oposición, que lo consideró una cesión unilateral sin contrapartidas verificables.
Moncloa defiende que la normalización de relaciones con Rabat —que atravesó una crisis abierta en 2021 tras el ingreso en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali— ha permitido reducir la presión migratoria en la frontera sur y consolidar la cooperación en seguridad y control de fronteras. El Ejecutivo sostiene que Marruecos continúa siendo un socio indispensable para gestionar los flujos migratorios hacia la Unión Europea, si bien no ha aportado cifras recientes desagregadas que permitan contrastar esa afirmación con los datos que publica periódicamente el Ministerio del Interior.
La magnitud del episodio de finales de julio ha puesto en cuestión esa lectura. Según las informaciones disponibles sobre los avisos recibidos por los servicios españoles, Rabat habría relajado los controles fronterizos, una práctica que fuentes diplomáticas y expertos en relaciones internacionales atribuyen a episodios recurrentes de presión sobre España, coincidentes históricamente con momentos de tensión bilateral o con reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. El Gobierno rechaza esa interpretación.
Un plan de contingencia que Moncloa desmiente
La polémica se intensificó después de que TVE informara de que el Gobierno estaría estudiando un «plan integral de contingencia» frente a Marruecos, que incluiría un análisis del suministro de electricidad, gas e hidrocarburos hacia el reino alauita para valorar el margen de maniobra energética de España. El Ejecutivo ha negado la existencia de ese plan, y tanto Red Eléctrica como Enagás han rechazado haber recibido encargo alguno en ese sentido. Moncloa sostiene que su respuesta continuará canalizándose exclusivamente por vía diplomática y descarta cualquier sanción energética contra Rabat.
La capacidad de presión española es, no obstante, considerable. Marruecos depende de las infraestructuras energéticas españolas para una parte sustancial de su abastecimiento: en torno al 90% del gas que importa procede directamente de España o es regasificado previamente en plantas españolas, según datos recogidos por medios especializados. La dependencia eléctrica es igualmente relevante para la economía marroquí.
La interconexión eléctrica submarina que cruza el estrecho de Gibraltar, operativa desde 1997, cubre aproximadamente el 20% del consumo eléctrico de Marruecos y resulta especialmente crítica para su tejido industrial. La infraestructura, formada por cables tendidos a más de cien metros de profundidad a lo largo de unos 29 kilómetros, ganó importancia estratégica tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos en 2021, que privó a Rabat de una fuente alternativa de suministro y elevó la frecuencia de los cortes previos a la consolidación del enlace con España.
Esa vulnerabilidad no ha pasado desapercibida en Rabat. Medios marroquíes han reconocido el riesgo que supondría para el país una eventual reducción del suministro español, un escenario que la vía diplomática defendida por Moncloa aleja del corto plazo, dado que alteraría de forma abrupta el marco de cooperación bilateral construido desde 2022.
La discusión se ha visto atravesada además por un pronunciamiento de la Comisión Europea, que ha avalado la posibilidad de deportar a menores extranjeros no acompañados hacia Marruecos alegando que el derecho comunitario contempla ese mecanismo bajo determinadas condiciones, en una postura que matiza las reticencias expresadas en el pasado por el propio Gobierno español sobre este tipo de retornos. En el plano interno, la oposición y sectores de la diplomacia española han reclamado una revisión de la estrategia hacia Rabat, al considerar que la ausencia de consecuencias tras episodios de presión migratoria envía una señal que podría repetirse. El Gobierno replica que la cooperación reforzada ha reducido las llegadas irregulares por Ceuta desde 2022.
El precedente más cercano se remonta a mayo de 2021, cuando la llegada de miles de personas a Ceuta en apenas 48 horas, coincidiendo con el ingreso hospitalario en España de Brahim Ghali, marcó el punto de mayor tensión bilateral de la última década y obligó a un despliegue del Ejército español en la frontera. Aquella crisis se encauzó meses después precisamente con el giro español sobre el Sáhara que hoy sigue vigente.
La atención se centra ahora en si Rabat mantiene estable la gestión fronteriza en los próximos meses o si se repiten episodios similares al de julio, lo que volvería a poner a prueba la estrategia de Moncloa. Queda pendiente asimismo si el Congreso exige comparecencias sobre el plan de contingencia desmentido por el Ejecutivo y si la Comisión Europea concreta el marco jurídico aplicable a las devoluciones de menores no acompañados a terceros países.
