El episodio se produce en un contexto europeo marcado por un giro hacia políticas migratorias más restrictivas. Tras el pacto europeo de migración y asilo, los Veintisiete acordaron reforzar las fronteras exteriores y acelerar los procedimientos de retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. Para buena parte de los socios, la deriva española apunta en la dirección contraria: mientras una mayoría de gobiernos reclama más controles, expulsiones rápidas y acuerdos con terceros países, Moncloa impulsa una regularización de alcance no precisado y se opone a algunas de las principales herramientas diseñadas para ejecutar las deportaciones.
Según el material disponible, el Ejecutivo español optó por gestionar inicialmente la crisis fronteriza en Ceuta dentro del ámbito nacional, sin recurrir a los distintos ofrecimientos de ayuda formulados desde Bruselas y otras capitales, y sin solicitar la activación temprana del Mecanismo de Coordinación Política de Crisis de la UE, el instrumento previsto para articular una respuesta común ante situaciones graves con dimensión europea. Ha sido la Presidencia irlandesa la que finalmente lo ha puesto en marcha, pese a que la entrada afecta a una frontera exterior de la Unión y al conjunto del espacio Schengen.
La carta remitida por Sánchez a otros 22 jefes de Estado y de Gobierno ha generado malestar en varias capitales, que la han interpretado como una crítica a quienes reclaman mayor firmeza frente a la inmigración irregular. Según el relato del que se dispone, el presidente español llegó a tachar de «egoístas» y «polarizadores» a varios de sus socios, en un tono que contrasta con el empleado hacia Marruecos, país al que agradeció su «cooperación» sin exigir responsabilidades públicas por la entrada de decenas de miles de jóvenes marroquíes en territorio español.
La regularización que irrita a Europa
El desencuentro no arrancó con los sucesos de Ceuta. Varios gobiernos europeos llevaban meses cuestionando la decisión de Moncloa de tramitar una regularización de personas en situación irregular cuyo alcance numérico no ha sido precisado oficialmente. La medida, adoptada sin negociación previa con el resto de socios pese a sus consecuencias sobre el conjunto del espacio Schengen, preocupa a otros Estados miembros por su potencial efecto sobre la libre circulación dentro de ese espacio. La iniciativa llegó, además, después de que los Veintisiete acordasen reforzar las fronteras exteriores y acelerar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión.
El marco jurídico explica esa inquietud. El sistema Schengen, en vigor desde 1995 y ampliado sucesivamente tras la caída del Telón de Acero, establece la ausencia de controles en las fronteras interiores de los países adheridos, de modo que una regularización masiva en un Estado miembro puede tener consecuencias de movilidad en el resto del bloque. Las imágenes de miles de jóvenes marroquíes atravesando por la fuerza la frontera de Ceuta han servido para que ese malestar latente saliera a la superficie.
El Gobierno español defiende que la regularización responde a competencias internas de cada Estado y rechaza subordinarla a un veto de otros socios. Frente a la creación de centros de retorno fuera de la Unión —una de las principales apuestas de los gobiernos partidarios de agilizar las expulsiones—, Moncloa sostiene que debe primar la cooperación con terceros países de origen y tránsito, como Marruecos, sobre fórmulas de externalización. Esa oposición es una de las razones por las que Sánchez ha tratado de retrasar los avances del nuevo pacto europeo en ese punto.
Un eje migratorio que rompe la división ideológica
La posición de Sánchez lo ha alejado incluso de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una de las pocas dirigentes socialistas del Consejo Europeo, que ha respaldado una política migratoria restrictiva y ha aproximado sus posiciones a las defendidas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El caso ilustra hasta qué punto el eje migratorio ya no sigue estrictamente la división tradicional entre socialdemócratas y conservadores dentro de la UE.
La respuesta institucional europea ha sido escalonada. Los embajadores de los Estados miembros se reúnen este lunes con el objetivo de preparar el encuentro y rebajar la tensión, mientras la videoconferencia de ministros de Interior está convocada para el martes. Martin ejerce la Presidencia de turno del Consejo de la UE y ha activado, además, el Mecanismo de Coordinación Política de Crisis, un paso que, según el material, podría haberse dado antes si el Gobierno español hubiese solicitado su activación.
Existen precedentes sobre los riesgos de que un desacuerdo escale a crisis institucional. En 2015, las diferencias entre varios socios ante la llegada de refugiados bloquearon durante meses cualquier respuesta coordinada de la Unión, con la suspensión de facto de partes del sistema de Dublín y la reintroducción temporal de controles en fronteras interiores por parte de varios Estados. Aquel episodio marcó el arranque del largo proceso negociador que desembocó en el actual pacto migratorio.
La dureza de Sánchez con sus socios europeos no se ha trasladado a Marruecos, al que el Ejecutivo ha evitado atribuir responsabilidad pública por la entrada masiva. Ceuta y Melilla, ciudades autónomas españolas, constituyen la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Rabat mantiene con España un marco de cooperación migratoria que incluye patrullas conjuntas y readmisiones, reforzado tras la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a Ceuta en pocas horas en un contexto de tensión bilateral.
El pulso también tiene una dimensión de transparencia interna. El propio material señala que el Gobierno solo ejecutó la expulsión de uno de cada siete inmigrantes marroquíes en situación irregular que entraron en España en los últimos dos años, un desfase entre órdenes dictadas y retornos efectivos que los socios partidarios de acelerar las deportaciones esgrimen como argumento. El Ministerio del Interior remite a los datos que publica periódicamente y a los que recopila Frontex sobre la ruta del Mediterráneo occidental.
La reunión de ministros de este martes no tiene previsto adoptar decisiones vinculantes, sino explorar una hoja de ruta que permita destensar el desacuerdo antes del Consejo Europeo de otoño, donde se espera que la migración vuelva a ocupar un lugar central. El calendario de aplicación del pacto migratorio europeo sigue siendo el marco de referencia que todos los Estados miembros, incluida España, se han comprometido a cumplir, y determinará si el choque se reconduce por la vía técnica o alcanza el nivel de los jefes de Estado y de Gobierno.
